La asignación de la mayoría calificada a Morena y sus aliados en la Cámara de Diputados es cosa juzgada.
En San Lázaro, el partido guinda, el PT y PVEM contarán con el número necesario de legisladores para impulsar reformas a la Constitución, y aunque en el Senado estarán a 3 escaños de conseguirlo, ya ha ocurrido antes que sospechosas ausencias u omisiones en las votaciones terminan por pavimentar el camino para la aplanadora legislativa.
En la puerta del Congreso ya están formadas al menos 20 reformas que el presidente presentó desde febrero y en su cálculo político advirtió inmediatamente después de las elecciones que la nueva supermayoría de Morena se estrenaría con la reforma judicial.
Hay que admitir que esa y otras reformas —como la desaparición de los órganos autónomos, la reforma electoral y la de la Guardia Nacional— ya son una realidad que irremediablemente modificarán los pesos y contrapesos necesarios en toda República democrática para garantizar su funcionamiento.
Aun sin la reforma judicial, el poder que tendrá el Ejecutivo es tremendo, pues sin capacidad para alcanzar un tercio de los votos en el Congreso, la oposición ni siquiera podrá interponer acciones de inconstitucionalidad, esos recursos legales de los que se ha valido para frenar tanto obras como modificaciones a marcos legales.
Sin embargo, el hecho de que mediante la sobrerrepresentación se apruebe la reforma judicial —que entre otras cosas plantea reducir el número de ministros de la Suprema Corte de 11 a 9 y elegir a jueces y magistrados por voto popular— ya ha prendido los focos rojos incluso fuera de México.
Apenas esta semana, Bank of America, JP Morgan y Citibanamex alertaron por el alto riesgo que representan la supermayoría y la reforma judicial para el entorno de negocios en México, pues modificarían el funcionamiento mismo de nuestra incipiente democracia, lo que puede tener repercusiones importantes e inmediatas en la vida política, económica y social del país.
Con la mayoría calificada en el Congreso, el Ejecutivo, su partido y sus aliados acumularían tal poder que cualquier cambio legal o reforma estarían blindados, y la Corte corre el riesgo de convertirse en un poder obsoleto, pues, según la mayoría de los especialistas, se suprimiría el único equilibrio entre los tres poderes de la Unión.
Conviene recordar que el debate sobre la acumulación excesiva del poder no es nuevo. La filosofía y teoría políticas de Platón, Aristóteles, Polibio, y más tarde los jusnaturalistas modernos advirtieron sobre efectos negativos cuando se rompe el equilibrio del poder.
Sin balance, la democracia deriva en demagogia; la aristocracia en oligarquía y la monarquía en tiranía.
El fondo es un tema de gobernabilidad y gobernanza. En otros países, cuando el Ejecutivo tiene mayoría en el Legislativo, le facilita la gobernabilidad y fortalece la gobernanza, que son principios éticos, respeto a la ley y valores en la vida pública. Pero eso sucede en naciones europeas, en EU y en Canadá, donde el voto es razonado y analizado a profundidad, lo que permite a los mandatarios en turno cambiar aspectos importantes que le demanda la mayoría de la sociedad.
La grave problemática en este país es que no existe una democracia representativa, por lo que los legisladores históricamente han sido paleros y borregos del presidente en turno. Como ciudadanos no sabemos, no queremos o no podemos exigirle a nuestros “representantes” que defiendan nuestros intereses y resuelvan lo que legítimamente les demanda la sociedad, y no existe en la práctica la rendición de cuentas.
Por eso son tan necesarios los contrapesos entre los poderes, a través de organismos independientes, como los que están a punto de fenecer.
SOTTO VOCE
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