Desde el arranque de su campaña presidencial las dos candidatas punteras han venido haciendo promesas y compromisos de la más diversa naturaleza. Sería injusto negar que ha habido planteamientos interesantes; de la misma manera que sería obsequioso afirmar que todo lo que han propuesto es atinado, deseable o viable.
Las personas expertas en la amplia baraja temática sobre la que versan las campañas se están dando a la tarea —y seguramente lo seguirán haciendo— de ponderar méritos y defectos de las propuestas serias que merezcan ser analizadas.
Desde hace algunos años contamos con una Línea de Investigación sobre Derecho e Inteligencia Artificial (LIDIA) en el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. Desde ese mirador académico, con enfoques interdisciplinarios, hemos generado espacios de reflexión sobre casos, temas y propuestas que problematizan la compleja relación del instrumental jurídico con los cambios e innovaciones tecnológicas.
Los intereses del nutrido grupo de investigación se han enfocado a temas de actualidad como la responsabilidad civil de los intermediarios de internet, las implicaciones jurídicas del uso de cómputo en la nube por parte del sector público, la moderación de contenidos en las plataformas digitales y de internet, entre otros. Invito a los interesados a que consulten las publicaciones de acceso abierto en la Biblioteca Jurídica Virtual del IIJ-UNAM.
En esta ocasión me interesa rescatar un estudio en particular sobre el “modelo de intermediación de servicios de movilidad y reparto por internet”, que anticipa una discusión necesaria que nos permita entender, definir y revisar los alcances legales de las plataformas de reparto y movilidad que operan en nuestro país. Dicho tema fue abordado por la candidata Sheinbaum cuando lanzó sus 100 compromisos para México. Estoy convencido de que este asunto será relevante gane quien gane el gobierno de la República. Estas fueron sus palabras:
“Promoveremos, porque hoy este oficio en las ciudades de México se ha creado, hay mucha gente que trabaja en ello, con un trabajo muy pauperizado, por ello, vamos a promover la obligatoriedad de la seguridad social para los trabajadores repartidores de aplicaciones telefónicas que hoy son contratados fuera de la ley”.
Discrepo de las tesis implícitas en el fraseo de la candidata, pero coincido en la importancia del tema. En el estudio de LIDIA que he mencionado se reflexionó desde la perspectiva del derecho privado, el derecho laboral y el derecho fiscal. Las conclusiones y propuestas fueron presentadas en un foro en octubre de 2022. Es interesante advertir que DiDi, Uber, Beat y Rappi se sumaron como organizaciones convocantes y que el énfasis del encuentro fue, precisamente, la seguridad social.
Comparto con las personas lectoras las siguientes reflexiones:
a) Las campañas políticas son un espacio para la improvisación y para las ocurrencias, pero también para detectar problemáticas concretas y relevantes que requieren respuestas desde el gobierno. Cuando la candidata Sheinbaum dice que “hay que poner la tecnología al servicio de la gente y de la nación”, tiene razón.
b) Los nuevos desarrollos tecnológicos —en particular la IA generativa— plantean enormes desafíos sociales, económicos, culturales, etcétera, en todo el mundo. El derecho, como instrumental civilizatorio para coordinar y organizar la convivencia, se ve inevitablemente interpelado por esos fenómenos. De hecho, existe escepticismo fundado sobre su capacidad para encarar y encauzar el reto.
c) Es un error mirar a las tecnologías como un problema y perder de vista que traen consigo un cúmulo de oportunidades. Las aplicaciones de movilidad y reparto por internet son benéficas para sus propietarios, pero también para sus miles de repartidores y conductores que encuentran en ellas fuentes de ingresos importantes para complementar o resolver sus necesidades. Y ya no hablemos de los usuarios finales que, a partir del uso de dichas aplicaciones, resuelven problemas de movilidad o de reparto de bienes.
d) Dado que se trata de un fenómeno mundial, es importante tener una perspectiva comparada. Sobre todo cuando se busca encontrar equilibrios regulatorios entre industria, gobierno y personas. En particular, si se adopta una perspectiva de derechos y seguridad social. Las buenas prácticas existen y hay que saber aprovecharlas.
e) Finalmente, dada la complejidad de estos fenómenos, cualquier intento regulatorio debe involucrar a todos los actores interesados y capaces de aportar: academia, industria, repartidores, usuarios y, por supuesto, gobierno.
Acá lo dejo porque acaba de llegar la persona que ha traído la compra del supermercado hasta la puerta de mi casa.