Ayer se consumó el fraude dirigido por el presidente López Obrador, y la tendencia en los medios y de los comentaristas políticos es convencer a la población a aceptar, someterse y adaptarse a la regresión.
De pronto borraron la participación ilegal, reiterada, del presidente de la República en las elecciones. La escondieron. O la ignoraron por los incentivos perversos que brinda la desmemoria ante el poder de los fuertes.
Son dos regresiones monumentales e indignas las que se consumaron ayer: elecciones de Estado y analistas condescendientes con el atropello presidencial al Estado de derecho.
En las elecciones de 2006, el Tribunal Electoral concluyó que el presidente Fox puso en riesgo la constitucionalidad de la elección, porque había dicho –en referencia a las elecciones– que no había que cambiar de caballo a mitad del río.
Fue uno de los argumentos de los perdedores y no pocos juristas, para exigir la nulidad de la elección.
En esta elección el INE emitió cerca de 40 medidas cautelares por las intervenciones del presidente que podrían vulnerar la imparcialidad y la neutralidad en la contienda.
Tan sólo la semana pasada, el presidente dijo que la oposición quiere incendiar el país, que son traidores a la patria, y que, aunque lo nieguen, sí pretenden anular los programas sociales. Desde luego que eso es inconstitucional.
Por supuesto que una advertencia así, reiterada 40 veces por el presidente de la República, influye en el ánimo de los que reciben los beneficios de los programas sociales.
El uso de los programas sociales para orientar el voto es un delito electoral que se castiga con cárcel.
Pero la ley no rige para el presidente y a quienes él cobija.
Y nuestros analistas en medios de comunicación lo pasan por alto, como si eso no tuviera importancia dada “la diferencia de votos” o la magnífica jornada electoral de ayer domingo.
El uso ilegal de los programas sociales para orientar el voto hacia Claudia Sheinbaum viene siendo denunciada desde la elección interna de Morena.
Marcelo Ebrard, entonces contendiente de Sheinbaum, denunció ante el órgano de fiscalización interna de Morena la intervención de la Secretaría del Bienestar en una forma tan escandalosa nunca antes vista.
No fue un arrebato de Ebrard, y se quejó ante el Tribunal Electoral para que ordenara a la Comisión de Honestidad y Justicia de Morena responder su fundamentada denuncia.
Veintitrés mil ‘servidores de la nación’ trabajaron en la extorsión de las millones de personas que reciben programas sociales, en la elección federal.
El presidente remachó una y otra vez: no les crean cuando dicen que no van a eliminar los programas sociales. Son traidores a la patria. La candidata de la oposición es títere de la oligarquía, de los conservadores, de los que quieren recuperar privilegios.
Imposible llamar a ésta una elección limpia, legítima ni nada de eso.
El crimen organizado intervino, con asesinatos y amenazas, sin consecuencias.
Eso se olvidó anoche en la gran mayoría de los medios de comunicación.
Callaron el contexto de ilegalidad, parcialidad e inequidad en que se celebró la elección.
Se desestimó el papel de los grupos criminales para matar y amedrentar con propósitos electorales.
Anoche, en una mesa de análisis en la que participé, un panelista que respeto dijo que, si bien hubo algunos hechos violentos en la jornada comicial, lástima por las víctimas, pero ni modo, no alteró la legitimidad de la elección.
Fueron las elecciones más violentas que se recuerde.
El crimen organizado asesinó a más de 30 candidatos.
Una gran cantidad de aspirantes se bajaron de la elección porque fueron amenazados de muerte por grupos criminales.
Ayer, el mismo día de la elección, hubo cuando menos cuatro asesinatos políticos.
¿Ni modo?
Los medios y la mayoría de los comentaristas en radio y televisión ignoraron el fraude cometido por el gobierno.
En el mejor de los casos lo minimizaron por la distancia entre el primero y el segundo lugar.
Falso que haya sido una elección limpia.
Claudia Sheinbaum asumirá el poder con la mancha imborrable de la ilegalidad.
Un triunfo ganado por la intervención anticonstitucional del presidente, y la compra de voto más grande de la historia.