Con el presidente Donald Trump uno nunca puede estar seguro. Todo indica, sin embargo, que el lunes próximo, julio 22, en que se cumplen 45 días del acuerdo a que llegó el canciller Marcelo Ebrard con Washington el 7 de junio, no habrá sobresaltos.
Hay resultados positivos. No espectaculares. El número de detenidos por la patrulla fronteriza de Estados Unidos bajó 29 por ciento -de 133 mil a 95 mil. Y las deportaciones realizadas por México se incrementaron en ese mismo periodo en un 50 por ciento. De 14 mil a 22 mil.
Es decir, México está cumpliendo su compromiso de incrementar el control migratorio en la frontera sur y a lo largo de todo el territorio. Para eso el presidente Andrés Manuel López Obrador despachó a 6 mil 500 efectivos de la Guardia Nacional a la frontera sur.
También México se comprometió a recibir a más centroamericanos a través del programa de Protocolos de Migración Segura o Quédate en México. La cifra durante el mes de junio prácticamente se doblegó, de 10 mil que llegaron hasta mayo, sólo en junio nos regresaron casi 10 mil más.
Más aún, México modificó su postura en 180 grados. De una secretaría de Gobernación y su instrumento migratorio, el Instituto Nacional de Migración, que abrieron las puertas de par en par -pregonando son bienvenidos los centroamericanos y les daremos visas humanitarias-, a una política restrictiva no sólo en la frontera sur, sino en todo el territorio nacional.
Bajo AMLO se voltearon los papeles. Ahora la secretaria de Gobernación son los palomos y la cancillería los halcones. Y mandan los segundos.
Más allá de una sorpresa que siempre está en la chistera de Trump, considero que el acuerdo alcanzado con Estados Unidos no es sustentable en el tiempo por cuatro motivos.
Las instituciones mexicanas encargadas del tema migratorio están rebasadas y sin un presupuesto adecuado. Empecemos por la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (Comar). El número de peticiones de asilo se ha ido a las nubes. De menos de cinco mil peticiones hace tres años, éste se espera rebasen las 60 mil. Y sigue siendo la misma estructura, con un personal muy reducido y un presupuesto de poco más de 20 millones de pesos. No hay manera que una Comisión en esas condiciones pueda hacer frente al reto presente.
Además, es probable que en las próximas semanas la cifra de 60 mil pase a más de 100 mil. Trump acaba de crear una nueva regla para solicitar asilo en su frontera sur: el peticionario debe haber solicitado asilo en el país por el que se trasladó a Estados Unidos y debe mostrar que le fue negado. Esto práctica claramente violatoria de la práctica de asilo internacional, está siendo combatida en las cortes, pero hoy por hoy se aplica y pondrá más presión sobre la Comar.
Las instituciones de Estados Unidos también están rebasadas. La patrulla fronteriza y ICE (la agencia encargada de instrumentar la ley migratoria de la secretaria de Seguridad Interna) están bajo grave estrés. Como me explica un patrullero fronterizo de San Diego, "fuimos entrenados para tratar con varones jóvenes y delincuentes como coyotes y narcos, pero ahora el flujo es abrumadoramente de familias –niños, mujeres y hombres... Los centros de detención están atascados; se nos han muerto niños y nos sentimos injustamente señalados".
Otro ejemplo de está incapacidad institucional son las cortes migratorias. En lo que va de la presidencia de Trump el rezago ha aumentado en un 50 por ciento. Hay cerca de 900 mil casos pendientes y hay jueces en Houston o Los Ángeles que están otorgando audiencias hasta 2023. (Julia Preston y Andrew R. Calderón, How Trump Broke the Immigration Courts).
El quid pro quo del acuerdo de Ebrard con Washington era control por desarrollo. Es decir, nos comprometíamos a frenar el flujo de transmigrantes a cambio de crear un plan de desarrollo para la región centroamericana. Al menos así lo vendió el canciller y el presidente López Obrador. Soy pesimista. El Washington de Trump está retirando sin cortapisas su ayuda a la región y no observo en el equipo de AMLO la enorme voluntad política, económica y diplomática que un esfuerzo así requiere. Peor aún, no veo en ninguno de los tres países centroamericanos la solvencia estructural para un plan de desarrollo ambicioso de gran calado encabezado por su vecino del norte, México.
Finalmente, AMLO y su gobierno siguen reaccionando a las imposiciones de Trump. No ha habido un intento de trazar una política migratoria propia. ¿Qué población queremos hacia el 2050 y qué lugar ocuparan los migrantes? ¿Estamos dispuestos a aceptar un flujo creciente de inmigrantes de Centroamérica y del Caribe, en especial de Haití?
El futuro migratorio ya está aquí. México ya es un país de destino y esta tendencia se consolidará en las siguientes décadas.