BOGOTÁ, Colombia.- Daniel Ortega ha puesto la mira y la fuerza sobre la Iglesia católica, luego de haber usado las instituciones de seguridad y de justicia para avasallar a la prensa y encarcelar adversarios.
Así construyó su dictadura en Nicaragua: creó un Estado policiaco y fue aplastando, golpe a golpe, a los contrapesos democráticos del poder.
Es que las dictaduras de hoy no surgen de un día para otro, sino que se construyen paso a paso.
Con el gradualismo en la instauración de la dictadura se evita el aislamiento internacional que suele suceder a un golpe de Estado repentino.
Ortega contó con la complicidad de tontos útiles en los organismos internacionales (o fascistas involuntarios, para decirlo de otra forma), como el actual gobierno de México.
El gobierno mexicano defiende a los Ortegas y Maduros en nombre de la autodeterminación de los pueblos, cuando lo que en realidad se defiende es la autodeterminación del tirano.
O se blinda mientras construye su propio Estado policiaco, cuya expresión más reciente es culpar a opositores y a un sector del Ejército de matar a 43 jóvenes que fueron asesinados por traficantes de heroína, coludidos con autoridades del partido del actual Presidente.
Nicaragua nos enseña en estos días cómo se llega a la culminación de una dictadura en toda la línea.
Todo empezó cuando el presidente pasó por encima de las leyes, vía plebiscitos a modo y votaciones tramposas en el Congreso, para ir a una nueva reelección.
Y como no ganaba una elección presidencial, les fabricó delitos a los opositores para desprestigiarlos, y a los candidatos que lo desafiaban los metió a la cárcel.
Ahora le llegó el turno de la guillotina a la Iglesia católica, último refugio de los ciudadanos para guarecerse de la tiranía.
La Iglesia católica en América Latina, por lo general, suele ser incómoda para las dictaduras porque las parroquias son el recinto donde creyentes, agnósticos y ateos se dan solidaridad.
Daniel Ortega en Nicaragua ha dado cátedra acerca de cómo se construye una dictadura: intimidar para gobernar. Luego encarcelar, perseguir, exiliar, y también matar.
Hace una semana fue arrestado el obispo de la diócesis de Matagalpa, Rolando Álvarez, el religioso de más alta jerarquía que en estos momentos está preso en el continente.
Irrumpieron en su casa, lo apresaron y luego se le dictó prisión domiciliaria, y cárcel a las ocho personas que trabajan con él.
Monseñor Álvarez condenaba desde el púlpito de la Catedral la detención de opositores y la supresión de derechos cívicos.
El gobierno lo acusa de fraguar un golpe de Estado, incitación al odio, y otras alucinaciones de Ortega y su señora.
“Hijos de demonios”, les llama el presidente a los sacerdotes que alzan la voz desde el púlpito, o difunden en sus parroquias los abusos de poder del régimen de Daniel Ortega y de su esposa, la vicepresidenta Rosario Murillo.
En julio, Ortega expulsó de Nicaragua a 18 monjas Misioneras de la Caridad –la orden fundada por la madre Teresa de Calcuta–. Son religiosas nicaragüenses, y el dictador las mandó al exilio.
Desde junio, otros siete sacerdotes han sido detenidos por cargos fabricados, que van desde abuso infantil hasta alteración del orden público.
Hace unos días la diócesis de Estelí sacó un comunicado en el que señala al gobierno de promover el odio entre los ciudadanos. La respuesta del régimen ha sido introducir agentes policiacos a las misas, donde toman fotos de los asistentes, hacen apuntes y graban de manera ostensible.
En un año, Ortega ha encarcelado a 200 políticos –opositores y purgas dentro del sandinismo–, periodistas, empresarios, sacerdotes y líderes sociales, que reciben acusaciones de lavado de dinero, abusos sexuales y hasta de asesinato.
A esos 200 presos políticos, hay que sumar los siete candidatos de oposición que osaron disputarle el poder a Ortega e impedir que tuviera su quinto mandato presidencial.
Miguel Mora, candidato presidencial, fue sacado a empujones de su casa, delante de su hijo Miguel, que padece parálisis cerebral.
A otro candidato opositor, Medardo Mairena, primero le prohibieron salir de Managua y sus mítines los hacía por Zoom. Su casa estaba rodeada de agentes de seguridad del gobierno. Por las noches hacían sonar las sirenas de las patrullas.
Mairena empezó a crecer, pero la noche del 5 de julio la Policía Nacional entró a su casa y se lo llevó a la cárcel. Fin de la carrera.
Todos los candidatos competitivos fueron arrestados antes de las elecciones.
Los abogados viven con miedo. Cómo no. A Roger Torres, abogado de la opositora Unidad Nacional Azul y Blanco, lo apresaron porque –dice el comunicado del gobierno– hay indicios de que “ha atentado contra la sociedad nicaragüense y los derechos del pueblo, de conformidad con la Ley 1055 y el Código Penal”.
Detalla el MP que al abogado se le acusa de “incurrir en actos que menoscaban la independencia y la autodeterminación de Nicaragua”.
Ahora está preso el obispo de Matagalpa. El golpe es a la Iglesia, el último reducto donde se exige respeto a los derechos humanos y a las libertades civiles que, a estas alturas, sólo están en la letra muerta de las leyes.
El dictador tiene todo bajo su control.