Director de Judicialización de Mexicanos Primero
Con el fin del ciclo escolar, surge nuevamente un tema que ha aquejado a la educación pública en México desde hace tiempo: la vulnerabilidad de los planteles escolares ante el vandalismo y el robo. Para nadie es un secreto que los problemas de seguridad pública en nuestro país se han desbordado y están afectando al derecho a aprender de manera directa e indirecta. Mexicanos Primero ha denunciado, desde la época de encierro por la pandemia, las situaciones de inseguridad que viven las escuelas y la pobre o nula vigilancia con la que cuentan la gran mayoría de ellas. Desafortunadamente, desde ese entonces, no ha existido una respuesta contundente por parte de las autoridades para atender esta problemática.
Aun cuando la cuestión es de responsabilidad compartida, no hay duda que existe un vacío desde la cabeza del Sistema Educativo Nacional, ya que la Secretaría de Educación Pública (SEP) ha sido omisa en delimitar su propia responsabilidad. Este vacío es tanto legal como de política pública. Por el lado de la normatividad, la Ley General de Educación es demasiado laxa en la delimitación de las responsabilidades de seguridad en el entorno de los planteles, pero tampoco existen lineamientos específicos y obligatorios que regulen la materia. Por el lado de la política pública, los esfuerzos son aislados y no existe una directriz que emane de la SEP.
Si bien es cierto que la responsabilidad de lo que sucede en los planteles recae, en última instancia, en la SEP, también es cierto que las tareas de seguridad pública la rebasan. Es por ello que es fundamental la coordinación con las instituciones de seguridad pública de los tres niveles de gobierno. La SEP debe tomar acciones deliberadas y hacer un esfuerzo por coordinarse con dichas autoridades para lograr asegurar que los planteles no sean robados o dañados. Por otra parte, las autoridades educativas en los estados y los municipios son igualmente responsables de sus planteles y de la materia educativa en general, al ser una materia concurrente. Es digno de llamar la atención que en diversos estados y ayuntamientos existan esfuerzos para reforzar las acciones de seguridad pública en los entornos escolares, aunque en muchos casos son temporales y atienden a la inmediatez del problema.
Necesitamos una política nacional de seguridad en los entornos escolares que procure la prevención y la atención a las necesidades de las comunidades escolares en materia de seguridad. Esta política debe ser permanente y uniforme, en coordinación con los tres niveles de gobierno y con las instituciones de seguridad pública. Asimismo, la Ley General de Educación debe ser más clara en la delegación y asignación de facultades y responsabilidades para la SEP y las autoridades educativas locales.
Lo anterior, no solo por el daño patrimonial y material que implica, sino por el deterioro de las condiciones de aprendizaje que representa para las niñas, niños y adolescentes que dentro de un mes tendrán que retomar sus clases. Las escuelas de nuestro país de por sí se encuentran mermadas y limitadas en los recursos con los que cuentan para el desarrollo de las actividades en los salones de clases. Datos de la Comisión Nacional para la Mejora Continua de la Educación señalan que en México 26 mil 463 escuelas no cuentan con servicio de electricidad, 56 mil 109 operan sin agua, 43 mil 558 no tienen lavamanos y 5 mil 950 no cuentan con sanitarios. Esta situación no debería agravarse en este nuevo ciclo escolar, y desde Mexicanos Primero hacemos un llamado a las autoridades para evitarlo. El derecho a aprender de millones de niñas, niños y adolescentes está en juego.