El 2 de junio de 2024, el humo blanco se levantó sobre Guadalajara, marcando un momento histórico: Verónica Delgadillo, candidata de Movimiento Ciudadano, fue elegida como la primera presidenta municipal de la ciudad. Con más de 300 mil votos, la voluntad popular fue clara y contundente. Sin embargo, a pesar de esta decisión ciudadana y de las ratificaciones en múltiples instancias judiciales, los tribunales aún no han emitido una resolución definitiva sobre la impugnación presentada por el excandidato José María Chema Martínez.
En las semanas recientes, hemos sido testigos de un prolongado proceso judicial que, tras haber pasado por dos instancias, sigue sin culminar. La pregunta es inevitable: ¿qué impide el desenlace final cuando todo parece apuntar a una confirmación inminente de su victoria?
Ratificaciones en las urnas y en los tribunales
La jornada electoral del 2 de junio transcurrió sin incidentes graves. Verónica Delgadillo obtuvo 308 mil 21 votos frente a los 287 mil 110 de Martínez. Para muchos, esta fue la primera y más significativa ratificación: la voluntad popular. Sin embargo, Martínez impugnó los resultados ante el Tribunal Electoral del Estado de Jalisco (TEPJ), alegando irregularidades como la pérdida de custodia de los paquetes electorales y un supuesto ‘embarazo’ de urnas.
El Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Jalisco (IEPC) realizó un recuento parcial y concluyó que no hubo alteraciones significativas en el proceso. La transparencia de la elección fue confirmada y el tribunal desestimó las alegaciones de Martínez. La disputa continuó ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), cuya Sala Regional en Guadalajara también desechó las principales alegaciones del excandidato.
Tres ratificaciones: una en las urnas y dos en los tribunales. A pesar de ello, la incertidumbre persiste.
El costo del letargo judicial
La interrogante es clara: ¿por qué el tribunal aún no ha emitido una sentencia definitiva? Esta dilación no solo prolonga la polarización, sino que también socava la confianza en las instituciones. Los tribunales electorales no solo deben impartir justicia, sino también garantizar la estabilidad democrática. En el actual contexto de creciente tensión política en México, prolongar estos procesos es un riesgo que podría tener consecuencias serias.
La experiencia reciente muestra cómo la incertidumbre electoral puede llevar a divisiones profundas y a un debilitamiento de la confianza en el sistema. Ejemplos como la prolongada disputa en Bolivia en 2019 y el caso de Bush vs. Gore en 2000 en Estados Unidos muestran las repercusiones de no resolver los conflictos electorales de manera oportuna.
En México, ya hemos visto cómo la prolongación de procesos electorales puede crear un clima de tensión e inestabilidad. Guadalajara, una ciudad clave para la política y la economía del país, no puede permitirse caer en este ciclo de incertidumbre.
La voluntad del pueblo y la confianza en las instituciones
Las impugnaciones son un mecanismo democrático legítimo, pero deben estar fundamentadas en pruebas sólidas. En este caso, tres instancias —la elección misma y dos resoluciones judiciales— han confirmado el triunfo de Verónica Delgadillo. A pesar de esto, la dilación en la resolución parece priorizar la incertidumbre sobre la certidumbre, poniendo en riesgo la confianza en las instituciones democráticas.
La ciudadanía de Guadalajara ya se pronunció. El humo blanco del 2 de junio debería ser suficiente para que los tribunales alineen su decisión con la voluntad popular. No se trata solo de validar un resultado electoral, sino de mantener la confianza en el sistema democrático que sustenta el país.
Un tiempo perdido que no se recupera
Jean-Paul Sartre, en su reflexión sobre la libertad, argumentaba que el tiempo es un recurso irreparable; una vez perdido, no puede ser recuperado. Aplicado al contexto actual, cada día que los tribunales retrasan su decisión es un día en el que se juega con el tiempo y la paciencia de los ciudadanos. Esta espera prolongada se convierte en una herida abierta que afecta no solo a Guadalajara, sino a la confianza en todo el sistema democrático.
El tiempo perdido no es solo un vacío cronológico; es un vacío de esperanza y certeza. Cuando las instituciones encargadas de impartir justicia demoran en sus decisiones, el daño va más allá de una simple elección retrasada. Lo que está en juego es la credibilidad de un sistema que debe demostrar su capacidad para servir al pueblo de manera efectiva y oportuna.
Que la verdad no dependa del tiempo.