Chiapas se está pudriendo en medio de la violencia del narcotráfico.
El lunes fue asesinado el activista indígena tzotzil Simón Pedro Pérez López, luego de denunciar la existencia de grupos civiles armados en Los Altos de Chiapas. Nadie reivindicó el crimen, pero este miércoles en Pantelhó, donde vivía, Los Ciriles atacaron la comunidad, bloquearon sus caminos, tomaron el control de los accesos al municipio y amenazaron a los pobladores. Los Ciriles se dedican al narcotráfico, el tráfico humano y de armas, y están vinculados al Cártel Jalisco Nueva Generación.
El mismo día, en la comunidad de Nuevo Israelita del mismo municipio, se encontraron en dos casas abandonadas armas de grueso calibre, explosivos, artefactos y pilas que suelen utilizarse como detonadores. Tres días antes en Simojovel, a unos 60 kilómetros al noroeste de Pantelhó, también se encontraron explosivos.
Este miércoles en Tuxtla Gutiérrez, a más de tres horas de Pantelhó, hubo una fuerte balacera en un fraccionamiento en el occidente de la capital, donde, por los videos que grabó la gente, se escucharon disparos secos y pausados, como suenan los disparos de los fusiles de asalto. Las autoridades todavía no saben qué pasó.
La violencia de los últimos días en Chiapas nos hizo voltear hacia el estado, pero no es un caso aislado. La degradación de la vida social y el empeoramiento de la seguridad se ha agravado aceleradamente. Chiapas está ubicado en una posición estratégica para México, y en su frontera, la segunda más grande que tenemos, se juega la gobernabilidad nacional. Es estratégica, cinturón de contención de las organizaciones criminales trasnacionales. Los 655 kilómetros de límite terrestre con Guatemala son porosos. Muchos de ellos no tienen vigilancia y en algunos puntos que este reportero llegó a recorrer, se introducían sin problema drogas, fusiles de asalto y personas de contrabando.
Sin embargo, lo que se vive actualmente en Chiapas no tiene precedente en materia de crimen organizado, porque antes era una entidad en relativa calma al cohabitar todos los grupos delincuenciales que lo utilizaban de trasiego. Es inusual que haya una implosión en las zonas que controlan, y más extraño que se disputen plazas y territorios, que es lo que está sucediendo ante lo que parece ser una clara ausencia de autoridad.
El gobierno federal tiene identificadas las organizaciones criminales en el estado. La Unidad de Inteligencia Financiera dio a conocer en septiembre pasado un mapa general de los grupos delincuenciales en todo el país, donde Chiapas aparece repartido entre tres: el Cártel Jalisco Nueva Generación, de la costa suroccidental del Pacífico a la frontera con Guatemala y Tabasco; el Cártel de Sinaloa, con el pleno control de prácticamente toda la frontera con Guatemala y la parte sur de la costa del Pacífico, y el Cártel del Golfo, con una pequeña franja de poder que se extiende desde una punta del Pacífico en la frontera con Oaxaca, tocando la parte sur de Veracruz y suroeste de Tabasco.
El mapa de la Unidad de Inteligencia Financiera tiene otro desdoble, de acuerdo con informes de inteligencia del gobierno federal sobre la penetración del narcotráfico a nivel municipal, que publicó el año pasado El Universal. Ese informe revelaba la presencia de seis cárteles de la droga en Chiapas, que si bien se podía empatar por número de municipios donde tienen fuerte presencia con lo difundido por la Unidad de Inteligencia Financiera, explica mejor la complejidad de la penetración del crimen organizado en el estado. Por ejemplo, el diario señaló la prominencia de Los Zetas en la zona metropolitana de Tuxtla Gutiérrez, pero en ese informe no figura su presencia en zonas ocupadas por el Cártel del Golfo, con exkaibiles guatemaltecos como refuerzos, y con cuyos campamentos se topó el Ejército en la construcción del Tren Maya.
Tampoco refleja la descomposición que se vive en la entidad. Un ejemplo de ello lo da el enfrentamiento en Tuxtla Gutiérrez el miércoles, donde, de acuerdo con funcionarios federales, se suscitó entre células de los cárteles de Sinaloa y Jalisco Nueva Generación. Otro ejemplo es la existencia de la banda sanguinaria salvadoreña –que nació en las cárceles de Los Ángeles en los 80– la M-13, la Mara Salvatrucha, que opera en la frontera con Guatemala, y se apoya en Los Zetas para el tráfico humano hacia Estados Unidos.
La violencia en Chiapas, si bien no es comparable aún con los números de otras entidades donde la guerra entre cárteles es cruenta, ha tenido un comportamiento inestable, aunque con incidentes en las últimas semanas que eran inéditos en la entidad. Durante las elecciones, de acuerdo con políticos que los padecieron, los cárteles de la droga obligaron a un número de electores a votar por quien les decían, luego de presionar y amenazar candidatos. Este deterioro parece reacción al gobierno de Rutilio Escandón, que está desbordado.
Escandón, casado con Rosalinda López, administradora general de Auditoría Fiscal Federal, y cuñado del gobernador de Tabasco, es un viejo amigo del presidente Andrés Manuel López Obrador, y como su familia, formaba parte del PRD Tabasco cuando lo encabezó en los 90. Tiene una larga experiencia, pero el tema de la violencia y la inseguridad lo rebasó. No es algo que no pase con otros gobernadores, pero en su caso, el contexto es muy delicado y sus fallas pueden generar graves consecuencias.
Chiapas es el muro de contención de Centroamérica. Ahí es donde quiere el gobierno del presidente Joe Biden que se frene la migración indocumentada, y ha apostado a que el trabajo se lo haga el presidente López Obrador. Para Biden es una prioridad político-electoral que esa barrera en el Suchiate le resuelva sus problemas internos; para López Obrador es de gobernabilidad, que sólo existe cuando se guarda el equilibrio entre el ejercicio del poder y la capacidad de los gobiernos para solucionar los problemas. La ingobernabilidad se da cuando los gobernantes son incapaces de hacerlo, como Escandón está dando crecientes pruebas de ello.