El frenesí no da pausa para el análisis. Me limito a reportar la manera en la que me asaltó la vorágine del martes 27 de agosto de 2024. De la misma forma —me imagino— que a las muchas personas que están interesadas en la vida de México. Lo hago para dejar constancia desde el mirador personal de un día que dejará huella y marcará la ruta de eventos que nos aguardan —o nos asechan, según se quiera— a la vuelta de la esquina.
PRIMERO. Me siento muy temprano a leer la prensa y me topo con una columna de Héctor Aguilar Camín intitulada “fin de ciclo” en la que anuncia que, después de catorce años, le han pedido dejar su espacio en La hora de opinar de Televisa. Cuenta que, junto con él, se van otros cinco comentaristas y sostiene que la decisión “no puede entenderse sino como un sesgo político”. Mal augurio para comenzar el día.
SEGUNDO. El tema de la sobre-representación legislativa. Lleva semanas en la prensa, ha polarizado de nuevo a la opinión pública, ha desencadenado polémicas retóricas y preocupaciones genuinas y sigue ahí, vigente. Siete consejerías del INE, sin argumentaciones jurídicas medianamente atendibles y con pretensiones leguleyas, avalaron una operación política grosera. El entuerto mal resuelto ha pasado ahora a la mesa de la justicia. El hecho, por desgracia, no invita al optimismo.
La Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación no es un tribunal constitucional confiable. No lo ha sido desde hace mucho tiempo. Así que esperar una interpretación robusta, una deliberación de altura y una decisión de Estado por parte de sus integrantes resulta ilusorio. Lamentablemente, no hay bases ni precedentes que nos permitan confiar. Y lo peor que le puede pasar a un tribunal es que no sea fiable.
Sin embargo, a las 10:44 am, en uno de los grupos de WhatsApp que comparto con colegas y amistades, comienza a fluir información sobre la contradicción de criterios que planteó el Partido Acción Nacional ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación entre su pleno y la Sala Superior del tribunal electoral sobre ese mismo tema. Circula en redes el acuerdo de admisión por parte de la presidenta Piña. A partir de entonces, se activa la expectación, la confusión y, en muchos casos, sin exageraciones, la esperanza.
La pregunta que gravita en el ambiente es si la SCJN puede definir el criterio que deberá seguir el tribunal electoral y, con ello, eventualmente, atajar la sobre-representación en la Cámara de Diputados. La interrogante va y viene hasta que el ministro González Alcántara la disipa. Dice el ministro: “De conformidad con el artículo 99, fracción I, de la Constitución (…), la Sala Superior es la única autoridad facultada para revisar la asignación de diputaciones o senadurías por el principio de representación proporcional”.
Lamentablemente tiene razón. En este caso no hay margen para la interpretación que sí pudieron hacer las consejerías electorales y también podrían hacer las magistraturas electorales. No lo hay porque la regla es clara y es única. De ahí que solo podamos rescatar la lacónica conclusión de su mensaje: “Cada órgano debe asumir, en este sentido, la responsabilidad que la Constitución le confiere”, dice el ministro. Así que vamos de regreso a las fauces de las juezas y los jueces electorales.
TERCERO. El presidente “pone pausa” a la relación de nuestro país con nuestros vecinos y socios comerciales. No le gustó que criticaran su iniciativa de reforma judicial y les plantó cara. La respuesta de los EU no se ha hecho esperar y no parece aminorar el desencuentro. Después de expresar respetos y frases amistosas, dice la embajada estadounidense: “Como lo expresó el Embajador Salazar, Estados Unidos apoya el concepto de reforma judicial en México, pero nos preocupa mucho que la elección popular de jueces no aborde la corrupción judicial ni fortalezca el poder judicial del Gobierno de México”.
O sea: estamos en contra de la médula de la iniciativa del presidente mexicano que será aprobada por su obsequiosa y servil legislatura.
CUARTO. Entre una reunión y otra recibo la llamada de un familiar sensato, trabajador y de una edad respetable. Su pregunta me sorprende porque no soy experto en temas financieros: “¿crees que debo comprar dólares?”, me espeta. No soy capaz de aconsejarlo, pero la interrogante me incomoda. Voy a revisar y el tipo de cambio rebasa los veinte pesos por dólar. Ayer estaba a 19.30, me dice.
QUINTO. Estoy por sentarme a escribir este artículo y me llama otro familiar joven, emprendedor, impetuoso y exitoso. Me pide un favor similar, pero distinto: “el consejo de la empresa en la que trabajo está formado por personas americanas. Está muy tenso por lo que han escuchado de la realidad actual del país. Tienen poca información, pero están nerviosos con la reforma judicial. ¿Podrías regalarnos 30 minutos de tu tiempo para explicarnos los riesgos y, si es posible, tranquilizarnos un poco?”.
SEXTO. Una amiga que trabaja en la Suprema Corte me manda unos videos que apenas veo. Son el registro visual y auditivo de las manifestaciones por la mañana al interior del recinto del máximo tribunal del país en contra de la reforma judicial. Personas trabajadoras con pancartas y consignas que defienden su honorabilidad y su trabajo. Les escucho cantar el himno nacional y gritar ¡vivas! Por la independencia judicial y por la división de poderes.
Me voy a caminar con mi perro.
SÉPTIMO (casi PD). Regreso de caminar y leo que ya se ha publicado el proyecto del magistrado De la Mata sobre la sobre-representación. Lo estudio con cuidado. Es un texto pobre, endeble y jurídicamente frágil. Muy frágil. Así como nuestra Democracia Constitucional.