Cuando se ocultan ingresos y/o propiedades con el fin de declarar menos impuestos, o bien, evitar el pago de los mismos, directamente se afecta a la obtención de ingresos suficientes para que el Estado invierta en los servicios para cubrir las necesidades de la población e impulsar sectores fundamentales para el desarrollo del país. Ante la crisis económica por el Covid-19, Raquel Buenrostro, titular del Servicio de Administración Tributario (SAT), ha manifestado en diversas ocasiones la importancia que tiene el cumplimiento de las obligaciones fiscales, para la óptima operatividad de las acciones del gobierno y poder superar con éxito los retos que enfrenta el país ante la pandemia.
Para mantener y mejorar la recaudación en épocas de pandemia, y como parte de las acciones de combate a la corrupción e impunidad, el gobierno federal a través del SAT ha venido implementado acciones orientadas a tres objetivos estratégicos: 1. Aumentar la eficiencia recaudatoria mediante la revisión sistemática del pago de impuestos e identificación de anomalías. 2. Disminuir la evasión fiscal, particularmente en materia de defraudación fiscal mediante la expedición, enajenación, compra o venta de comprobantes fiscales que amparen operaciones inexistentes, falsas o simuladas. En el periodo que va de la presente administración, se han agregado tres mil 261 empresas al listado público de Entidades de Facturación de Operaciones Simuladas (EFOS) (también llamadas 'empresas factureras'), de las cuales se ha presentado un primer paquete de denuncias ante la Fiscalía General de la República (FGR) contra 30 personas vinculadas con esquemas de defraudación fiscal cuyos adeudos ante el SAT ascienden a dos mil 245 millones de pesos. Y 3. En el marco de la política nacional contra los actos de corrupción, se han promovido 175 denuncias ante la Secretaría de la Función Pública, en las que se encuentran involucrados 497 servidores públicos, y otras 39 ante la FGR con 70 servidores públicos involucrados.
Diversos escándalos de corrupción en el país han colocado la transparencia en un punto clave para exponer casos de evasión fiscal como elemento operativo de otras actividades ilícitas (por ejemplo: corrupción o narcotráfico). Si bien en el proceso de rendición de cuentas, el alcance de la transparencia no alcanza las etapas de investigación e impartición de justicia, si coadyuva de manera importante en la prevención, detección, disuasión y exhibición del fenómeno de la corrupción, así como en el seguimiento de la actuación de las autoridades encargadas de combatirlo.
En este contexto, recientemente el Pleno del INAI instruyó al SAT a entregar información solicitada por un ciudadano relativa al listado de proveedores identificados y catalogados definitivamente como EFOS con los que diversas instituciones públicas han realizado operaciones, así como el listado de las CFDIS emitidas por estos, especificando el RFC y razón social de los emisores, la fecha, montos y conceptos de las facturas, y el RFC de los receptores de las mismas.
Este tipo de información facilita y fomenta la participación ciudadana en el proceso de identificación de prácticas ilegales en el gobierno y, a partir de ello, iniciar procesos de investigación y aplicación de sanciones por parte de las autoridades encargadas de combatir este tipo de conductas. Es por ello que las mencionadas resoluciones son un ejemplo más del impacto social que tiene el ejercicio del derecho de acceso a la información como herramienta de fiscalización ciudadana contra funcionarios corruptos y particulares ligados a ellos.
En el marco del Programa Nacional de Combate a la Corrupción y a la Impunidad, el INAI insiste en su compromiso con la sociedad mexicana para contribuir no sólo con el óptimo funcionamiento de las instituciones de gobierno, sino además para que éstas sean respetuosas de los principios constitucionales de transparencia y honradez en el ejercicio de sus funciones y el manejo de los recursos públicos.