Colaboradores invitados: Lloyd Axworthy, presidente de la Junta Directiva del Consejo Mundial de Refugiados y Migraciones, y Fen Osler Hampson, presidente del Consejo Mundial de Refugiados y Migraciones.
El gobierno de Canadá ha anunciado que reimpondrá visas a los ciudadanos mexicanos para frenar la oleada de refugiados y solicitantes de asilo de ese país, que han aumentado de 250, en 2016, a 17 mil 490, en 2023. El gobierno de Stephen Harper implementó por primera vez el requisito de visas en 2009, el cual fue revertido por el primer ministro Justin Trudeau, en 2016.
Claramente es tentador para Ottawa volver a recurrir a esta palanca de emergencia, especialmente en medio de la presión pública que están ejerciendo la provincia de Quebec y Estados Unidos. Consideramos que Ottawa no debería haber tomado una acción tan drástica. Por el contrario, es importante tomar en serio las raíces del problema: el crimen organizado, quien juega un papel central en impulsar un número creciente de solicitantes de asilo y migrantes que pretenden mayor seguridad en los países del norte, y también en el contrabando y tráfico de personas a través de las fronteras, incluyendo canadienses.
Las organizaciones criminales y las pandillas juveniles, como las maras centroamericanas, son uno de los grandes impulsores del desplazamiento migrante y de refugiados en todo el continente americano. Los altos niveles de violencia causados por la lucha intestina entre pandilleros por controlar la explotación de tierras y recursos, controlar aspectos de la producción económica y en especial el tráfico de narcóticos y la venta de armas, han obligado a las personas a abandonar sus hogares en búsqueda de una vida mejor. Habría que añadir como causante de la diáspora latinoamericana los crecientes niveles de extorsión, cobro de piso, violencia sexual y explotación de mujeres y niñas, perpetrados por pandillas para ejercer control sobre la población local.
Los grupos criminales también desempeñan un papel crucial en los corredores migratorios que van desde Sudamérica, pasando por Centroamérica hasta la frontera México-Estados Unidos, y la frontera Canadá-Estados Unidos. Numerosos grupos están involucrados en el tráfico de personas a través de fronteras interestatales a cambio de una compensación financiera o material altamente lucrativa. Durante la pandemia del covid-19, a pesar de los cierres de fronteras y otras restricciones al movimiento de personas, la demanda de servicios proporcionados por traficantes, conocidos como polleros o coyotes, creció, en parte, debido al debilitamiento de los mercados laborales locales.
En Canadá, la atención ha tendido a centrarse en los solicitantes de asilo que llegan desde Estados Unidos. Sin embargo, el flujo de migrantes que se dirigen en la dirección opuesta, es decir hacia Estados Unidos, está aumentando rápidamente. En 2021, los funcionarios estadounidenses registraron un total de 27 mil 180 cruces en la frontera Canadá-Estados Unidos; en 2022, esa cifra saltó a 109 mil 535; para 2023, fue de 189 mil 402. Los migrantes de México representaron más de la mitad de los registros por parte de las autoridades estadounidenses, seguidos por migrantes de India y Venezuela. Estas cifras palidecen en comparación con los más de 2 millones de encuentros en la frontera México-Estados Unidos el año pasado, pero la relativa facilidad para cruzar hacia Estados Unidos desde Canadá ha hecho que esa frontera sea cada vez más atractiva.
Los cárteles mexicanos –Sinaloa y Los Zetas– están encontrando en Canadá un lugar hospitalario para hacer negocios con drogas, lavado de dinero y tráfico de personas, junto con otras bandas criminales globales ubicadas en India, Irán y China, entre otros países. Las leyes canadienses han sido instrumentadas débilmente por la falta de recursos para la policía y los servicios de inteligencia, la porosidad de sus puertos, la negligencia política y la falta de efectividad de FINTRAC –agencia responsable de rastrear y analizar información sobre lavado de dinero–.
Poner en el congelador las relaciones de Canadá con México, su tercer socio comercial, sólo porque es el eslabón débil en el nexo migratorio-criminal de las Américas, no tiene sentido. Por el contrario, como argumenta el Grupo de Trabajo sobre Migración de América del Norte y Centroamérica, del cual los tres somos miembros, deberíamos trabajar los tres países de América del Norte y nuestros vecinos regionales de Centroamérica en instrumentar un marco legal robusto para combatir a los traficantes de personas y al crimen organizado de manera efectiva y sistemática.
Las mexicanas y mexicanos se ofendieron profundamente por el requisito de visa que impuso Canadá en 2009, pues tuvieron que soportar un frustrante y engorroso proceso operado por una burocracia insuficientemente entrenada y equipada. Las empresas canadienses, los agricultores y los operadores turísticos también incurrieron en enormes pérdidas. Sin embargo, el daño que no se ha tomado en cuenta puede hoy ser más significativo aún: más de 350 mil mexicanos visitan Canadá anualmente y 2 millones de canadienses, muchos de ellos turistas, viajan a México. Este país se ha convertido en el décimo destino más importante para la inversión canadiense, con cerca de 2 mil empresas operando en ese país. Afortunadamente, parece que las restricciones de visa reimplementadas no afectarán a aquellos que vienen a Canadá a estudiar o trabajar, ya que los trabajadores temporales de México son un gran pilar del sector agrícola canadiense, y los intercambios académicos entre instituciones de educación superior mexicanas y canadienses han crecido sin precedente.
El gobierno federal de Canadá parece haber elegido la salida fácil y rápida. Una decisión a corto plazo en medio de la creciente fiebre electoral, pero que no aborda las verdaderas raíces del problema que pretende resolver.
Este artículo apareció por primera vez en The Globe and Mail. Puedes encontrar la versión original https://www.theglobeandmail.com/opinion/article-canadas-plan-to-require-visas-from-some-mexicans-is-a-dangerous/