La declaratoria de inconstitucionalidad de la primera parte del llamado plan B es importante pero, si nos atenemos a los precedentes del propio Tribunal constitucional mexicano, no es sorprendente. Como expusieron algunos de los integrantes del Pleno de la Corte en la sesión del 8 de mayo, la postura de sus integrantes en el caso de leyes impugnadas por su aprobación presurosa y desaseada ha cambiado en el tiempo.
Hace algunos años el criterio que prevalecía era formalista y el criterio actual es garantista. Antes bastaba con que se sumaran los votos de las mayorías legislativas para que una ley se considerara válida. Ello sin importar la premura con la que hubiera sido aprobada. De alguna manera los “mayoriteos” se consideraban válidos.
Con el paso del tiempo la perspectiva judicial fue evolucionando hasta configurarse la interpretación que prevaleció el lunes pasado. Si analizamos —por mencionar solamente un caso— el debate en el caso de la acción de inconstitucionalidad 50/2017 que concluyó con la anulación de la Ley Federal de Telecomunicaciones el 29 de agosto de 2022, encontraremos todos los argumentos que escuchamos hace un par de días.
De hecho, lo único sorprendente fue la postura de las ministras Esquivel y Ortiz que, con deplorables circunloquios, cambiaron de criterio. En agosto del año pasado pensaban que las violaciones al proceso legislativo y la omisión de llevar a cabo una consulta a los pueblos y comunidades indígenas eran causas de invalidez, pero ahora sostuvieron lo contrario.
En efecto, la decisión del año pasado se aprobó por unanimidad de once votos y ahora se sumaron solo nueve. Ríos Farjat y Zaldívar —de cuyos votos se especulaba en algunos medios— fueron consecuentes al igual que siete de sus pares. El dato merece reconocimiento porque el respeto a los precedentes es un elemento medular de la justicia constitucional. Es cierto que las personas juzgadoras pueden cambiar de opinión pero deben sustentar el viraje en razones convincentes, lo que no sucedió en el caso de las ministras disidentes.
El núcleo del argumento de la mayoría merece un comentario. El proceso legislativo no solo es un asunto de reglas y números, también es una cuestión de principios democráticos. Para explicar el punto retomo los cuatro verbos característicos de la decisión democrática identificados por Michelangelo Bovero: elegir, representar, deliberar, decidir.
Los cuatro eslabones de esa cadena son necesarios para que un acto legislativo sea democráticamente válido, pero entre la representación y la deliberación existe un nexo estrecho y fundamental. El intercambio de argumentos y razones entre las personas legisladoras —entre las mayorías y las minorías— es la garantía de que la pluralidad de visiones de la ciudadanía se encuentran representadas. Por eso, entre la elección y la decisión debe mediar la deliberación como garantía de la representación.
Como sabemos, eso no sucedió cuando se aprobó el plan B. Por eso es inconstitucional. Lo es en su primera parte y debe serlo también en la segunda. La razón jurídica es la misma. Así como también lo serán —en caso de que sean impugnadas— las leyes y reformas aprobadas al vapor la noche del sábado 29 de abril por el Senado de la República. Entre ellas se encuentra la Ley General en materia de Humanidades, Ciencias, Tecnologías e Innovación que ha generado zozobra entre amplios sectores universitarios y que fue rechazada por los consejos directivos de las Academias de Ciencias, Ingeniería y Medicina.
PD. Hace una semana, el miércoles 3 de mayo, la directora del Conacyt presentó un gráfico calumnioso en la conferencia matutina del presidente de la República. El disparate sería irrelevante si no fuera porque proviene de una funcionaria del gobierno federal y si no hubiera estado su jefe presente. El nombre de este columnista aparece junto al de otras personas académicas —algunas de las cuales no tengo el gusto de conocer y otras tantas que son colegas y amigas con las que he emprendido proyectos a lo largo de los años— con la aviesa intención de aparentar un contubernio. Rechazo el infundio y exijo una disculpa pública. La merecemos y no debemos callar.