No ha transcurrido un mes y, a pesar de buenas acciones internas, el Poder Judicial federal ha pasado de un momento estelar a uno de zozobra. El concepto me gusta y lo utilizo con frecuencia. La Real Academia lo define como un estado de ánimo muy nuestro: "Inquietud, aflicción y congoja del ánimo, que no deja sosegar, o por el riesgo que amenaza, o por el mal que ya se padece". No se me ocurre mejor manera de dar cuenta del momento que nos acecha. Las personas en México zozobramos de manera cotidiana. Sin duda existirán causas privadas, pero aquí me interesan las causas públicas.
Cuando el Senado designó al ministro González Alcántara Carrancá –y cuando escuchamos sus discursos de candidatura y de investidura– muchos celebramos. Llegó a la Corte un ministro sólido, con genuina visión republicana y sensible a la situación del Estado de derecho y de la vida de las personas en el país. Lo mismo sucedió cuando sus pares –por mayoría y ante alternativas respetables y reconocidas– designaron al ministro Zaldívar como presidente de la Corte. Su propuesta es arrojada y prometedora, y su trayectoria ha sido consistente y contundente.
Sin embargo, al cabo de 30 días se sienten vientos cruzados. Un nubarrón y una polémica han abierto flancos inesperados e innecesarios para el Poder Judicial. Primero, la renuncia de la presidenta del Tribunal Electoral. Hasta ahora no he escuchado ni leído una versión de lo sucedido que me resulte aceptable. Ya sea la que narra que ganaron los duros de ese órgano colegiado; la que sostiene que existían graves problemas de gestión; la que denuncia presión de otros poderes, o la que advierte que gravitó el caso Puebla de manera determinante. A mi parecer, eso ha sido un evento preocupante. Basta con leer el texto de renuncia de la magistrada Otálora para que te falte el aire. No hay duda que existen nubes que persiguen a las instituciones.
Ahora la polémica sacude a la terna para elegir una nueva integrante de la Corte. Las buenas noticias es que son tres mujeres y que tienen trayectoria y reconocimiento propios; la mala es que son indubitablemente –esto último es clave– cercanas al gobierno y a su proyecto. Mi objeción es simple y no es nueva: la separación de poderes pende en buena medida de la independencia judicial y, sin la primera, no hay Estado de derecho digno de ese nombre. Así que, aunque no exista un impedimento legal para que personas militantes del partido en el gobierno sean designadas ministros de la Corte –como, en efecto, no existe–, la decisión es disruptiva para el Estado constitucional. Ello, sobre todo, si el gobierno en turno tiene una mayoría legislativa. El argumento no es jurídico sino político.
Para dos de las aspirantes se ha expresado por distintas voces –dentro de las cuales me encuentro– la preocupación de la militancia (aunque una haya renunciado a Morena hace algunas semanas) y para la otra se arguye la objeción de la supuesta cercanía con el titular del Ejecutivo. Ambos problemas fueron objeto de un intenso debate hace años, cuando el expresidente propuso a dos candidatos (uno de los cuales hoy sí es parte del máximo tribunal). En el fondo el problema es el mismo pero, en el contexto actual, la cuestión se ha agravado porque Peña nunca tuvo las mayorías con las que cuenta el presidente actual.
Existe una objeción que no me convence. Me refiero a la que sostiene que dos aspirantes están casadas con dos señores cercanos al presidente. El dato puede ser cierto, como es público que lo es. Pero la trayectoria de dos mujeres juristas no pende de las amistades de sus maridos. Su identidad, carrera y posiciones públicas son responsabilidad exclusiva de ellas y no tenemos que buscar el mirador de dos varones para reconocerlas. Mi preocupación por sus candidaturas tiene que ver con sus militancias y cercanías políticas, no con las de nadie más. Después de todo, son ellas las que han logrado formar parte de una terna para integrar a la SCJN. Ello me merece reconocimiento y respeto, pero también una genuina suspicacia.
Aunque también hay que decir que existe una diferencia entre la situación de ambas: no es lo mismo haber militado políticamente en la fuerza mayoritaria que tener una carrera jurisdiccional sólida y, por circunstancias de la vida, conocer al presidente. Veremos qué decide el Senado.