Este año comenzó intenso y seguirá así. Más allá de los eventos imprevisibles que sucedan es posible anticipar una agenda pública complicada al menos en los siguientes frentes.
En la arena electoral está anunciada la aprobación y publicación de una reforma electoral regresiva en todas sus aristas. Una reforma que pone en riesgo a las instituciones que permitieron la transición a la democracia y, con ello, amenaza nuestro derecho político —que es un derecho humano— al voto.
El consejero Ciro Murayama ya denunció el primer golpe a la equidad en la competencia política desde la Ley de Comunicación Social. Pero lo que sigue atentará también contra la independencia, autonomía e imparcialidad de la autoridad encargada de organizar las elecciones. Con la destitución del secretario ejecutivo, el cese de 85 por ciento del personal del servicio profesional electoral, la desaparición de los órganos desconcentrados a lo largo y ancho del país, la cancelación de los fideicomisos, entre otros despropósitos, se ponen en vilo los comicios nacionales del próximo año. Lo afirmo sin retórica.
Por eso es previsible que lloverán recursos jurídicos contra esa reforma legal. Mediante acciones y controversias constitucionales, amparos (cuya procedencia es discutible) y juicios de protección de los derechos político-electorales de las y los ciudadanos, diversos actores acudirán al Poder Judicial. No es difícil anticipar el ambiente de tensión y presión política en el que las personas juzgadoras deberán emitir sus sentencias. Serán meses litigiosos de incertidumbre jurídica. Y el proceso electoral iniciará de modo indefectible en septiembre de este mismo año.
La Suprema Corte de Justicia de la Nación enfrentará esa coyuntura en un momento muy complicado. La presidencia de la ministra Norma Piña acaba de iniciar y ya está teniendo que sortear un escándalo que ha lesionado de manera sensible el prestigio del tribunal constitucional. El plagio de la tesis de licenciatura de la ministra Esquivel y la reticencia de ésta a reconocerlo y a renunciar en consecuencia, está minando a la Corte de cara a la opinión pública. Basta con leer el comunicado del Consejo General de la Abogacía Mexicana y de los tres principales colegios de juristas del país para calibrar la gravedad del daño. Hasta ahora la presidenta y el pleno de la SCJN han guardado silencio, pero no podrán hacerlo por mucho tiempo. Recuperar la estima pública perdida es condición necesaria para sortear los retos jurídicos que les esperan. No sólo en materia electoral sino también en materia de seguridad pública y Fuerzas Armadas.
El escándalo del plagio también ha colocado a la UNAM en una situación difícil. Si bien las autoridades de la universidad más importante del país, han actuado con celeridad y transparencia, los defectos en su normatividad interna y la interpretación que a la misma se le ha dado, han desembocado en un embrollo políticamente incorrecto. Resulta que sí hubo plagio, que sí lo cometió la ministra Esquivel pero que la universidad no puede declarar la nulidad del título que le otorgó. Esto conduce hacia un escenario de impunidad que ha despertado indignación en la opinión pública. Más allá de las interpretaciones jurídicas se trata de un escándalo académico que está lastimando el prestigio de la universidad. Ese daño colateral de su acto deshonesto tampoco parece importarle a la ministra que niega todo y no se responsabiliza de nada.
Esto sucede en el año en el que la Junta de Gobierno de la UNAM elegirá a la próxima persona titular de la rectoría. O sea, en el peor momento. Las presiones y los desafíos para la autonomía universitaria se anticipan intensos. Para colmo es previsible una escalada del conflicto entre un importante sector de la academia y el gobierno de la República por la iniciativa de Ley General en Materia de Humanidades, Ciencias, Tecnologías e Innovación presentada ante la Cámara de Diputados en diciembre de 2022. También en este caso, el desplegado publicado por las academias mexicanas de ingeniería, ciencias y medicina es elocuente de lo que está en juego.
En síntesis, los meses por venir están grávidos de complicaciones para la vida nacional. Afirmar que estará en juego el destino del país es tan obvio como preciso. Pero sostener que lo que está en juego es nuestro sistema democrático, la apuesta por el Estado de derecho y el desarrollo social y económico de México no es tan obvio, pero es igualmente preciso.
Por eso pienso que este será un año de zozobra.