¿Qué está pasando en el país?
Pasa que el gobierno de Morena ha apretado el puño para infundir miedo.
Está creando terror para bajar la guardia de los que dicen no.
Si alguien se atraviesa a la voluntad presidencial o de autoridades emanadas de su partido corre el riesgo de ser asesinado, secuestrado o encarcelado.
La ley no rige para el grupo que todavía gobierna el país.
Todos pudimos ver las imágenes de la detención de una juez veracruzana en la Ciudad de México, con lujo de violencia por parte de sujetos sin identificación, sin uniforme ni papeles, que resultaron ser policías.
Se la llevaron presa a Xalapa, acusada de liberar a un delincuente, aunque la razón de fondo de su detención fue la mala relación con el gobernador morenista Cuitláhuac García.
Ayer el columnista Javier Tejado, en El Universal, dio una minuciosa explicación de que fue la juez Sánchez quien sentenció al presunto delincuente, y un tribunal colegiado le ordenó liberarlo por falta de pruebas.
Ella se le atragantaba al gobernador de Morena. Ese fue el punto.
AMLO, en lugar de solicitar que se esclarezca y castigue el atropello de un gobernador en contra del Poder Judicial, lo respaldó y anunció más acciones de ese tipo.
Es que “liberó a un delincuente”, dijo.
Textual: la juez Angélica Sánchez fue a la cárcel “por ordenar que se libere a un presunto homicida, considerado como parte de un grupo de la delincuencia… Entonces, en este caso, pues, se presentó una denuncia, y lo vamos a seguir haciendo (sic), contra las jueces (sic)”.
¿Y él? ¿No ordenó la liberación de un presunto homicida, jefe de un grupo criminal, llamado Ovidio Guzmán?
A la jueza, cárcel. Para él no aplica la ley, por un hecho igual.
Avisados están los jueces, a quienes el Presidente les ha declarado la guerra porque se cruzaron en su camino para instaurar en México una dictadura simulada.
Avisados están los ministros de la Suprema Corte, por si se les había olvidado el chantaje a que fue sometido Eduardo Medina Mora y su familia, para hacerlo renunciar a su sitio en el máximo tribunal constitucional.
No nos reponíamos de las imágenes de la detención de la juez Angélica Sánchez cuando nos llegó la noticia (y el video) del secuestro del magistrado presidente del Tribunal Electoral de Quintana Roo, en Chetumal.
Se lo llevaron al bajar de la camioneta frente a su casa y lo soltaron un par de horas después, golpeado.
¿Quién lo ordenó? No lo sabemos.
Pero sí sabemos que en Quintana Roo, como en buena parte del territorio nacional, autoridades y crimen organizado tienden a fundirse, mientras estos últimos aumentan su presencia con grupos que extorsionan y matan en 81 por ciento del territorio nacional.
Hay estados, como Tamaulipas, en que ya es en el cien por ciento de los municipios.
Estamos perdiendo a México.
Sabemos, también, que el Presidente está muy molesto con los magistrados electorales federales, que ratificaron las medidas cautelares del INE hacia Morena por actos anticipados de campaña.
Los magistrados federales deberán decidir, en última instancia, qué hacer con los precandidatos presidenciales de Morena que burlan la ley con una campaña electoral adelantada por cinco meses.
A la vista de todos, los precandidatos y el partido Morena cometen fraude a la ley. Ya está viciada, de ilegalidad, la elección presidencial del próximo año. Adelantaron los tiempos y rompieron el principio de equidad.
Tal vez sea una coincidencia, pero luego de lo ocurrido con el presidente del Tribunal Electoral de Quintana Roo, a ver quién es el magistrado del Tribunal Federal que se atreve a castigar a Morena o anular el registro de su corcholata ganadora.
La legalidad en México está bajo el fuego del gobierno y del crimen organizado.
¿Y quiénes quisieron matar a Ciro Gómez Leyva?
Pasó medio año y el afectado –y el gremio– no ha recibido una explicación de quién ordenó asesinarlo.
Ha habido, eso sí, calumniosas insinuaciones del Presidente sobre el motivo del atentado. No se puso del lado de la víctima.
Al contrario, lo ha cubierto de ofensas, lo mismo que a otros periodistas.
La negligencia o la complicidad del gobierno para castigar a los criminales es una advertencia a todo el gremio. A pesar de ello, muchos no se han doblado ante la intimidación implícita o explícita.
¿Qué va a pasar con México?
Vamos por mal camino.
Hay motivos suficientes para temer por la que, hasta hace poco y a pesar de nuestras diferencias y rencillas, era la casa de todos.