El gobierno de Donald Trump ha insistido por la buenas y por las malas que México y Guatemala [SEA1] seamos terceros países seguros. Algo que Estados Unidos logró desde el 2004 con Canadá. Esto implica que, si un migrante llega a frontera norte de Estados Unidos, para tener derecho a solicitar asilo, tendría que haberlo pedido y haberle sido negado por Canadá.
Trump le dobló la mano a la administración saliente de Guatemala y aceptaron actuar como tercer país seguro. Pero aún hay cierta incertidumbre, pues la Suprema Corte de Guatemala se interpuso en lo que había negociado el Ejecutivo.
El gobierno de México ha estado sujeto a presión por parte de Washington para aceptar ser un tercer país seguro. Ni el gobierno de Peña Nieto lo aceptó ni tampoco el de AMLO ha dado su brazo a torcer. Trump incluso amenazó a México con imponerle aranceles, por lo que nuestro país aceptó fortalecer los esfuerzos para impedir que tantos centroamericanos llegaran a la frontera con Estados Unidos.
Los resultados a los 45 y 90 días del acuerdo al que se llegó en Washington D.C. el pasado 7 de junio son claros: el flujo de centroamericanos se ha reducido entre mayo y agosto a una tercera parte, de 132 mil a 50 mil.
Como un esfuerzo adicional y unilateral a los acuerdos a que llegó con México y Guatemala, la administración Trump emitió una nueva política el pasado 15 de julio –solo podrán solicitar en la frontera sur quienes hayan solicitado asilo en algún país por el que llegaron a Estados Unidos y que les haya sido negado.
La orden ejecutiva obliga a todos los migrantes que transitan por México a solicitar asilo en nuestro país si quieren calificar para pedir asilo en Estados Unidos. Es decir, convierte de facto a México en tercer país seguro.
La verdad es que la comunidad promigración en Estados Unidos lo tomó con cierta calma, pues por lo general el sistema judicial protege a la Constitución y la integridad de sus leyes. Es decir, se esperaba que las cortes intervinieran para bloquear la nueva medida de Trump.
Y efectivamente el juez Jon S. Tigar, de la Corte de Distrito de San Francisco, bloqueó la medida del Ejecutivo señalado que no cumplía con los procedimientos legales requeridos.
La administración no se quedó con los brazos cruzados. Solicitó a la Suprema Corte que interviniese. Y aquí Trump ha hecho su trabajo. Ya logró que la Corte tenga una mayoría de cinco jueces conservadores contra cuatro liberales.
Sorpresivamente, la Suprema Corte el pasado 11 de septiembre se pronunció en una sentencia breve y no firmada, señalando que el gobierno puede instrumentar las nuevas medidas que prohíben solicitar asilo a los migrantes que hayan viajado por otro país sin haberlo solicitado solicitarlo y que éste les haya sido negado.
Sonia Sotomayor, una juez nominada por el presidente Obama, escribió una opinión para explicar por qué disentía del veredicto: "es especialmente preocupante… que la nueva reglamentación de la administración contradiga décadas de prácticas de asilo y que afecta a algunos de las gentes más vulnerables del continente americano".
La nueva media contradice las prácticas de asilo de las últimas cuatro décadas. La ley de Refugio de 1980 señala que "un individuo que esta físicamente presente en Estados Unidos o que llega a Estados Unidos… puede solicitar asilo". La ley excluye a individuos que se hayan avecindado en otro país, pero no menciona que hayan solo transitado por.
En la realidad la batalla legal sigue su curso. A nivel cortes de Distrito, el juez Tigar de California insiste en su laudo sea aplicado en todo Estados Unidos, mientras que el juez Timothy J. Kelly, de Washington D.C., sostiene que la medida de la administración debe ser respetada.
La diferencia entre Tigar y Kelly radica en su ideología. El primero fue nombrado por Obama y el segundo por Trump.
Se calcula que eventualmente la disputa regrese a la Suprema Corte, pero pasarán varios meses o incluso uno o dos años para esto.
En la frontera México-Estados Unidos ya están sintiendo las consecuencias. En los últimos tres años, la mayoría de los centroamericanos que llegaba a la frontera optaba por solicitar asilo. Ya sea haciendo cola del lado mexicano para su primera entrevista o bien cruzando ilegalmente a Estados Unidos y entregándose a la patrulla fronteriza.
Aparentemente, ya solo tendrán dos opciones: intentar cruzar ilegalmente con la ayuda de coyotes o bien quedarse en México y pedir asilo para eventualmente, si les es negado, solicitarlo en Estados Unidos. También podrían trabajar en México con la idea de eventualmente aventurarse, legal o ilegalmente, a Estados Unidos.
Trump se está saliendo con la suya. Está logrando impedir que los centroamericanos lleguen por México a las puertas de Estados Unidos para pedir asilo. Para esto cuenta con un aliado extraordinario, una Suprema Corte ya con mayoría conservadora.
[SEA1] And El Salvador https://www.nytimes.com/2019/09/20/us/politics/us-asylum-el-salvador.html