El autor es Director de investigación en Mexicanos Primero.
México es un país de emigración e inmigración. Lo queramos o no, estamos en el camino de los grandes movimientos de población. En las próximas décadas, los cambios demográficos y migratorios transformarán el rostro de las naciones. Los controles estatales podrán retardarlo y moldearlo, pero no detenerlo. Tenemos que prepararnos para esto.
No es algo nuevo en nuestra historia. En el mundo mesoamericano no era raro que a nuestro país llegarán tribus de las estepas de Norteamérica y de centro y Sudamérica, ni tampoco que desde aquí se trasladarán a otras latitudes. Después del colapso demográfico del siglo XVI, el Virreinato de Nueva España fue destino y zona de paso de la inmigración europea y africana. Estos procesos continuaron ya como políticas de colonización durante los siglos XIX y XX.
Actualmente viven en México más de 1.2 millones de inmigrantes residentes (OIM, 2022). De acuerdo con datos del gobierno de México en 2019-2022 se estima en más de 600 mil las personas en situación irregular y la existencia de poco más de 13,000 niñas, niños y jóvenes repatriados no acompañados (Presidencia, 2022). Sin embargo, las cifras pueden ser mayores, pues la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) reporta para el mismo periodo más de un millón de eventos relacionados con personas en situación irregular migrante, de los cuales cerca de 150 mil corresponde a niñas, niños y jóvenes (OIM, 2022). Asimismo, México ha recibido, en los últimos 10 años, más de 450 mil solicitudes de refugiados, el 50% de ellos durante 2021 y 2022 (COMAR, 2023).
El año pasado fueron repatriados más de 250 mil connacionales de Estados Unidos, de los cuales cerca de 25 mil son niñas, niños y jóvenes menores de 17 años (SEGOB, 2023). Casi 2 mil de los repatriados tenían menos de 11 años y 272 regresaron sin acompañantes.
¿Qué debemos hacer para garantizar el derecho a estar, aprender y participar de aquellas niñas, niños y jóvenes que se encuentran en constante movilidad? Las condiciones en las que se encuentran los NNJ migrantes no sólo los ha desconectado de los procesos educativos a los que tienen derecho, sino que los ha expuesto a experiencias que afectan gravemente su bienestar emocional. Volver a conectarlos ofrece retos importantes al país.
El sistema educativo nacional está diseñado para ofrecer la educación como un servicio público territorial lo cual dificulta atender a los NNJ migrantes que por su condición de temporalidad y tránsito difícilmente pueden recibir el mismo apoyo que la niñez mexicana tiene.
La atención de grupos en tránsito no es nueva. Los hijos de los jornaleros agrícolas se encuentran en una situación similar. Desafortunadamente las autoridades educativas no han puesto el empeño necesario para generar un modelo educativo acorde a las necesidades de las familias campesinas que todos los años se mueven entre los campos agrícolas de México y Estados Unidos. O mejor dicho, lo han hecho de mala gana porque sólo el 18% de estos tienen acceso a las escuelas de forma regular (Rodríguez, 2019). Un reporte de Human Right Watch de 2022 señala que el 81% de los refugiados en Tapachula Chiapas no tenía a sus hijos inscritos en la escuela. Urge establecer un sistema que permita a los estudiantes moverse de una escuela a otra sin perder su trayectoria escolar.
Un segundo reto que enfrentamos es la pertinencia de la atención educativa que reciben. La población migrante tiene las tasas más bajas de asistencia escolar que sus pares no migrantes (INEE, 2017) lo cual puede deberse a la baja calidad educativa. Muchos de ellos no sólo enfrentan el monolingüismo de las escuelas mexicanas sino también a contenidos programáticos poco flexibles, métodos de enseñanza tradicionales, un marco curricular poco adaptado a las nuevas formas de aprendizaje y poca tolerancia a la diversidad cultural.
En la reforma constitucional de 2019 que esta administración aprobó, se hizo la promesa de realizar cambios estructurales, normativos y didácticos para lograr escuelas inclusivas y esto está lejos de llevarse a cabo.
Un diagnóstico reciente de UNICEF (2023) identificó que el miedo a las autoridades migratorias, la delincuencia, la falta de recursos económicos, la falta de información sobre la oferta educativa y la priorización del trayecto migratorio y estancias cortas desmotivan la participación en las escuelas.
Responder al reto de garantizar la portabilidad de los derechos educativos que nos plantea la movilidad y las nuevas corrientes migratorias nos puede preparar para los cambios educativos futuros donde la interculturalidad, el multilingüismo, el aprendizaje acelerado, los aprendizajes socioemocionales jugarán un rol cada vez más importante. Es hora de aprender de lo que la niñez migrante nos está exigiendo.