“Disfruten su ‘triunfo’, compañeros”, escribió el sábado el experto en seguridad Alejandro Hope. “Los va a perseguir por años”. Las palabras de Hope, escritas en su cuenta de Twitter el sábado pasado, horas después de que Morena y sus aliados aprobaron de manera mecánica la adscripción de la Guardia Nacional a la Secretaría de la Defensa Nacional, son premonitorias, pero no falsas. El experto consideró que, en vez de garantizar la sustentabilidad de la Guardia Nacional, el voto en San Lázaro creó una situación “en la que van a caer en responsabilidades administrativas”. También tiene razón, aunque habría que añadir que también el Ejército, ganando como se ve en el corto plazo, perderá en el largo.
Comenzó el camino a la derrota el viernes, cuando pese a aprobarse la adscripción de la Guardia Nacional a Lomas de Sotelo, el documento es tan endeble que, como advirtió Hope, un próximo gobierno podría desmantelar lo votado. El Ejército quería una reforma constitucional, pero el presidente Andrés Manuel López Obrador no pudo concretar porque agotó en la primera parte de su sexenio el vapor a su locomotora, pero el PRI, inesperadamente, dejó abierta la puerta para otorgarles el andamiaje constitucional que desean los militares.
El viernes pasado, durante el debate en el Congreso, la diputada priista Yolanda de la Torre presentó una iniciativa para que la Guardia Nacional sea parte de la Secretaría de la Defensa Nacional hasta 2028, y no hasta 2024 como se estableció en su creación. La iniciativa rompe la moratoria constitucional acordada por la oposición, y pese a la polémica que levantó, los líderes del PRI no la han desautorizado o señalado que fue a título personal y no respaldada por el partido. Quizá no fortuito, eso es lo que quiere el Ejército para garantizar el control formal y legal de la Guardia Nacional por el resto de la década.
Es incierta la forma como actuará el PRI durante la discusión que se dará a partir de este martes en el Senado, donde ya se encuentra la minuta enviada por los diputados. Por lo pronto, el silencio tricolor gritó durante los prolegómenos de la discusión que será de trámite, siempre y cuando la bancada de Morena y sus aliados en el PT y el Verde se mantengan en la línea presidencial de aprobarla para cumplir los deseos de López Obrador, porque, al no ser una reforma constitucional, sólo se necesita una mayoría simple. Si el PRI no le hizo una trastada a la oposición, se sumará a las controversias que presentará en contra de la acción presidencial.
En cualquier caso, lo ideal para el Ejército habría sido que nada de esto hubiera pasado y que la Guardia Nacional se mantuviera, aunque fuera de manera formal, bajo la jurisdicción civil. Absorber a la Guardia Nacional es comerse la manzana envenenada que les dio López Obrador, cuyo objetivo ulterior es desaparecerlas y construir sobre ellas una policía militarizada.
Esa meta ha estado en el pensamiento del Presidente durante años, y fue ratificado en una entrevista en La Jornada en 2019, donde afirmó: “Si por mí fuera, yo desaparecería al Ejército y lo convertiría en Guardia Nacional. Declararía que México es un país pacifista que no necesita Ejército, y que la defensa de la nación, en el caso de que fuera necesaria, la haríamos todos”. Para el Presidente, la defensa de la seguridad nacional es retórica, y habría que dedicar todos los recursos militares a la seguridad pública. En aquel momento no lo hizo porque había muchas resistencias, reveló al diario, sin aclarar de dónde provenían.
Sin embargo, López Obrador encontró otro camino, vaciando a las Fuerzas Armadas de su esencia y responsabilidad dentro del Estado mexicano, al entregarles múltiples responsabilidades ajenas a sus funciones, supliendo a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, utilizando a soldados como policías migratorias o aportando su logística para encomiendas que antes hacía la Secretaría de Salud o el Seguro Social, ocupando cargos públicos en números nunca antes vistos, entre otras tareas.
La absorción de la Guardia Nacional es la culminación de la trampa. El argumento presidencial es que se requiere la disciplina militar para enfrentar a los criminales, que es también la explicación que dan varios generales para que esa policía paramilitar pase a formar parte de su estructura. Sin embargo, el papel de la Guardia Nacional no es el combate a ningún delincuente, sino actuar con el propósito primordial de disuadir e inhibir a delincuentes. No ha servido. El año pasado, con más de 100 mil efectivos desplegados, detuvo a poco más de 8 mil personas, cifra inferior al último año del gobierno de Enrique Peña Nieto, que con 36 mil policías, la Policía Federal capturó a poco más de 13 mil.
El incremento de homicidios dolosos y de la mayoría de los delitos federales es una muestra de lo fallido de la estrategia. La manera como agreden a militares, soldados o guardias, los privan de su libertad o han dejado de imponer respeto, es consecuencia directa de la impunidad que el diseño de seguridad federal le ha dado a los delincuentes. El resto del sexenio será igual porque el Presidente no modificará la ruta de acción, aunque la incidencia delictiva en delitos de alto impacto se perfile a niveles nunca antes vistos.
López Obrador está construyendo su puerta de escape y los militares no quieren verlo. Toda la campaña para que la seguridad pase a manos de los militares le da una coartada para no asumir su responsabilidad al final de su gobierno y culpar del fracaso al Ejército. Podrá argumentar que les dio todo e hicieron poco, con lo que demostraron su ineficiencia y la razón para no existir.