Ya se supo la verdad: la iniciativa para extender el periodo de dos a cinco años el mandato al gobernador de Baja California partió de la Secretaría de Gobernación.
Se confirma lo dicho: se trata de un experimento para ir midiendo al ánimo y perpetuar a Andrés Manuel López Obrador en la presidencia de la República.
No estamos ante una idea aislada de un hombre ambicioso, el morenista Jaime Bonilla.
La maniobra arrancó como una propuesta de la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, y de la presidenta de Morena, Yeidckol Polevnsky, presentada al dirigente nacional del PAN, Marko Cortés.
El presidente López Obrador dijo que él no tuvo nada que ver en lo sucedido y pidió a los reporteros que le pregunten a su secretaria de Gobernación "si recibió la orden del presidente para que se llevara a cabo esta reforma o acuerdo".
Sería ingenuo esperar que Sánchez Cordero dijera que cumplía una instrucción de su jefe para violar la Constitución, puesto que en enero ya había arrancado el proceso electoral en Baja California (inició en septiembre de 2018)
O tal vez sea cierto lo dicho por AMLO, que él no ordenó esa negociación a su secretaria de Gobernación. Pero, ¿y a la presidenta nacional de su partido?
Es imposible que la titular de Gobernación y la dirigente de Morena arrancaran negociaciones al más alto nivel con el líder nacional del PAN, para modificar la Constitución bajacaliforniana sin el acuerdo del presidente de la República.
Salvo que Olga Sánchez Cordero haya cometido una imprudencia a espaldas del presidente, por lo cual debería haber renunciado.
No fue así, sino al contrario: una vez descubierto el enjuague, el presidente le dio todo su respaldo a la secretaria de Gobernación.
¿Cómo es que a una secretaria de Gobernación que por su cuenta emprende una acción al más alto nivel para violar la Constitución en Baja California, no se le pida la renuncia?
¿Por qué el presidente respalda a Sánchez Cordero luego de conocerse que fue ella la que impulsó ampliar el periodo de gobierno?
No hay que ser muy astuto para entenderlo.
El siete de mayo, menos de un mes antes de las elecciones en BC, el presidente del Congreso, el priista Benjamín Robles, dijo en rueda de prensa que hacía responsables de lo que pudiera sucederle a él y a su familia, al director general de Aduanas, Alejandro Miramontes, y al subsecretario de Gobernación, Ricardo Peralta, porque lo presionaban a citar a periodo extraordinario a fin de cambiar la ley y ampliar "a cinco o seis años" el periodo del siguiente gobierno.
Dijo que le habían ofrecido una "cantidad fuerte, estamos hablando de un millón de dólares", por citar a sesión y cambiar la ley.
El presidente del Congreso bajacaliforniano dijo que pidió instrucciones al Comité Ejecutivo Nacional de su partido y que Arturo Zamora (secretario general del PRI) le respondió "terminantemente que no".
Destacó la presencia en esa entidad del subsecretario de Gobernación, Ricardo Peralta (número dos de Sánchez Cordero), que era quien traía las instrucciones y lo responsabilizó de la maniobra.
Peralta había presionado a los magistrados electorales de Baja California para ampliar el mandato del siguiente gobernador a cinco años. Ellos accedieron en dos ocasiones, y en los dos intentos recibieron el revés del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, por inconstitucional.
Luego ocurrió lo que todos conocemos: pasaron las elecciones, como era esperado ganó Bonilla, y el Congreso estatal aprobó la propuesta de la diputación de Morena para que el gobierno próximo no fuera de dos sino de cinco años.
Para ello los diputados de Morena contaron con los votos de (no todos) panistas y priistas, incluido Benjamín Robles, quien había dicho que le ofrecieron un millón de dólares por citar a sesión antes de las elecciones y cambiar la ley.
Una vez que estalló el escándalo, el subsecretario Peralta dijo que lo aprobado por el Congreso de Baja California era legal.
Su jefa, Olga Sánchez Cordero, declaró que como exministra de la Corte afirmaba que lo aprobado en BC violaba la Constitución, y que como secretaria de Gobernación era respetuosa del Congreso local.
Es decir, la secretaria de Gobernación respeta que se viole la Constitución.
Todo un batidillo en el que el gobierno federal tiene las manos metidas, presionó, y desde el gobierno se movieron los hilos (o el dinero) para 'convencer' a los diputados locales, como lo declaró el presidente del Congreso, Benjamín Robles.
López Obrador tal vez no miente cuando firma ante notario que no se va a reelegir (lo mismo hizo Hugo Chávez, que se reeligió hasta que la muerte lo alcanzara).
Basta con que en el Congreso federal le amplíe su mandato y continuar en el poder sin violar su compromiso.
Es lo que acaban de hacer en Baja California, si es que consuman su objetivo.