Periodista mexicano especializado en asuntos internacionales
La ley Zaldívar abrió la caja de pandora respecto a las formas que tiene el actual gobierno en resolver las cosas: alinear a los peones y a los alfiles dentro de las instituciones del Estado mexicano, a conveniencia, para que no haya nadie que impida la implementación de sus anhelados proyectos: el fin justifica los medios.
Es lo que vivimos con la intentona de alargar la presidencia del actual presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Arturo Zaldívar, que desde el Congreso de la Unión y con el respaldo del jefe del Ejecutivo, Andrés Manuel López Obrador, desean alterar los periodos de mando para concretar sin obstáculos lo que autodenominan las acciones de la cuarta transformación.
Cada vez queda más claro, y conforme avanza el rumbo de este gobierno, que su intención es limitar los equilibrios en los diversos poderes del Estado mexicano y órganos autónomos, para favorecer sus objetivos, y darles la mano, sólo a quienes les apoyan ideológicamente, mientras marginan y buscan sacar de la jugada a quienes no les favorecen.
Un peligro latente, ya que los contrapesos, además de ser necesarios en las democracias, son justamente los que impiden, hoy y mañana, que cualquier persona pueda imponer sus caprichos u obsesiones para mal de una nación.
El presidente de México negocia y dialoga, sólo consigo mismo. Su molestia es evidente cuando alguien le hace sombras o lo cuestiona, se refleja cuando relega o evidencia en público a quien piensa distinto a él. Es más notorio cuando esas sombras provienen desde alguno de esos lugares llamados instituciones, y que supone, le impiden continuar con su manual de gobierno.
Lo que haría un buen estadista es impulsar la autonomía, fuerza y equilibrios de las instituciones, contrariamente a lo que predica el presidente, quien se siente con las atribuciones para manipular la Constitución mexicana a modo, ya que, según él, es un asunto de “moralidad”. Por supuesto, esa “moral” sólo se construye a partir de una visión individualísima.
Desde su muy particular definición, es necesario que se “moralice el Poder Judicial”, a pesar de que una de las clasificaciones que determina el Diccionario de la Lengua Española sobre la moral, le contradice al afirmar que “concierne al fuero interno o al respeto humano, y no al orden jurídico”.
La obsesión del presidente de verse ante la imposibilidad de poder cumplir con sus promesas, enmarcadas en su autodenominada cuarta transformación, le está haciendo tomar decisiones de difícil digestión. Vulnerar y no reformar las instituciones del Estado mexicano pone en jaque la transformación y modernización de ellas mismas.
Por ello se vuelve muy cuestionable el silencio del ministro Zaldívar, protagonista principal de este culebrón en temporada electoral, y quien, con su silencio y falta de postura al respecto, está cuarteando uno de los preceptos básicos que le otorga su puesto, la independencia.
Cualquiera que se considere demócrata y defensor de un Estado de derecho, reprobará la corrupción, nepotismo, ineficiencia, derroche, en cualquier institución que forma parte de cualquier país, pero para eso hay otras formas de combatirlas, y no a partir de colocar incondicionales, que incluso no garantizan resolver ninguna de esas plagas.
Para empezar, se deben abrir mecanismos amplios de debate y diálogo abierto entre la sociedad, académicos, expertos y poderes del Estado, y así discutir el mejor camino para transformar nuestras instituciones. ¿A quién representa el senador Raúl Bolaños-Cacho Cué, del Partido Verde Ecologista de México, y artífice de colocar de último minuto ese artículo transitorio que le da dos años más a Zaldívar al frente de la Corte? ¿Con quién lo debatió? ¿Con quién lo analizó? ¿Bajo qué argumentos lo estudió? Es senador de un partido minoritario, camaleónico, sin prestigio. Él, simplemente, no puede ser el artífice intelectual de una modificación de gran calado que además constituye, para muchos expertos, una violación a la constitucionalidad del país.
Estoy seguro que la sociedad mexicana está a favor de los cambios progresistas y transparentes para mejorar la capacidad, eficiencia, equilibrios y fuerza de las instituciones. Pero también en contra de la imposición, y más, en leyes encintas de dudas, trampas, pragmatismo, ocultas... disimuladas.
Según la encuesta de ayer de El Financiero, el 62 por ciento de los mexicanos rechaza esta ampliación aprobada por el Senado en la reforma al Poder Judicial. El “pueblo sabio se manifiesta”, vamos a ver si los presidentes de los poderes Ejecutivo y Judicial respetan las voces mayoritarias o la voz de uno solo.