El joven presidente de Ecuador, Daniel Noboa, ha tenido frases muy duras en estas últimas 48 horas, ante el desafío de los cárteles de las drogas que lo emplazaron a medir fuerzas. Noboa dijo que están en guerra contra ellos y envalentonado agregó: “Se acabaron los momentos tibios. Este gobierno está tomando las acciones necesarias que en los últimos años nadie quiso tomar, y para eso se necesitar tener huevos grandes, de avestruz, no huevos de cartón”. Hablar de valor para tomar decisiones es importante. Sin embargo, no sólo con carácter dará la vuelta a las cosas. Se necesita lo que más adolece, un Estado fuerte.
Los cárteles de la droga han metido en crisis a ese país, quizá la más profunda de las que ha vivido Ecuador, una nación crecientemente distópica que lleva años bajo el dominio de las organizaciones criminales. Noboa, que asumió la Presidencia hace escasos dos meses y medio, no esperó a generar consensos ni a fortalecer un poder que le permitiera ir a la guerra contra el narcotráfico con claras posibilidades de ganar. El lado oscuro de su acción es terrible: perder esta guerra y morir, o que el poder criminal doblegue a las fuerzas que defienden al Estado ecuatoriano y se ponga sobre la mesa una intervención militar ante el nuevo fenómeno criminal, donde la arrogancia bañada de impunidad es aterradoramente asombrosa.
La afrenta al gobierno no surgió de un grupo rebelde del Ejército, como podría ser un golpe de Estado, sino de organizaciones delictivas a las que no les importa derrocar a las autoridades para gobernar, sino someterlas para que gobiernen de acuerdo con sus intereses, convirtiendo al país en un santuario criminal. ¿Cuál fue el diagnóstico de Noboa para enfrentarlos de manera frontal? ¿Cuál el análisis que lo llevó a escenarios de victoria? En una primera reflexión, parece que el presidente se adelantó.
Noboa no tiene la fortaleza institucional para librar esta guerra únicamente con sus recursos domésticos, como quedó demostrado al estallar la crisis, cuyo detonante fue el 7 de enero, cuando, como parte de su estrategia de seguridad, que pretende optimizar la lucha contra el crimen organizado para recuperar la paz, ordenó a cientos de militares y civiles intervenir la cárcel regional de Guayaquil para decomisar armas, municiones y explosivos. El prisionero más célebre era José Adolfo Macías, el Fito, líder de la banda Los Choneros, que es brazo criminal del Cártel de Sinaloa. Sin embargo, antes de que llegaran, se fugó.
¿Cómo lo hizo? Con apoyo de autoridades o custodios penales. ¿Por qué el mismo día del inicio del operativo? Porque, reveló Noboa, hubo filtraciones de su propio gobierno a los criminales, lo que les permitió prepararse. La respuesta a sus acciones fueron motines este lunes en seis cárceles ecuatorianas y la fuga de la de Riobamba un día después, de Fabricio Colón Pico, uno de los jefes de la banda Los Lobos, la segunda organización delictiva más grande del país, vinculada con el Cártel Jalisco Nueva Generación.
¿Cómo lo hizo? Igual. Con apoyo de autoridades o custodios penales. Pero el apoyo institucional a los criminales va más allá, como lo admitió Noboa al hablar sobre el Poder Judicial. “Esto no lo podemos combatir de un solo lado y no es sólo bala”, dijo ayer en una entrevista de radio. “Es también en la Función Judicial. Nosotros consideraremos a los jueces y fiscales que apoyen a líderes identificados de estos grupos terroristas como parte del grupo terrorista”, agregó, evocando lo que sucedió con Colón Pico, a quien un juez liberó seis veces.
La degradación de Ecuador como país lleva más de 15 años, pero no es la única nación que ha vivido ese proceso. Desde 2007, el respetado politólogo argentino Guillermo O’Donnell formuló el concepto de las “zonas marrones” en América Latina, que eran franjas territoriales donde la presencia del Estado era tan débil que el gobierno era disfuncional, había perdido eficiencia y entregado el monopolio de la violencia a criminales. El país que más llamaba su atención en aquel entonces era México.
La raíz podrida de ello la vio Felipe Calderón como presidente electo, cuando recibió el diagnóstico: el fracaso del gobierno de Vicente Fox al no combatir a los cárteles entregó 85 municipios –de los más de 2 mil 500 en el país– al narcotráfico. Hoy, más de 830 municipios, de acuerdo con el Pentágono, están controlados por el narcotráfico. El presidente Andrés Manuel López Obrador siguió el camino de Fox y el de los tres primeros años de Enrique Peña Nieto, que tampoco combatió cárteles.
En la actualidad, para López Obrador es una batalla deliberadamente perdida. Los cárteles de la droga controlan no sólo territorios, gobiernos e imponen su ley, sino han ido expandiendo sus negocios ilícitos y sometido con violencia a todas las capas sociales, al grado de que en varias ciudades del país los reguladores de la actividad microeconómica son los criminales. Los dos principales grupos delincuenciales, el Cártel de Sinaloa y el Cártel Jalisco Nueva Generación, son también dos de las principales organizaciones criminales trasnacionales del mundo.
México no está en una crisis como Ecuador, pero lo estará si no se hace algo pronto. Es importante observar el futuro de Noboa y estar atentos a la forma como los gobiernos americanos acudan en su ayuda, ante los síntomas de cáncer terminal que estamos viendo. Ecuador tiene ofertas de usar Fuerzas Armadas extranjeras y, si se percibe que va rumbo a la derrota, pueden convertirse en presiones que violen su soberanía, para evitar que los cárteles vulneren las de otras naciones. Pero podría pasar lo contrario y que su derrotero fuera como el de Nayib Bukele, en El Salvador, que con mano dura y resultados se ha fortalecido.
En ambos casos, la afrenta a Noboa nos muestra los riesgos y oportunidades que tiene para enfrentar a los cárteles de la droga, pero de que la próxima presidenta mexicana tendrá que confrontarlos para poner un piso a la entrega del país a criminales que dejará López Obrador, no hay duda.