Mientras más se atrase la investigación de lo sucedido en el rancho Izaguirre en Jalisco, más se reafirma la idea de que el Estado mexicano no sólo fue omiso, sino que oculta algo al respecto.
Las atrocidades que ahí sucedieron, ya sea por el adiestramiento criminal a personas que reclutaban con engaños, confirmado por el gobierno federal; o mucho más preocupante, si se trató de un lugar donde se construyó infraestructura para asesinar sistemáticamente a personas, lo que muchos consignan fue un campo de exterminio, vuelven a marcar un antes y un después en México.
El secretario de Seguridad Ciudadana, Omar García Harfuch, fue muy cuidadoso con sus palabras en la mañanera del lunes para no abrir la caja de Pandora; no obstante, fue implacable al referirse a los asesinatos que se perpetraron en el rancho a partir de las declaraciones obtenidas tras la detención de José Gregorio “N”, alias El Lastra, líder criminal perteneciente al Cártel Jalisco Nueva Generación, que operaba el reclutamiento y adiestramiento en el rancho Izaguirre.
Si esa declaración coincide con las fotos que fueron mostradas por las madres buscadoras de Jalisco, donde se observan decenas de zapatos, maletas y ropa apilada en zonas del rancho, significa que la realidad en México en cuanto a criminalidad y deshumanización se encuentra en sus niveles máximos, fuera de control y bajo autoridades totalmente rebasadas.
La parte central de lo que dijo García Harfuch, y que probablemente no gustó a la presidenta Claudia Sheinbaum ni al fiscal Alejandro Gertz Manero, fue: “de acuerdo con el testimonio del detenido, llegaron a privar de la vida a personas que se resistían a recibir el adiestramiento o bien intentaban escapar del lugar, así como golpearlos y someterlos a algún tipo de tortura”.
Ante tal afirmación, inmediatamente se generan decenas de preguntas, por ejemplo: ¿cuántas vidas fueron privadas en el rancho y si toda la ropa que se encontró corresponde a personas fallecidas? ¿Cuántos restos humanos hay y/o han sido retirados? ¿Por qué han movido o eliminado evidencias de los desaparecidos? ¿Por qué hasta que salieron a la luz las fotografías con ropa apilada comenzaron a moverse las autoridades, cuando los tres niveles de gobierno ya sabían de los sucesos en ese lugar desde 2024?
El caso es que la narrativa ha transitado en dos direcciones: si se trató de un campo de exterminio o si fue un centro de reclutamiento criminal. El gobierno federal ha emprendido fallidamente una campaña intensísima para tratar de eliminar la primera idea dentro del consciente colectivo de las y los mexicanos. No obstante, al afirmar que sí hubo asesinatos, lleva inmediatamente a asumir que no fueron pocos a quienes quitaron la vida tratándose de un centro de entrenamiento en un rancho de decenas de hectáreas.
El Centro de Justicia para la Paz y el Desarrollo, una asociación civil que “apoya la defensa de casos de violaciones de los derechos humanos individuales y colectivos” y que estuvo presente en lo que calificaron como “un viaje turístico” a esa visita guiada que organizó la Fiscalía al rancho Izaguirre en Teuchitlán, Jalisco, aseguró que fue “sumamente indignante y revictimizante para los familiares de personas desaparecidas” ese recorrido.
Apuntaron que, “desde el inicio hubo falta de coordinación y poca claridad sobre quiénes eran las personas a cargo del espacio”, pero lo más preocupante es cuando afirman que “varios buscadores que habían visitado el lugar de manera previa habían señalado alteraciones en el suelo y cambios de las banderas puestas en distintos puntos”.
Recordemos que el pasado 5 de marzo, integrantes del colectivo Guerreros Buscadores de Jalisco lograron entrar al rancho, el cual se encontraba sin sellos de protección. Fue entonces cuando mostraron imágenes que dieron la vuelta al mundo de manera inmediata: tres hornos con fragmentos de huesos calcinados, 400 pares de zapatos, 400 prendas de vestir, maletas e identificaciones abandonadas.
En entrevista para El Financiero, Raúl Servín Gómez, integrante de Guerreros Buscadores de Jalisco, afirmó que sí había hornos crematorios, ya que, explicó: “los criminales cavaron hoyos de un metro y medio de profundidad y alrededor les ponían ladrillos; ahí metían a las personas, les quitaban la vida y se deshacían de los cuerpos (incinerándolos)”.
El día de ayer, Gertz Manero aseguró que van a “desmantelar algo que está creciendo sin pruebas, sin elementos lógicos”. Al parecer, para el fiscal, su objetivo es desaparecer la narrativa que está impactando negativamente al gobierno federal y no una verdad sobre muertes sistemáticas, que nuevamente evidencian a un Estado mexicano incapaz e impune.
Mientras se evidencia como la punta del iceberg de la crueldad lo aparecido en el rancho Izaguirre, aún se sigue careciendo de herramientas que impidan, primero, más desapariciones y, después, mecanismos eficientes para encontrarlos. En parte, porque las autoridades no quieren aceptar una realidad macabra que, tarde o temprano, les afectará en los procesos electorales.
