Hace algunos días se cumplieron 25 años de la reforma judicial más importante en el siglo XX y de lo que va del XXI. El acontecimiento ha sido subrayado por el presidente de la SCJN el día de ayer en su colaboración periodística y también fue referido por la nueva integrante de la Suprema Corte, Ana Margarita Ríos-Farjat, en su sobrio y atinado discurso de toma de posesión del lunes pasado. Podemos esperar que esta tendencia se repita a lo largo de todo el año, al menos en los ámbitos de relevancia jurídica nacionales.
No es para menos. Con aquella reforma la Suprema Corte se transformó en tribunal constitucional, se creó el Consejo de la Judicatura e inició un proceso de fortalecimiento del Poder Judicial Federal. En materia jurídica esa transformación fue tan importante como la reforma electoral de 1977 para la democracia.
Pero, como todas las reformas, tuvo efectos y defectos. Un cuarto de siglo después ha llegado la hora de un nuevo ajuste normativo al funcionamiento del Poder Judicial. En ello parece existir un consenso en el foro, la academia y la propia Judicatura.
Ello no significa que exista un acuerdo sobre el sentido y alcance de la reforma por venir, pero todo indica que la misma será inminente. A continuación delineo cinco temas que a mi juicio deben tomarse en cuenta al llevar a cabo esta operación legislativa.
a) El presidente Zaldívar ha insistido con razón en este punto: la reforma debe provenir del propio Poder Judicial. Es claro que la iniciativa puede ser presentada por el presidente de la República y que a él le tocará promulgarla y publicarla. También lo es que serán las y los legisladores nacionales quienes deberán aprobar los cambios constitucionales y legales pero, en aras del principio de independencia y en atención al imperativo de la autonomía, la reforma al poder que controla los actos de los otros dos poderes debe ser propuesta por los propios juzgadores. Se trata de una cuestión de principio que en nada lesiona el carácter republicano del Estado mexicano. Por el contrario, lo fortalece.
b) No habrá reforma que sirva si no se coloca en el centro de la ecuación el tema del ingreso al Poder Judicial y de las reglas para hacer carrera al interior del mismo. Los males a superar han sido denunciados y documentados por funcionarios y académicos. Se llaman nepotismo y déficit meritocrático. La Judicatura ha sido secuestrada por una corporación que debe desmontarse. El dicho no es mío sino de altos funcionarios judiciales.
c) Un asunto polémico pero sobre el que estoy convencido es que el presidente de la Suprema Corte no debe ser –como lo es hoy– el presidente del Consejo de la Judicatura. En los meses recientes he escuchado que la doble presidencia es necesaria para que la cabeza del Poder Judicial pueda impulsar los cambios que se requieren. Entiendo la lógica pero no me convence. De hecho, mi objeción proviene de la preocupación opuesta: esa confusión ha permitido que, en el pasado, la corporación surgiera y que, cuando se logró debilitarla, después regresará por sus fueros y con más fuerza.
d) Sin menoscabo de sus derechos constitucionales, la y los magistrados del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y las y los consejeros de la Judicatura no deben poder aspirar a convertirse en integrantes de la SCJN durante su encargo ni en los años inmediatos posteriores al desempeño de su función. La razón es simple y se ha argumentado en muchas sedes: la tentación de convertirse en ministros(as) genera incentivos que pueden distorsionar su quehacer. No se trata de una preocupación ad hominem sino de un prevención general que sería temporal y fortalecería a las tres instituciones.
Hace algunos meses el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM publicó el documento Ocho propuestas para fortalecer al Poder Judicial y completar su transformación (http://www.librosoa.unam.mx/handle/123456789/1548). Sigo pensando que es una baraja de la que pueden sacarse buenos naipes. Yo tomé prestados algunos para este artículo.
Después de todo, lo que nos toca en la academia es aportar ideas que provienen de la teoría, la experiencia y la práctica comparada para robuster a las instituciones que hagan a nuestro constitucionalismo democrático una realidad robusta. En este año estoy seguro que lo seguirá haciendo. Tocará a los poderes de la Unión –como debe ser– abrevar o no de esas ideas. Feliz 2020.