López Obrador actúa como si se sintiera derrotado. Ejemplo claro, lleva días embistiendo desde el espacio de mayor poder y fuerza en México, la Presidencia de la República o Poder Ejecutivo, contra personas de la sociedad civil que, asimétricamente, cuentan con recursos (no intelectuales) infinitamente menores que él.
El montaje contra María Amparo Casar, demostró cómo el poder es usado para denostar y buscar desprestigiar a todas y todos quienes critican al Presidente y a sus cercanos. En efecto, esos ataques son dignos de regímenes autoritarios y no democráticos, ya que, en primer lugar, el equilibrio de poderes (incluidos los de la sociedad civil) en cualquier Estado se debe respetar, tolerar y defender. Aquí sucede todo lo contrario, desde el poder presidencial se pretende anular o desprestigiar a los ‘incómodos’.
Muchos dirán que el Presidente tiene derecho a defenderse y manifestarse, y sí, pero siempre y cuando sea desde la evidencia consumada, el uso correspondiente y adecuado de los procesos y aparatos de justicia, así como su impartición adecuada y equitativa; desde la altura de un estadista y el respeto soberano a que disienta sobre su ejercicio desde el poder.
Con López Obrador sucede lo que ha sucedido desde las últimas décadas: se persigue al enemigo bajo el escrutinio público y se protege y otorga impunidad a aliados e incondicionales. Para ello se montan casos a modo y se esconden pruebas que le puedan perjudicar a los suyos. Poco hemos cambiado.
En una democracia fuerte y en desarrollo, la crítica a los poderes del Estado debe ser una premisa irrenunciable, pues es la única forma de que las sociedades se reconstruyan apoyadas en el fortalecimiento constante de las instituciones. Faltaba más, que ya no se le pueda decir nada a un presidente o una autoridad.
Además, el actual gobierno no es un buen referente de eficacia y transparencia, ya que concluye sus funciones bajo opacidad respecto a cómo y con quién se gastó el dinero en sus obras de mayor renombre. Además, en materia de inseguridad y máximo número de homicidios en su sexenio, aumento en la pobreza extrema, baja en la calidad educativa y en la salud, el menor crecimiento económico respecto a las anteriores administraciones, una militarización de los espacios civiles, así como una pandemia que provocó exceso de muertes ante la mala política que se implementó, por citar solo algunos casos. Es decir, no cuentan con mucha autoridad moral para decirnos que son un mejor gobierno, más justo y equitativo.
Muchos cuestionarán por qué no menciono sus logros (los que sean), pues simplemente porque es obligación de cualquier gobierno hacer las cosas bien, puesto que para eso se les elige, se les paga y se le permite administrar miles de millones de recursos que no son de ellos, sino de las y los mexicanos, y que a su antojo los disponen, gastan o esconden. Acaso hacer obras no es una naturaleza que corresponde a cada gobernante en turno. Por cierto, muchas de las actuales obras prometidas aún están inconclusas.
De esta forma, lo mínimo que se le debe exigir a un gobierno sin aplausos de por medio, es que haga las cosas bien. No solo es su obligación, es lo que prometieron que harían en campaña, es decir, es por lo que convencieron a la gente de votar. Los países no son de ellos, ni mucho menos pueden hacer lo que quieran respecto a las instituciones autónomas o independientes. Lo más peligroso, es cuando un individuo pretende adecuarlas a su personalísimo criterio, modificarlas al bien personal y no al bien general, como sucede hoy en día.
María Amparo Casar fue víctima de este sistema, 20 años después de un caso resuelto. No ha sido la única que ha recibido el poder y obsesión presidencial por callar, amedrentar y destruir al oponente. Usa instituciones del Estado como Pemex, y somete a incondicionales (de poca eficiencia administrativa) para reciclar un caso a modo, inventar circunstancias (como la supuesta reunión celebrada entonces entre María Amparo Casar y Bernardo Bátiz, y quien ya dijo que no recuerda haberlo hecho) y un proceso alterado, manipulado y sin escrúpulos.
Pero no solo eso, el Presidente se ausenta de una percepción clara de la realidad. Sigue bajo sus diatribas palaciegas de la mañanera, desde donde repite y repite las mismas ideas y mentiras una y otra vez.
Sobre las cuerdas, pronuncia frases tan sorprendentes como preocupantes, como la del lunes pasado, cuando se refirió a que en México “no hay más violencia, hay más homicidios”. Esta respuesta sucedió después de que la periodista Andrea Navarro, de Bloomberg, le pidiera explicar al mandatario, por qué, a pesar de tanto dinero otorgado a las Fuerzas Armadas, la violencia crece.
El Presidente se fue por las ramas, pasó de esa frase célebre que menciono en el párrafo anterior, a explicar cómo se dio la confirmación para que la Banda MS toque en el Zócalo próximamente, y terminar culpando y confundiendo a los medios de comunicación por los malos resultados.
Se ve a un Presidente desesperado, porque las cosas no están concluyendo como él imaginó, o quizá sepa que el 2 de julio los resultados no le van a favorecer como deseaba. Y eso, bajo un líder pretencioso, puede llegar a ser muy peligroso y dañino para un país.