La patrulla fronteriza reportó el miércoles que en los últimos cinco meses arrestó en la frontera con México a 136 mil 150 migrantes que viajaban en familias, de un total de 268 mil 044. (New York Times, 6 de marzo, 2019). Esta cifra revela tres cosas: primero, que en los primeros cinco meses de este año fiscal que inició en octubre, el número de migrantes que intenta cruzar sin documentos la frontera se doblegó. Segundo, que el número de familias que emigra ha crecido exponencialmente, pues tradicionalmente los hombres jóvenes representaban más del 80 por ciento del flujo. Y finalmente, destaca que la gran mayoría de los arrestos son migrantes que provienen de Guatemala y Honduras.
Una parte considerable de este flujo migratorio está pidiendo asilo. Cuando llega a la frontera, no intenta internarse con coyotes por rutas inhóspitas. Generalmente se salta las bardas y se entrega a las autoridades estadounidenses.
El gobierno de Trump ha intentado todo tipo de estrategias para obstaculizar los flujos de familias que buscan asilo. En su política de cero tolerancia, igual está separando a niños de sus padres y ha buscado encarcelar por meses e incluso años a quienes solicitan asilo. Algunas de estas medidas han sido confrontadas en las cortes y han generado un gran debate que ha puesto a la frontera México-Estados Unidos en la mira del planeta.
Las estadísticas de la patrulla fronteriza sobre los arrestos en los últimos meses permiten constatar que las estrategias de Trump no están siendo efectivas.
Ahora bien, ante la mayor demanda de servicios que esta crecida migratoria representa, la respuesta del gobierno federal es contundente: no hay recursos. Para el mandatario lo que sí se requiere, y para eso ha declarado el Estado de emergencia, son más de 6 mil millones de dólares para levantar el muro que detenga a los forajidos del sur, quienes, como sabemos por las cifras de la patrulla fronteriza, son familias enteras huyendo de escenarios de marginación y violencia extremas.
La Secretaría de Seguridad Interna (Department of Homeland Security) a través de su agencia de Aduanas y Protección Fronteriza (ICE por sus siglas en inglés), decidió de la noche a la mañana suspender el pasado mes de octubre el programa Familia Segura, justo cuando la caravana de Honduras se aproximaba a la frontera.
La práctica de ICE bajo Familia Segura era ayudar a los migrantes a viajar para reunirse con sus familiares al interior del territorio estadounidense, mientras esperaban la audiencia con un juez migratorio.
A partir de octubre pasado, ICE decidió liberar a las familias sin ningún tipo de ayuda. En la mayoría de los casos, no sabían dónde se encontraban y desde luego no tenían un dólar en la bolsa para comer y menos para pernoctar en un hotel. En San Diego, un caso que llamó la atención fue el de la familia García que tenía que viajar hasta Pensilvania a reunirse con sus parientes y tuvo que ser rescatada del frío en la madrugada afuera de un McDonald's durante la Nochebuena.
¿Quién sacó la cara por los migrantes en San Diego? La sociedad civil organizada con ayuda del gobierno estatal y local.
En 2017, cuando arreciaron las redadas para deportar a inmigrantes de San Diego, se creó una especie de coordinación de organizaciones de la sociedad civil, 'Red de Respuesta Rápida de San Diego'. Entre las organizaciones que componen la red destacan Los Servicios de Familias Judías (JFS en sus siglas en inglés) y el Sindicato de Libertades Civiles de Estados Unidos (ACLU por sus siglas en inglés), una organización nacional campeona en la protección de los derechos y las libertades individuales.
Ante la intensidad de la liberación de familias migrantes, la Red de Respuesta Rápida se vio en la necesidad de establecer un albergue para las familias, donde aproximadamente pernoctan 150 personas por noche.
Me explica Jenny Daniel, una de los cientos de voluntarios que apoyan a la Red, que las familias sólo permanecen en el albergue de uno a tres días. La idea es apoyarlos para que puedan viajar y reunirse con sus familiares mientras esperan su audiencia.
La sociedad civil está reemplazando al gobierno federal. Pero tanto el gobierno estatal como el municipal están apoyando a la Red. Como gobernador electo, Gavin Newsom, vino a San Diego a visitar el albergue y comprometió 5 millones de dólares. El gobierno local finalmente designó un lugar permanente para el albergue, en las inmediaciones del Palacio de Justicia local.
Lo fascinante de las demarcaciones fronterizas, tanto en Tijuana como en San Diego, es que la sociedad civil está dispuesta a cooperar y presionar a las autoridades para que proporcionen un trato humano a los inmigrantes de todas latitudes.
El remedio a largo plazo está en ir a las raíces de la migración en Centroamérica. Por lo pronto, tenemos que apostar a las respuestas de la sociedad civil y gobiernos estatales y locales. Estos son, en los tiempos de Trump, los aliados naturales de México.