Se conoce como justicia energética al conjunto de acciones que pretenden corregir, restaurar, aliviar o mitigar los graves daños que durante muy largo tiempo han sufrido las personas de comunidades de bajos ingresos, de minorías raciales, culturales o sociales, debido a la contaminación por el uso de combustibles fósiles para generar energía cerca de sus hogares, a la carencia de acceso a fuentes renovables de electricidad, al cambio climático y muchas otras razones.
Siempre son esas comunidades las primeras en sufrir los efectos negativos de los impactos, y de padecerlos con mayor crudeza e intensidad. Esta es una situación que tiene que ser corregida, no con remedios sino con verdaderas soluciones.
La energía renovable juega un papel fundamental en llevar justicia energética a esas comunidades desfavorecidas, ya que la energía limpia puede proveer alivio de muy diversas maneras.
Muchas veces los modelos para alcanzar la descarbonización de la economía en los plazos acordados, permiten comprender los impactos económicos de las diferentes tecnologías que pueden implementarse para lograr la mitigación y adaptación al cambio climático, sin embargo estos modelos deberían ser re orientados con una visión de implantar una justicia restauradora, que tenga en consideración la vulnerabilidad de aquellos afectados.
Más aún, el proceso para instaurar una justicia que repare las brechas de desigualdad, tendría que seguir disciplinadamente un conjunto ordenado de pasos orientados al objetivo.
En primerísimo lugar, no por importancia sino por condición fundamental, habría que definir con exactitud quiénes son reconocidos explícitamente como las comunidades afectadas y dónde se encuentran.
Luego se tendría que involucrar a esas comunidades reconocidas para comprender sin sesgos cuáles son sus reales necesidades, proveerles de conocimientos, para que sean capaces de tomar decisiones informadas acerca de cómo desean ver satisfechas sus demandas, y establezcan de común acuerdo los indicadores clave de desempeño que servirán para monitorear sus avances.
Un futuro energético justo tiene sus cimientos en principios que le dan legitimidad, como por ejemplo que tiene que atender las causas de raíz y las consecuencias heredadas de la inequidad que ha prevalecido por tantos años.
Es fundamental encontrar nuevos sistemas participativos y cooperativos de gobernanza y propiedad energética que pongan en el centro al usuario mediante la adopción de un enfoque basado en derechos y que deseche las soluciones falsas que tanto abundan y ponen en riesgo el alcance de los objetivos.
Ya no es posible llevar a las comunidades soluciones salidas de la brillante mente de una persona sentada tras un escritorio, la educación es esencial y también la formación de las capacidades para generar mejores modelos de gobernanza.
Solo por medio de la justicia energética podrá haber una transición y descarbonización de la escala y en el tiempo en el que se necesita, de otro modo el esfuerzo podría ser notoriamente insuficiente para cerrar la brecha. Hay que ser creativos e innovadores para encontrar las mejores alternativas.