Algo pasa en Tamaulipas (y en México) que llevan semanas viviendo hechos de extrema violencia. Disparos que bien pueden salir de armas del Ejército o de criminales y terminar impactando en civiles, nacionales o extranjeros. No hay estrategia ni efectividad, el problema se está saliendo de control.
Primero fue la masacre que se dio la madrugada del 26 de febrero en Nuevo Laredo, cuando soldados dispararon indiscriminadamente contra una camioneta donde viajaban siete jóvenes. Murieron cinco de ellos después de recibir hasta doce impactos de bala. Se desangraron en el lugar. En las sienes de dos de los muchachos se encontraron impactos. Uno era estadounidense.
Las versiones sobre lo ocurrido esa madrugada comenzaron a resultar contradictorias. No coincidían en absoluto las de la Sedena con las de familiares y testigos, pero sobre todo, con las de un sobreviviente. La presión en medios mexicanos e internacionales se desbordó de manera inmediata, hasta forzar a la Fiscalía General de Justicia Militar a vincular a cuatro militares.
Esta no fue la primera masacre de los últimos años en Tamaulipas, instituciones de derechos humanos del estado, han documentado constantes asesinatos contra la sociedad civil desde 2019, a manos del Ejército.
Para colmo, días después, las cosas empeoraron en Tamaulipas. El pasado 3 de marzo, criminales dispararon a cuatro personas estadounidenses que cruzaron la frontera con México. Tardaron cuatro días para que el gobernador Américo Villarreal anunciara que dos de ellas estaban muertas y las otras con vida, aunque una gravemente herida. Viajaron a Matamoros para que una de las víctimas se realizara un “procedimiento médico”. Dentro del grupo de amigos, había una persona de 33 años, y una madre de seis hijos.
Las alarmas se activaron cuando el FBI dio a conocer la noticia y ofreció una recompensa a quienes proporcionaran información sobre el paradero de sus connacionales. Muchos especialistas coinciden en que no se trató de un secuestro, sino fue una equivocación de los criminales al confundirlos con enemigos.
El embajador de Estados Unidos en México, Ken Salazar, se apresuró a visitar al presidente López Obrador, el mediodía del lunes bajo un hermetismo absoluto; ya por la tarde, el gobierno tamaulipeco, rebasado, ofrecía una escueta conferencia de prensa para anunciar la creación de un grupo de búsqueda. Paralelamente, la Casa Blanca alertaba a sus ciudadanos a no viajar al estado fronterizo.
Fue hasta la mañana de ayer cuando se confirmó la muerte de dos estadounidenses, la prensa nacional e internacional dio cuenta inmediatamente en sus principales titulares, algo que no gusta al presidente mexicano. La crisis se había desatado.
En consecuencia, se pronostica que las relaciones entre México y Estados Unidos salgan también lastimadas. La frontera entre ambos países se está convirtiendo en un polvorín en ambas sociedades y está siendo utilizada por interés políticos, de ambos lados, ante los procesos electorales de 2024. Tanto Joe Biden como AMLO, buscan reivindicar sus respectivas fuerzas. El primero reeligiéndose, y el segundo, dándole continuidad a lo que él llama la cuarta transformación.
Estos desafortunados eventos, han comenzado a desgastar la cooperación interinstitucional entre México y Estados Unidos, principalmente las de procuración de seguridad (otro tema son las afectaciones comerciales dentro del T-MEC). Además, es evidente que se ha incrementado la guerra verbal entre AMLO y funcionarios estadounidenses, lo que imprime tensión e incertidumbre.
El viernes pasado, quien fuera procurador general bajo las presidencias de George W. Bush y de Donald Trump, William Barr, abrió la herida al afirmar en un artículo publicado en The Wall Street Journal, que el narcoterrorismo en México es equivalente a ISIS; subrayando que los estadounidenses muertos por consumir drogas, ya exceden a los ocasionados en la Segunda Guerra Mundial. Y señala al presidente López Obrador, del fracaso al combate contra el crimen organizado, calificándolo como el “facilitador en jefe de los cárteles mexicanos”.
Barr es uno de los hombres que más conocen el poder judicial estadounidense. Precisamente se ha especializado en la lucha contra el crimen organizado. Su artículo retomó la polémica resolución presentada el pasado 12 de enero por los legisladores republicanos, Dan Crenshaw y Mike Waltz, donde solicitan la autorización del uso de la fuerza militar para atacar a cárteles de la droga, a quienes consideran terroristas y están “envenenando” a más de 80 mil estadounidenses. Afirman que en México se vive un narco-Estado.
El lunes se incrementaron las acusaciones. El presidente López Obrador les recriminó de ser propagandistas e invasores. Inmediatamente, Crenshaw le respondió con una pregunta en Twitter: “¿A quién representa, a los cárteles o a la gente?”. Ayer AMLO de plano no logró hilar argumentos sólidos, y se fue hacia otro lado, al decir que a los muertos mexicanos en Estados Unidos, nadie les hace caso, después del momento escabroso en el que se escucha por teléfono decir al gobernador de Tamaulipas, que dos estadounidenses habían sido asesinados. Crenshaw volvió a poner el dedo en el renglón, sobre la necesidad de autorizar la fuerza militar contra el crimen organizado y le pidió a López Obrador: “Ayúdenos a ayudarlo”. Mientras tanto, Tamaulipas, ¿en manos de quién está?
El autor es periodista mexicano especializado en asuntos internacionales.