La justicia verdadera florece en la independencia.
El sistema judicial mexicano ha sido, históricamente, uno de los pilares más sólidos en la defensa de los derechos fundamentales. Sin embargo, los eventos recientes han puesto en riesgo esta estabilidad. En octubre de 2024, ocho ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) presentaron su renuncia en medio de una serie de reformas judiciales que buscan implementar la elección popular de jueces y magistrados. Esta decisión no puede ser vista como un simple trámite administrativo. Detrás de estas renuncias se esconde una profunda crisis sobre la independencia del Poder Judicial y la amenaza que representa la politización de la justicia.
La reforma judicial, presentada al público como una forma de “democratizar” el sistema judicial, plantea riesgos evidentes. A primera vista, la idea de que los jueces y magistrados sean elegidos por el voto popular parece un avance democrático. Sin embargo, este cambio estructural podría poner en peligro uno de los principios fundamentales de la justicia: la imparcialidad. La independencia judicial no es un lujo, sino una necesidad básica en cualquier Estado de derecho. Someter a los jueces a procesos electorales es un paso peligroso hacia su politización.
Los jueces y magistrados no deben, bajo ninguna circunstancia, depender de los vaivenes de la opinión pública. Las decisiones judiciales deben basarse en la ley, en los principios del derecho y en la interpretación justa de la Constitución. Someter a los jueces a un proceso electoral, en el que deben ganar el favor de los votantes, inevitablemente los llevará a tomar decisiones que agraden a la mayoría, en lugar de impartir justicia de manera objetiva e imparcial. Esta lógica electoral podría empujar a los jueces a actuar más como políticos que como defensores de la ley.
Las renuncias de ministros de la talla de Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, Jorge Mario Pardo Rebolledo y Luis María Aguilar Morales reflejan la gravedad de la situación. Estos jueces, que durante años han sido los guardianes de los derechos constitucionales, han tomado la difícil decisión de renunciar en protesta contra una reforma que consideran una amenaza a la autonomía judicial. Su salida es una señal clara de que el sistema judicial está bajo ataque y de que su capacidad para actuar como un contrapeso al Poder Ejecutivo y al Legislativo está en peligro.
Una justicia sometida a la lógica electoral es una justicia débil. Los jueces que dependen de los votos de los ciudadanos estarán inevitablemente sujetos a las presiones políticas y sociales del momento. Las decisiones judiciales, que deben basarse en la ley y la ética, corren el riesgo de convertirse en herramientas para ganar popularidad o favorecer a ciertos sectores de la sociedad. En lugar de proteger los derechos de todos los ciudadanos, los jueces podrían verse tentados a tomar decisiones que garanticen su reelección, comprometiendo así su imparcialidad.
México ha sido testigo de lo que sucede cuando las instituciones encargadas de proteger los derechos de los ciudadanos se ven capturadas por la política. La reforma judicial de 2024 amenaza con llevar al país por ese mismo camino. En lugar de fortalecer la justicia, esta reforma corre el riesgo de destruir los principios que sostienen la autonomía de los jueces. La independencia judicial es lo que garantiza que las decisiones se tomen basadas en la ley, no en la política.
En resumen, lo que está en juego en México no es solo una reforma judicial; es el futuro del sistema judicial y, con él, el futuro de la democracia mexicana. Si permitimos que los jueces sean electos como si fueran políticos, estaremos comprometiendo la capacidad de la justicia para actuar de manera imparcial. Las renuncias de los ministros de la SCJN son una advertencia clara: la independencia judicial no puede ser negociada. Es momento de actuar antes de que sea demasiado tarde.
Antes del Fin
En “La Crítica de la Razón Práctica”, Kant argumenta que la justicia debe ser autónoma y universal, no sujeta a la voluntad de la mayoría. La manipulación política socava esta autonomía, y la elección de jueces por voto popular compromete la imparcialidad judicial. La verdadera esencia de la democracia radica en preservar espacios de autonomía para evitar el abuso del poder, manteniendo la justicia al servicio de la verdad, no de los votos.
