La corrupción en el ejercicio del gasto público erosiona la confianza en las autoridades, dificulta prestar servicios públicos, distorsiona los mercados y destruye nuestra democracia.
La falta de transparencia, los registros deficientes y una escasa rendición de cuentas facilitan la corrupción en los procesos administrativos de instituciones privadas o públicas.
El problema surge de pautas de comportamiento humano, y ya existen los marcos legales para combatirla, pero la tecnología digital puede ayudar a reducir las ocasiones en donde puede suceder.
Mauricio Tovar de la Alianza Blockchain Iberoamericana –de la que somos parte como Blockchain Mérida– nos comparte con orgullo el desarrollo tecnológico que hicieron en InTIColombia para reducir la corrupción en licitaciones gubernamentales.
Elaborado junto con el Foro Económico Mundial, el Banco Interamericano de Desarrollo, la Procuraduría General de Colombia y la Universidad Nacional de ese país, sus resultados pueden consultarse en el reporte 'Exploring Blockchain Technology for Government Transparency: Blockchain-based Public Procurement to reduce Corruption'. (https://bit.ly/3hNqGBn)
El Proyecto Transparencia es una Prueba de Concepto, o PoC, sobre el uso de Blockchain para reducir la corrupción en la gestión de las licitaciones públicas para el Programa de Alimentación Escolar (PAE) que atiende a la población infantil más vulnerable.
Lo interesante del enfoque es que además de la plataforma de software incluye propuestas complementarias de política pública y estrategias para involucrar la participación ciudadana en el monitoreo social del proceso.
Construye una red publica y abierta en Ethereum que facilita un registro permanente e inalterable de datos, con un proceso transparente y auditable en tiempo real, con funciones automatizadas mediante smart contracts, que reduce la dependencia en juicios personales y decisiones centralizadas, y aumenta la participación ciudadana.
El sistema responde a la legislación local y garantiza mediante criptografía la seguridad de las comunicaciones entre las partes.
Al concursante le permite cifrar su identidad de manera única pero anónima; registrar su oferta con privacidad; recibir los comentarios que la ley autoriza; adecuarse a ellos; ofertar o retirar su propuesta definitiva e inalterable.
La autoridad licitante, por su parte, los descifra y verifica automáticamente su elegibilidad; publica los resultados para los comentarios de ley; evalúa y califica de manera tanto manual como automática; publica la propuesta ganadora junto con su procedimiento de evaluación y resultados; abre un segundo periodo de comentarios públicos, los integra, dictamina y adjudica finalmente el contrato.
Blockchain no es una panacea tecnológica, pero puede ser un instrumento eficaz y multifacético para integrar redes de actores que actúen con eficiencia administrativa, consenso en la gobernanza y colaboración participativa.
Esta tecnología no impide directamente actividades mal intencionadas que suceden fuera del proceso de licitación, pero dentro de éste contribuye a disminuir sus oportunidades de ocurrencia pues documenta, abiertamente para todos, quién hizo qué, cuándo y dónde.
Y este conocimiento nos permitirá, poco a poco, con datos concretos, luchar por un mejor contrato social, juntos y de manera constructiva.