Uso de Razón

Y los empresarios, ¿cuándo?

La gran mayoría de los empresarios no vive de las canonjías que brinda estar en la gracia del presidente en turno; no todos son rentistas.

En la manifestación del domingo ante la sede del INE contra el intento de darle a Morena un poder absoluto en el Congreso, algo que la ciudadanía no le dio mediante el voto, brillaron por su ausencia los dirigentes empresariales.

No es lo suyo eso de manifestaciones callejeras, es cierto, porque tienen una herramienta mucho más poderosa: de ellos depende que la economía funcione y que haya empleo.

¿Se van a quedar de brazos cruzados mientras un partido, contrario a la filosofía empresarial, promotor de la lucha de clases, prorruso, asume el mando absoluto para cambiar la Constitución a su antojo?

¿Nada van a hacer para impedir que se disuelva la separación de poderes?

¿Serán simples espectadores de la pérdida de acceso a la justicia para litigar contra el gobierno en turno?

¿Van a aceptar que se instaure en México un sistema de justicia basado en la opinión de la mayoría y no en la razón y la ley?

¿Ni un dedo van a mover para frenar la inminente limitación del derecho de amparo?

¿Les tiene sin cuidado que se apruebe la prisión oficiosa por sospecha de evasión fiscal?

¿Van a aceptar, sin más, que el partido del gobierno organice y sea el árbitro de las elecciones?

¿No están viendo la operación de Estado para blindar a un gobernador que llegó al poder con la intervención violenta de un cártel de las drogas?

Lo que sucederá la próxima semana en el INE, cuando los consejeros resuelvan –como ha perfilado Guadalupe Taddei– darle a Morena y aliados 74 por ciento de las curules en la Cámara de Diputados, cuando el electorado le dio 54 por ciento, cambiará el rumbo del país.

Con esa mayoría ficticia se aprobará el plan C de Morena, que es la desaparición de los contrapesos del poder presidencial y se pondrá la justicia en manos de un partido político.

Lo que desaparece es la certeza jurídica de que se van a respetar contratos, leyes y al gobierno no se le podrá ganar un juicio porque es el representante del interés de la mayoría.

Con la elección de jueces, magistrados, ministros de la Corte, e integrantes de un Tribunal de Disciplina que podrán remover a quienes actúen contra ‘el interés de la mayoría’.

Son de sobra conocidas las reformas prioritarias, que deben salir antes de que López Obrador abandone la Presidencia, y las restantes del plan C, que es el programa de gobierno de Claudia Sheinbaum.

Para el cambio de leyes tienen mayoría, el electorado se las dio. No es el caso de la mayoría calificada para cambiar la Constitución. Obtuvieron 54 por ciento de los votos, la oposición 42 por ciento.

Con la sobrerrepresentación que permite la ley podrían llegar a 62 por ciento, que es insuficiente para modificar la Constitución.

Si ese golpe no se frena ahora, una vez que lo valide el Tribunal Electoral federal no habrá reversa.

Es posible que Claudia Sheinbaum no ejerza el poder con autoritarismo totalitario. ¿Y si sí?

Los límites a las libertades no se pueden dejar a la voluntad o a la índole de una persona, sino a lo que disponga la Constitución.

Y eso es lo que un grupo político va a poder cambiar a placer si obtiene en la mesa la mayoría calificada que no le dieron los votantes.

Los empresarios tienen el poder para sentar al gobierno a reflexionar sobre el tema.

Es verdad que muchas de las grandes fortunas del país se han incrementado de manera asombrosa gracias a las rentas que les arroja la discrecionalidad con que el gobierno de López Obrador maneja el dinero público.

Pero no todos son rentistas. La gran mayoría de ellos no vive de las canonjías que brinda estar en la gracia del presidente en turno.

Les están viendo la cara a los empresarios cuando les dicen que la eliminación de los órganos reguladores y otros contrapesos del poder es por austeridad.

Obvio que no es por ahorrar. Es la toma del poder total y a perpetuidad por parte de un grupo político antagónico a la libertad de empresa, a la libre competencia, adicto a los monopolios y al despilfarro del dinero de los impuestos.

No hay tal ‘mandato popular’ para darle en la torre al país.

Los empresarios pueden evitar la aventura totalitaria que está por consumarse.

Tienen esa posibilidad ahora; después de septiembre, ya no.

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