El regreso de Donald Trump a la Casa Blanca el 20 de enero de 2025 marcó un cambio radical en las políticas migratorias de Estados Unidos. Ese mismo día, firmó una serie de órdenes ejecutivas que no solo endurecen el control fronterizo, sino que también afectan profundamente a los migrantes, tanto a los que ya están en Estados Unidos como a los que buscan ingresar. Entre las medidas destacan la declaración de los cárteles mexicanos como organizaciones terroristas, la eliminación del derecho a la ciudadanía por nacimiento para hijos de migrantes indocumentados o visitantes temporales y la autorización de redadas en espacios previamente protegidos, como escuelas e iglesias.
Estas acciones generan un clima de incertidumbre y temor entre las comunidades migrantes, que enfrentan un hostigamiento constante. Sin embargo, es crucial diferenciar entre redadas migratorias y deportaciones. Mientras que las redadas buscan detener a personas sospechosas de estar en situación irregular, las deportaciones requieren un proceso judicial en cortes migratorias saturadas, lo que limita la capacidad para ejecutar expulsiones masivas de manera inmediata.
Certificados y el acceso a beneficios
El proceso de deportación formal otorga a las personas un certificado de deportación, emitido por las autoridades estadounidenses. Este documento es clave para acceder a programas de reintegración en México, como asistencia económica, vivienda y apoyo psicológico. Sin embargo, muchas personas que retornan voluntariamente, movidas por el clima hostil o el miedo a la separación familiar, no cuentan con este certificado. Esto las deja en una situación de desventaja, ya que no pueden acceder a los mismos beneficios.
En este contexto, surge la necesidad de implementar un certificado de retorno en México, un documento que reconozca oficialmente el regreso de estas personas y les permita acceder a los programas existentes. Para ello, es indispensable replantear los mecanismos actuales y garantizar que el retorno no sea un proceso lleno de barreras.
Propuestas para una respuesta coordinada
1. Habilitación de certificados de retorno en consulados mexicanos.
Los consulados en Estados Unidos deben ser integrados como un puente clave para atender a las familias que deciden regresar. Permitir que soliciten y obtengan un certificado de retorno antes de cruzar la frontera no solo les otorgará certeza, sino que facilitará su acceso a programas de apoyo en México. Este proceso podría incluir entrevistas presenciales en el consulado, validación de identidad y la emisión inmediata del documento.
2. Implementación de certificados digitales a través de ConsulApp.
La plataforma ConsulApp puede ser una herramienta clave para digitalizar este proceso. Con la integración de un sistema de geolocalización que asegure que las solicitudes se realicen desde Estados Unidos, esta aplicación podría emitir certificados de retorno de forma rápida y segura. Esto reduciría la carga operativa en los consulados físicos y garantizaría que más personas puedan obtener el documento.
3. Fortalecimiento de los módulos de repatriación en la frontera.
Actualmente, México cuenta con 11 módulos de repatriación que necesitan ser ampliados y diversificados. Estos centros deben atender no solo a deportados formales, sino también a quienes retornan voluntariamente. Además de la atención básica, deben ofrecer orientación laboral, asesoramiento psicológico y programas de reintegración adaptados a las necesidades específicas de cada grupo.
4. Creación de un padrón nacional de retornados.
Es urgente establecer un registro único y actualizado de personas retornadas. Este padrón, gestionado por el Instituto Nacional de Migración (INM) en coordinación con gobiernos estatales y municipales, permitiría a las autoridades identificar las necesidades de los retornados y diseñar políticas públicas más efectivas. También ayudaría a evitar duplicaciones o exclusiones en la asignación de recursos.
5. Coordinación multisectorial.
La atención a los migrantes retornados no puede recaer únicamente en el gobierno federal. Es necesaria una colaboración estrecha con gobiernos locales, organizaciones civiles y organismos internacionales. Esto garantizará que las comunidades receptoras cuenten con recursos suficientes para atender a los retornados y evitará tensiones sociales en las zonas más afectadas.
Antes del fin
Las políticas migratorias de Trump exigen que México actúe de manera proactiva y estratégica. La implementación de certificados de retorno desde los consulados, el uso de herramientas digitales como ConsulApp, el fortalecimiento de módulos fronterizos y la creación de un padrón nacional son pasos fundamentales para construir una respuesta integral. Además, una coordinación eficaz entre todos los niveles de gobierno y sectores de la sociedad permitirá enfrentar este desafío con humanidad y eficacia.
El reto no es solo inmediato, sino de largo plazo. Las soluciones innovadoras que dignifiquen la experiencia migrante y garanticen que nadie quede fuera del sistema de apoyo deben ser garantizadas. En este contexto de hostilidad, actuar con empatía y visión estratégica es más que una necesidad: es una responsabilidad compartida que definirá el futuro de las relaciones migratorias entre ambos países.
