Hasta el 9 de septiembre de 2014, cuando la Presidencia de la República publicó una foto del presidente Enrique Peña Nieto con el multimillonario Germán Larrea, prácticamente nadie fuera de la élite política, empresarial y su familia, conocía su apariencia. Sin embargo, este empresario misterioso, que por lustros mantuvo un muy bajo perfil, tenía una fama pública terrible, heredada en parte –su padre comenzó el imperio económico durante el gobierno de Miguel Alemán hace siete décadas–, y ganada a base de una mano de hierro, inflexible en las negociaciones y en la gestión de sus compañías, a veces llegando a niveles que entraba en la caracterización de depredador.
Presidente y fundador de Grupo México en 1978, Larrea es visto inclusive entre sus pares como una persona nada empática y difícil de tratar. Ante la opinión pública, la mala percepción aumenta exponencialmente. La asociación de su nombre con tragedias comenzó en 2006 cuando su mina, Pasta de Conchos, en Coahuila, explotó con 65 mineros dentro, que aún se encuentran atrapados bajo tierra. Empeoró en 2014, cuando se accidentó su mina de cielo abierto en Buenavista del Cobre, que contaminó dos ríos en Sonora, en el peor desastre ecológico en la industria minera. Temerario, Larrea ha enfrentado juicios en varios países por sus manejos administrativos, y pagado miles de millones de dólares en penalizaciones.
De carácter duro, ha sacado provecho por negociaciones y relaciones en todos los gobiernos desde el de Carlos Salinas, que le entregó la histórica mina de Cananea en la privatización que llevó a cabo, pasando por el de Ernesto Zedillo, que le entregó los ferrocarriles, y Felipe Calderón, que lo protegió de consecuencias legales por Pasta de Conchos, pero no se había topado con ningún presidente que lo enfrentara como Andrés Manuel López Obrador, contra quien en 2018 promovió entre sus empleados que no votaran por él.
Lo que piensa el obradorismo de Larrea lo reflejó Carlos Fernández Vega, columnista y ejecutivo de La Jornada, el diario que combina a sus periodistas con activistas, ideólogos y cuadros políticos al servicio de López Obrador, que el año pasado escribió que la acumulación de su fortuna –es la segunda persona más rica de México– se logró “como lo hiciera su progenitor, a costillas del erario y la riqueza nacional, mediante negocios turbios, ‘facilidades fiscales’, jueces a modo, políticos a su servicio y más de 800 concesiones mineras que amparan millones de hectáreas otorgadas durante el régimen neoliberal”.
La animadversión de López Obrador, cuyos rencores suelen materializarse en venganzas, era visible. Desde principio del gobierno quería que le entregara el patio y tres tramos ferroviarios que operaba su subsidiaria Ferrosur en Coatzacoalcos, y cuando Larrea llegó a un acuerdo, el Presidente lo rechazó. La semana pasada, en un tête à tête, le pidió 9 mil 500 millones de pesos como contraprestación –poco más de tres veces lo que está costando un tramo similar del Tren Maya–, y López Obrador lo exhibió públicamente como un abusivo. La información salida de la Secretaría de Gobernación de que habían llegado a un acuerdo el martes fue desmentida por el Presidente. La versión, el lunes, de que Larrea retiraría su propuesta para comprar 80 por ciento de Banamex, fue celebrada en la mañanera con el anuncio de que el gobierno estaría interesado en adquirir ese paquete a Citi, su propietario.
Citi se adelantó ayer al sueño presidencial para tener algo como un Banamex para el Bienestar, y anunció en un comunicado, sin decirlo textualmente, que ya no vendería el banco a Larrea –cuya compra era inminente– y que en 2025 haría una Oferta Pública Inicial, lo que significa que se pondría a la venta en el mercado de valores. La decisión de Citi fue estratégica y puede interpretarse como un blindaje para evitar que López Obrador presione e intente, como reiteró el miércoles, adquirir el banco, y dejar que termine el sexenio para que, con otra persona en la Presidencia, pueda realizar la operación sin coacción de ninguna naturaleza.
Los analistas dijeron a medios especializados que no era la solución ideal, pero a juicio de Citi, era lo mejor para evitar un desastre con el colapso del acuerdo con Larrea, consecuencia del enfrentamiento con López Obrador. Para Citi, en su comunicado, la decisión fue resultado de una cuidadosa consideración que concluyó que ponerlo a la venta en las bolsas era el camino óptimo para maximizar el valor de Banamex para sus accionistas.
La conclusión de unos 17 meses de negociación fue el colapso, pero no por desacuerdos visibles la víspera, sino por la intromisión del presidente López Obrador, quien señaló ayer que se cayó la venta porque Larrea le había pedido más “garantías” a Citi, como muchas cosas, sin contexto o explicación de lo que afirma. Citi no dijo nada al respecto y Larrea, fiel a su costumbre, guardó silencio.
La interpretación la comenzaron a hacer desde la mañana del miércoles los medios financieros más influyentes del mundo. El proceso de venta de más de un año se complicó por el involucramiento del presidente mexicano, señaló The Wall Street Journal. Pese a que había varios interesados, apuntó Bloomberg, el pool de compradores potenciales se redujo luego de que el presidente López Obrador impuso condiciones sobre el trato. El Financial Times destacó, a su vez, que el gobierno complicó el proceso de venta al exigir compromisos como el que no se despidiera a ningún trabajador.
López Obrador reaccionó a tono con su cosmogonía. El colapso de la negociación con Larrea la recibió con júbilo, sin ver en toda su dimensión lo que proyecta su injerencia y los ataques a éste, más allá de la difícil y odiada personalidad del empresario, porque lo que hizo rebasa a la persona. Que alguien le explique el significado del editorial del Wall Street Journal el martes, donde a propósito de la expropiación de Ferrosur y otras acciones de fuerza contra inversionistas, tituló: AMLO dice que lo que es tuyo puede ser de él en México.
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