El presidente Andrés Manuel López Obrador se zambulló en el lodo para pelearse con Ricardo Anaya, continuación de un choque personal que arrastran desde el debate presidencial en 2018, y que se agrió en las últimas semanas. La nueva confrontación fue detonada por el citatorio de un juez para que el próximo jueves comparezca y responda imputaciones de cohecho y lavado de dinero formuladas por la Fiscalía General de la República. Anaya acusó al Presidente de persecución y anunció su autoexilio, y López Obrador le respondió que el que nada debe nada teme, le dijo “marrullero” y negó que lo persiga.
El origen de este proceso es la denuncia ministerial del exdirector de Pemex, Emilio Lozoya, el 11 de agosto del año pasado, que para lograr el criterio de oportunidad y evitar ir a la cárcel por sus delitos, escribió una relatoría que acompañó directamente Juan Ramos, subprocurador especializado en Investigación de Delitos Federales, quien hizo correcciones y ampliaciones a lo apuntado por el exfuncionario. Ramos es el encargado de manejar el caso, y su brazo derecho, María Luisa Zúñiga, directora de la Fiscalía Especializada en Control Competencial, quien lo ha ido construyendo con Lozoya y su padre, Emilio Lozoya Thalman, para dar sustento a sus acusaciones.
Lozoya ha estado jugando con el fiscal Alejandro Gertz Manero al no aportar suficientes evidencias que sostengan su dicho, y por consecuencia, con el Presidente. Si la denuncia que formuló no avanza como quisieran en Palacio Nacional, es porque las acusaciones han sido endebles o imposibles de sostener ante un juez. Es lo que sucede con Anaya, a quien originalmente acusó de haber recibido casi 7 millones de pesos para que votara la reforma energética, sin que nadie checara que no era legislador, por lo que se tuvo que modificar la acusación por cohecho y lavado de dinero.
La intención de llevar a Anaya a la cárcel se publicó en este espacio el 5 de julio pasado, al señalarse que desde mediados de junio se había acelerado la integración del expediente tras un nuevo desencuentro entre el excandidato presidencial y López Obrador. Éste se dio el 9 de junio, cuando después de las elecciones intermedias, López Obrador se refirió a un video que había difundido Anaya en marzo, donde en referencia a afamadas cervezas lo llamó “el señor de las caguamas” al criticarlo metafóricamente por la cancelación del aeropuerto en Texcoco.
López Obrador se mofó con una ocurrencia fuera de contexto: “Hasta le voy a pedir permiso a Ricardo Anaya para que yo me tome una nada más, una caguama Pacífico. Todo con moderación”. El Presidente también jugaba con las palabras, pues casi toda la costa del Pacífico se había pintado de Morena en esa elección. Lo que no esperaba López Obrador, por el enojo que le causó, fue la reacción de Anaya. “Yo me estoy tomando una Victoria aquí en el poniente de la CDMX y posiblemente me tome otra en Querétaro”, reviró con burla en otro video, aludiendo a las victorias de la oposición en las alcaldías en el poniente de la Ciudad de México y del PAN en Querétaro. “¡Salud, Presidente, todo con moderación. Ahí nos estamos viendo en el 2024!”, remató.
Después de aquel momento se reabrió la carpeta contra Anaya. Como se publicó entonces, la defensa de Lozoya ha mantenido estrecha comunicación con Zúñiga, trabajando coordinadamente con Kristian Jiménez Hernández, de la Unidad de Investigación B de la Coordinación General de Investigación de la Fiscalía General, y fiscal asignado al caso, para presentar pruebas por los presuntos delitos de cohecho y operaciones con recursos de procedencia ilícita, para que puedan integrarse a la carpeta del excandidato presidencial. Gertz Manero revisó personalmente el caso y se preparaba a solicitar una orden de aprehensión, que aparentemente es lo que motivó a Anaya a anunciar que se autoexiliaba.
Anaya optó por responsabilizar de todo a López Obrador, quien cayó en la provocación y le respondió. Con su acción, le dio rango de interlocutor al beligerante político panista, lo que es un error de cálculo. El Presidente quizá no lo vea, pero los mensajes de Anaya, que están siendo enmarcados en una persecución contra políticos de oposición y, en su caso, como un intento para descarrilarlo de sus aspiraciones presidenciales en 2024, tienen alas para volar.
López Obrador ha caído fácilmente en las provocaciones de Anaya, pero al entrar en una batalla de dichos con él, ha caído en el juego de su adversario político que no tardará, por la forma como escala las cosas, en equipararlo con Daniel Ortega, el presidente de Nicaragua que emprendió una cacería contra sus opositores, varios de quienes quieren disputarle la Presidencia en las próximas elecciones, y los está encarcelando.
Llevar a políticos prominentes a la cárcel no es algo que se vea bien en ninguna democracia, y suelen interpretarse como actos de represión autoritaria. Si la acusación de la Fiscalía General no es sólida y contundente, será López Obrador, no Gertz Manero, quien pague el costo. Si Anaya no puede responder con claridad y abre la puerta a las dudas sobre su honestidad, como lo presume, el Presidente debe dejar que el crédito se lo lleve el fiscal, y no quererse llevar el mérito.
López Obrador no tiene ninguna necesidad de enfrascarse en una discusión con Anaya tan asimétrica en dos vías: el de la proporcionalidad, donde la palabra presidencial no puede compararse con la palabra de Anaya, y el retórico, donde Anaya puede decirle prácticamente cualquier cosa, y López Obrador, por su propia investidura, está acotado. Debe dejar todo el caso Anaya en manos de la Fiscalía, y contener su ira contra el panista. Ya cometió dos errores al responder a sus videos, pero puede enmendarlos, pues de otra forma, un tema que debía haberse reducido al campo judicial, lo convertirá en un asunto político y, casi por definición, de persecución política.
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