Llámenle ‘blando’, ‘popular’ o ‘técnico’, lo que va a ocurrir en septiembre en el Congreso es la consumación de un golpe de Estado.
Van a transferir un poder público autónomo, el Judicial, a un partido, Morena.
Así, el actual partido mayoritario tendrá el control de los tres poderes de la Unión: el Ejecutivo, Legislativo y Judicial.
Sólo la acendrada resistencia a llamar a las cosas por su nombre ha evitado que hablemos de lo que significa transferir los tres poderes a un solo partido.
Morena y sus aliados, con menos de 55 por ciento de los votos, tendrán en la siguiente legislatura una mayoría calificada que los votantes no le concedieron.
Hay un vacío en la ley que le permitiría a la coalición gobernante arrogarse una discutible sobrerrepresentación más allá del 8 por ciento que la Constitución establece como límite máximo.
Además de cambiar 16 artículos de la Constitución para que jueces, magistrados y ministros sean electos por voto popular, también lo harán para desaparecer el INE y crear un Instituto Nacional de Elecciones y Consultas, cuyos integrantes también serán electos por votación popular.
Es decir, Morena tendrá el control de los tres poderes, y también del órgano que funge como árbitro de las elecciones.
Lo que tenemos en curso es un golpe de Estado. Incruento, blando, pero golpe de Estado.
Con esos controles, Morena seguirá en el poder por el tiempo que sea y no habrá manera de sacarlos de Palacio Nacional.
El Presidente ha dicho que en la reforma judicial pueden cambiar lo que quieran, menos una cosa: la elección por voto popular de jueces, magistrados, consejeros de la judicatura y ministros.
Lo fundamental, pues, es que el partido mayoritario, Morena, controle el poder que en todas las democracias es autónomo, independiente: el Judicial.
Como explicó Luis Carlos Ugalde ayer en estas páginas, los (30) candidatos a ministros de la Corte (nueve plazas) dispondrán de un periodo para hacer campaña, pero sin dinero público ni privado para financiarlas.
¿Entonces?
De por sí la mayoría de la gente (señalan las encuestas de Morena) desconoce la existencia de un proyecto de reforma judicial, ¿cómo se va a enterar de los mejores perfiles a elegir de entre una treintena de aspirantes a la Suprema Corte?
Quien cuente con el respaldo de una estructura partidaria, y la del gobierno, va a ganar. Es decir, aquellos que sean promovidos por Morena.
Igual sucederá con los candidatos a ocupar los mil 800 cargos del Poder Judicial que se elegirán.
Habrá quienes argumenten que a los actuales miembros de la Corte también, en última instancia, los nombra el presidente. En el extremo de los casos (cuando no hay acuerdo en la pluralidad del Senado), así es.
Lo que ha permitido que los ministros sean autónomos a pesar de haber sido propuestos por tal o cual presidente de la República, es su condición de inamovibles.
De ahí que hayamos tenido, por ejemplo, al ministro Arturo Zaldívar que se desempeñó con independencia del presidente Calderón, que lo propuso.
O la ministra Margarita Ríos Farjat, que asumió su papel sin tener que pagar el favor al mandatario que la propuso, AMLO.
Con la reforma que aprobarán Morena y aliados se elimina la condición de inamovible.
El Tribunal de Disciplina Judicial, que creará la reforma, podrá remover a los ministros, entre otros motivos, por corrupción.
Según el Presidente, todos los ministros y jueces que han frenado disposiciones suyas, por ilegales o francamente inconstitucionales, son corruptos.
El Tribunal de Disciplina, electo por votación popular, es decir por Morena, será la espada que tendrá el partido gobernante sobre la cabeza de los ministros.
Los miembros del tribunal, electos con el apoyo y voto de Morena, vigilarán el comportamiento de los ministros que también habrá elegido en las urnas el partido mayoritario (Morena).
No habrá manera de quitárnoslos de encima.
Ni Estado de derecho.
Lo que hay es un golpe de Estado, a concretarse en septiembre.
Y si además de asumir el mando de los tres poderes, Morena se apropia del árbitro electoral y elimina la representación proporcional en el Congreso, ¿cómo se puede llamar a ese tipo de gobierno?
Durante cinco años el Presidente y sus propagandistas en los medios estuvieron hablando de que en México se fraguaba un “golpe de Estado blando”.
Tenían razón. Era el suyo.