Una vez más, el presidente Andrés Manuel López Obrador bateó al gobernador de Michoacán, Silvano Aureoles. No le dará audiencia, reiteró, porque el entorno que los rodea está muy politizado. Aureoles ha querido ver al Presidente desde el 29 de junio, cuando acudió a Palacio Nacional con la esperanza de que lo recibiera para entregarle pruebas, dijo, de cómo el narcotráfico ayudó a Morena a ganar la gubernatura. Hizo bien López Obrador en no aceptar que le den documentos de un presunto delito, porque estaría incurriendo en un delito, pero hace mal en no platicar con Aureoles –sin que reciba prueba alguna en estos momentos–, porque la violencia que vive Michoacán no tiene precedente. El gobernador no es el único que pierde con ello; él, sobre todo.
Aureoles tiene evidencia circunstancial del apoyo de los cárteles de la droga al candidato de Morena a la gubernatura, Alfredo Ramírez Bedolla, y según ha trascendido, también tiene testimonios grabados de cómo el Cártel Jalisco Nueva Generación presionó a electores para votar por él y amenazó a candidatas y candidatos para que abandonaran la contienda el mismo día de la elección. Varias carpetas con información y evidencias que llevaba al Presidente terminaron en manos del fiscal general, Alejandro Gertz Manero, aunque se desconoce si se inició una investigación a través de la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales.
Michoacán, mientras tanto, tiene una amplia parte de su territorio en manos de grupos criminales que están peleando por las rutas de los precursores de metanfetaminas y fentanilo a Estados Unidos, y la del hierro a los puertos del Pacífico para vendérselo a los chinos en el mercado negro. El Cártel Jalisco Nueva Generación está embarcado en una guerra regional para quitar el control de esa zona a Cárteles Unidos, compuesto de remanentes de las diversas organizaciones criminales que operaban en ese estado.
Las pruebas que tiene Aureoles tienen un sustento circunstancial con el voto en las elecciones del 6 de junio. El candidato de la alianza opositora, Carlos Herrera Tello, ganó 57 municipios en la contienda por la gubernatura, contra 56 que obtuvo Ramírez Bedolla. De todos los municipios que ganó Herrera Tello, sólo en Tepalcaltepec, controlado por Cárteles Unidos, ha habido fuerte violencia en las últimas semanas. Entre los que ganó Ramírez Bedolla se encuentran Aguililla, Apatzingán y Buenavista, donde se están escenificando los principales combates entre los cárteles, sin que las fuerzas federales intervengan.
En todos los municipios que ganó Ramírez Bedolla, la diferencia promedio de votos sobre Herrera Tello fue de 23 por ciento, aunque en aquéllos con fuerte presencia del crimen organizado, la diferencia se amplió a 40 por ciento. Si se analiza todavía de forma más detallada el comportamiento electoral, de los 10 municipios donde la diferencia rompe con el promedio, en seis de ellos hay una fuerte presencia del Cártel Jalisco Nueva Generación, y en 30 por ciento de ese universo, el patrón de voto fue extraordinario, por lo irregular. En La Huacana, donde en 2013 aparecieron los grupos de autodefensa encabezados, entre otros, por el doctor José Manuel Mireles –vinculado a grupos criminales metidos de lleno en la exportación de hierro a China, que previamente controlaba La Familia Michoacana–, el porcentaje de votos para el candidato de Morena fue de 83.5 por ciento.
A La Huacana es donde fue el entonces subsecretario de Gobernación, Ricardo Peralta, en el verano de 2019, para hablar con los grupos armados y diseñar un plan de pacificación. Peralta negoció con miembros de la delincuencia organizada, algo que nunca reconoció, como tampoco admitió que haya establecido vínculos con criminales vinculados al Cártel del Golfo en Tamaulipas. En el municipio de Gabriel Zamora, Ramírez Bedolla obtuvo 66.3 por ciento de los votos, mientras que en Múgica, alcanzó 78.6 por ciento de la votación. La capital de Gabriel Zamora es Lombardía, que tienen azolada los grupos criminales y cuya carretera hacia Uruapan, donde emboscaron a policías esta semana, se encuentra bloqueada.
Los cárteles de la droga tienen una fuerte presencia en 15 municipios, en la parte oriente, centro sur y sur de Michoacán, que ganó todos, menos dos, el candidato de Morena. Herrera Tello obtuvo la victoria, además de en Tepalcatepec, en Churumuco, frontera con Guerrero, donde los enfrentamientos han sido intermitentes en los últimos meses. El epicentro de la violencia actual en Michoacán es Aguililla, una plaza que está defendiendo Cárteles Unidos frente al Cártel Jalisco Nueva Generación, que ganó Ramírez Bedolla con 46 por ciento del voto.
La diferencia de sufragios del candidato de Morena frente a su rival en esos 15 municipios fue de 81 mil votos, casi el doble de la diferencia entre ambos en el resultado estatal. Vista la elección incorporando todas las variables en la entidad, en aquellos municipios donde ganó Ramírez Bedolla, su ventaja en votos sobre Herrera Tello fue de 112 mil, pero 90 mil 300 de ese total, que significa 71.6 por ciento, los sacó de Apatzingán, Huetamo, Lázaro Cárdenas, Múgica y Uruapan.
No es posible saber si es suficientemente sólida y contundente la documentación y las evidencias que tiene el gobernador Aureoles –porque las mantiene reservadas– sobre la participación del crimen organizado en las elecciones como para anularlas, como lo desea. Esta demanda es lo que le ha cerrado la puerta de Palacio Nacional, al incorporarlo en el ámbito electoral. Luego el Presidente reiteró que no lo recibiría porque el proceso electoral sigue en litigio; Aureoles respondió que se trataba de seguridad nacional, chocando ambos en la semántica.
Lo que plantea el gobernador tiene sentido por lo que significa que probablemente hayan actuado e intervenido los cárteles de la droga en las elecciones, pero tiene que desechar su exigencia de que se anule la elección. Si es un asunto de seguridad nacional, que lo saque del ámbito electoral y reformule su petición de audiencia. Con otro marco de referencia, el Presidente tendría que reconsiderar su actitud si está realmente interesado en que México no se convierta en un narcoestado, y recibirlo.
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