MIAMI, Florida.- El gobierno de México ha jugado tanto con la bonhomía de Biden que el presidente de Estados Unidos le puso un hasta aquí por las reiteradas violaciones al acuerdo de libre comercio. Es el primero.
Vendrán más apretones, porque la paciencia tiene límites.
Tarde o temprano nos van a cobrar la amistad del gobierno mexicano con grupos criminales, que lo mismo trafican con drogas o con personas indocumentadas, que arreglan elecciones al gusto del partido del Presidente, cuando se necesita.
La feria de atropellos al Estado de derecho y a la democracia no puede continuar sin consecuencias. No, si queremos seguir siendo socios de Estados Unidos.
El golpe sobre la mesa que dio el miércoles la Oficina del Representante Comercial de Estados Unidos (USTR) es fuerte y pega bajo la línea de flotación de la economía mexicana.
La resolución puede tardar meses, pero no se ve manera de que el gobierno de México la gane.
Perderla, ha dicho el exsecretario de Economía, Ildefoso Guajardo, va implicar que nuestro país tendrá que pagar unos 30 mil millones de dólares en aranceles.
Desde el principio de la actual administración estadounidense, López Obrador confundió la cordialidad de Biden con debilidad.
Y perdió de vista que enfrente tenía sentado al político que doblegó a Donald Trump.
En lugar de corregir las faltas al TMEC que le señalaron en su reciente visita a Washington, el presidente de México optó por lo de siempre, porque le ha funcionado: mentir.
A los mexicanos los engañó con el cuento de que su explicación a empresarios y funcionarios en Estados Unidos los había convencido de lo correcto de su política energética.
Engañó en México, pero ya no le pudo tomar el pelo a los vecinos del norte.
Luego de reunirse con directivos la Cámara de Comercio de Estados Unidos, el presidente López Obrador dijo a los medios mexicanos que los empresarios de ese país “están muy satisfechos, muy contentos (sic), no hay problema (sic)… La cuestión eléctrica, pues ya entendieron de qué se trata, de que a todos nos iba a perjudicar. Es lo mismo que el petróleo”.
Pues no los convenció y sí había problemas.
La US Chamber of Commerce, como recordó en estas páginas Víctor Piz el miércoles, indicó que “los directores ejecutivos expresaron su seria preocupación por el deterioro del clima de inversión en México, y pidieron al gobierno mexicano que cumpla con sus compromisos relacionados con el TMEC”.
Nada de que estaban muy contentos con la política energética de AMLO, que niega el acceso al mercado mexicano a compañías privadas para dar prioridad a los monopolios estatales.
López Obrador alineó a los tres brazos más poderosos del vecino del norte en contra de México: la Casa Blanca, el Congreso y los empresarios.
El estatismo del gobierno de AMLO –en el tema de energía– es contrario al espíritu y a la letra del TMEC. Daña la competencia y la inversión.
Ahí está la razón por la cual Estados Unidos nos demandó ante el mecanismo para solución de controversias del acuerdo comercial firmado con ese país y con Canadá.
Para el gobierno de Justin Trudeau, la política energética de México también es considerada dañina, y respaldó la demanda de Estados Unidos. Canadá interpondrá sus propias controversias.
La respuesta del presidente de México fue tan patética como infantil: “Uy, qué miedo”.
Dentro del país, López Obrador ordenó públicamente la persecución de los jueces que dieron amparos a una empresa española que pide, por las vías legales, que el gobierno mexicano respete las reglas del juego, establecidas en la Constitución.
Se sobrevalúa el Presidente.
No puede atropellar cotidianamente las leyes ni perseguir a los jueces sin consecuencias, cuando somos socios de Estados Unidos, cuya única garantía para comerciar libremente con México es la existencia de un Estado de derecho.
Tiene alteradas las funciones de un Estado moderno.
Privatizador de sus tres tareas básicas: la seguridad (que en parte del país está en manos de mafias criminales), la salud (mandó a la medicina privada a 15 millones de personas que tenían atención en el sector público) y la educación (que devolvió a mafias sindicales).
Y la actividad económica, que básicamente es función de la iniciativa privada, la reserva para el Estado, pierde dinero, se enemista con los socios que nos mantienen a flote y viola la Constitución.
Los problemas para México con Estados Unidos apenas empiezan, por el flanco comercial.
Y en este caso no los va a pagar López Obrador, sino la industria exportadora y los mexicanos que de ella viven.