Con 177 mil 942 homicidios dolosos en 62 meses de gobierno, mucho más que cualquier otro presidente antes que él, Andrés Manuel López Obrador dijo este lunes que México era un país pacífico y que la incidencia delictiva se ha ido reduciendo. El Presidente maneja porcentajes, no números absolutos, para ocultar que heredará en 10 meses un país lleno de sangre. En varias ocasiones, como decía el gobierno de Felipe Calderón y él refutaba como opositor, la violencia no se da en todo el país. Pero, a diferencia de aquél, la expansión territorial de los cárteles de la droga no tiene precedentes y el sometimiento de gobiernos estatales es cada vez más apabullante. Guerrero es el mejor ejemplo.
Estado con problemas complejos que se cruzan y han aquejado a la población por generaciones, no se había visto, sin embargo, una descomposición tan acelerada como la que se ha experimentado desde que asumió la gubernatura Evelyn Salgado, en octubre de 2021. Desde entonces, todo ha ido cuesta abajo. El año pasado Guerrero ocupó el lugar siete en cuanto a homicidios dolosos, con un total de mil 704, en comparación con el año anterior, cuando estaba en el lugar 10 con mil 404 asesinatos. En un año subió 21 porciento el número de homicidios dolosos, superado sólo por otras entidades morenistas, Morelos, Veracruz, Oaxaca y la Ciudad de México, de acuerdo con la consultora TResearch International.
Un informe que le entregó el secretario de la Defensa, general Luis Cresencio Sandoval, al Presidente a finales del año pasado, establecía que para poder recuperar Guerrero, habría que trabajar 10 años. Esto significa que hoy, sin importar lo que se haga, Guerrero es literalmente un estado fallido en manos de los criminales. En una década, de acuerdo con informes gubernamentales, el número de municipios controlados por el narcotráfico se elevó de 22 a un estimado de al menos 40, dos terceras partes del total de municipios.
Quién controla cuáles, aporta un primer mapa del control delincuencial sobre la vida productiva de Guerrero y qué es lo que está en disputa.
Los Tlacos ‘gobiernan’ 10 municipios en la zona norte del estado, donde controlan la extorsión de las minas –oro y materiales estratégicos para las industrias militares–, que surgieron como fuerza relevante en el gobierno de Héctor Astudillo, quien autorizó 16 policías comunitarias –muy asociadas con el fenómeno criminal– de dos que había previamente, y 10 de las cuales se las entregó a Onésimo el Necho Marquina, jefe de esa banda, que anda huyendo. Quien tiene su poder subrogado es Salvador Alanís Trujillo, coordinador de la Policía Ciudadana en el municipio de Heliodoro Castillo, que mantiene a Los Tlacos en la actual administración como la fuerza dominante.
Sus adversarios principales son Los Ardillos, que manejan 12 municipios en la zona de la Montaña, y en guerra con Los Tlacos por el control de Chilpancingo, donde el negocio criminal más lucrativo es la extorsión. La alcaldesa de Chilpancingo, Norma Otilia Hernández, está siendo investigada por la Fiscalía General de la República por presuntos vínculos con el jefe ardillo, Celso Ortega Jiménez. Los Tlacos también están enfrentados con La Familia Michoacana, que controla 12 municipios, y quiere arrebatarle Coyuca de Benítez, para tener una salida al mar en la Costa Grande, para sacar al mercado su droga desde Tlacotepec. Las dos bandas también están enfrentadas en la zona de San Miguel Totolapan, en Tierra Caliente, para garantizar el trasiego de drogas hacia Morelos.
La Familia Michoacana está asociada con el Cártel Independiente, que controla la extorsión en el centro de Acapulco y la zona del mercado, en la guerra por el puerto contra los remanentes del Cártel de los Beltrán Leyva, el Cártel de Caborca, que fundó Rafael Caro Quintero, y Los Rusos, que, presuntamente de la mano del cónsul honorario ruso en el puerto, Antonio Rullán Dichter, controla al menos ocho municipios, la Costera y toda la zona de Punta Diamante, donde han ido adquiriendo más propiedades y terrenos ante la depresión inmobiliaria provocada por el huracán Otis.
Toda esta mescolanza de grupos criminales que han llenado el vacío que nunca ocupó la gobernadora Salgado llevó a que después de la devastación del huracán Otis en Acapulco –no por razones de violencia e inseguridad, sino por el impacto social de la falta de ayuda–, el presidente López Obrador pidiera a su padre, el senador Félix Salgado Macedonio, que interviniera para restablecer el orden. Sin embargo, el resultado no ha sido el esperado, ni en el aspecto de la reconstrucción, donde no hay servicios básicos urbanos y la basura que sigue sin recolectarse, junto con el agua almacenada en charcos, ha incrementado las enfermedades gastrointestinales y el dengue, ni en el tema de la seguridad.
Una de las razones de la red criminal tan cambiante, explicaron personas que conocen las profundidades de Guerrero, es la complicidad de los alcaldes con el crimen organizado y que varios de ellos están negociando al mismo tiempo con organizaciones enfrentadas entre sí, lo que produce ajustes de cuentas o procesos de desestabilización inducidos en algunas ciudades del estado. Una situación similar se vivió en 2007, cuando Félix Salgado Macedonio era alcalde de Acapulco, y el gobierno federal tenía indicios de que dinero de diferentes bandas había financiado su campaña. Uno de sus viejos colaboradores era Ludwig Marcial Reynoso, actual secretario general de Gobierno de Guerrero.
El control, fragmentado en diversas zonas que operan como feudos, no lo tiene el gobierno, sino las organizaciones criminales, que pelean entre ellas y siguen delinquiendo, mientras que la pasividad en la acción institucional parece más una claudicación. Hay 10 mil militares y un recientemente creado ‘Mando Especial’ para coordinar todas sus acciones, que hasta el momento no sirve para nada. Siguen los muertos, sigue la violencia y la inseguridad. Se puede argumentar que Guerrero está podrido, y habrá quien lo refute, pero de lo que no hay duda es que el estado es la metáfora de un fracaso nacional sin punto de retorno por varios años.
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