Para calibrar la presencia en la vida pública que ha ganado la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) es suficiente echar una ojeada a la prensa del día de ayer. Si dejamos de lado el bochornoso caso del plagio de la tesis de licenciatura (por no hablar de la de doctorado) de la ministra Esquivel y su litigio con la UNAM, tenemos huellas periodísticas sobre cuestiones relevantes que merecen destacarse.
Por ejemplo, en algunas primeras planas se destaca la decisión de la ministra Loretta Ortiz, de admitir una controversia constitucional presentada por el INAI. Pero, sobre todo, se subraya que negó la suspensión que permitiría que ese órgano constitucional autónomo sesionara con los cuatro integrantes que han quedado en su pleno. La negativa puede tener consecuencias para la garantía de derechos humanos y, bajo esa premisa, la suspensión habría podido proceder, pero la ministra la negó. Ahora habrá que esperar a que las salas o el pleno de la SCJN se pronuncien; pero, por lo pronto, el efecto pernicioso del entuerto provocado por el Senado y el presidente de la República seguirá surtiendo efectos. Sin quorum no habrán resoluciones del órgano garante de la transparencia y de nuestro derecho de acceso a la información pública.
En el diario Milenio del mismo día podemos encontrar un interesante y polémico artículo del ministro Arturo Zaldívar intitulado: “Por qué voté a favor de la Guardia Nacional”. Se trata de su explicación sobre las razones que lo llevaron a votar con la minoría (tres votos) en la decisión adoptada por la Suprema Corte, el pasado 20 de abril, mediante la que se declaró inconstitucional un paquete de reformas que transferían el control operativo y administrativo de la Guardia Nacional a la Secretaría de la Defensa Nacional. La decisión es de la máxima trascendencia en el contexto actual y versa sobre una de las políticas públicas que genera mayores preocupaciones para amplios sectores de la sociedad mexicana. Así que, más allá de las razones del ministro, el artículo de periódico es sintomático de un momento histórico en el que las decisiones de la Corte constitucional son objeto de un escrutinio público y social sin precedentes.
No soy —y creo que nunca seré— afecto o usuario de las redes sociales, pero sí sé que el tráfico de mensajes de todo tipo es intenso en torno a esas decisiones judiciales. Entiendo que no es nuevo pero sigue siendo inusitado. Lo que sí es insospechado y muy preocupante son las manifestaciones in situ para denostar a la ministra presidenta y a los ministros que votan decisiones que contrarían al gobierno. Lo que ha estado sucediendo en la puerta de la SCJN es síntoma de descomposición y efecto de la polarización. Nada bueno promete esa fórmula. Las portadas de algunos periódicos del mismo día también dan cuenta de esa movilización de tintes fascistoides. Es difícil saber quiénes están detrás de la estrategia y tampoco es fácil calibrar los alcances de la misma, pero queda claro su talante autoritario y antidemocrático. Quienes la promueven son adversos a la distribución, la limitación y el equilibrio entre los poderes del Estado.
La agenda legislativa reciente y la inminente auguran una tensión creciente entre los poderes políticos y el Poder Judicial. Los primeros han decidido desafiar al marco constitucional con decretos legislativos plagados de irregularidades; y al segundo le corresponde evidenciarlo y sancionarlo. La tensión está latente y la confrontación se anuncia inevitable. No olvidemos que los derroteros del plan B en materia electoral todavía son inciertos y que otros expedientes sobre las Fuerzas Armadas y órganos constitucionales autónomos —como es el caso del INAI— siguen pendientes de estudio y sentencia.
Si, además, la mayoría política sigue aprobando reformas legales al vapor y dispensando trámites legislativos como ha venido haciendo en estos días, el conflicto entre poderes puede incrementarse. Ante la impugnación de esas reformas, la SCJN —en atención a sus precedentes— deberá decretar su inconstitucionalidad de tajo; porque sin análisis, deliberación y negociación, no hay proceso legislativo digno de ese nombre.
Esperemos que el encontronazo no desborde el frágil marco constitucional que, mal que bien, ordena nuestra convivencia.