En cuatro días, Zacatecas volvió a ser centro de atención nacional con siete asesinatos, cuatro de ellos de alto impacto. Dos fueron en Fresnillo, la segunda ciudad más grande de Zacatecas, que históricamente ha sobresalido por sus minas de oro y plata, pero que en los últimos años se ha destacado más por ser epicentro de una guerra entre los dos grandes cárteles de la droga. Los blancos fueron familiares del senador Ricardo Monreal y del gobernador David Monreal, que han controlado políticamente al estado y a Fresnillo a lo largo del siglo, que en el pasado se vieron involucrados en casos relacionados con el narcotráfico, de los cuales salieron públicamente sin problemas legales.
La familia Monreal es lo más cercano que hay en el país a una dinastía política. Quien más ha destacado, desde los 90, es Ricardo, pero luego viene David, y atrás de ellos Saúl, dos veces alcalde de Fresnillo, y Rodolfo, quien antecedió en ese cargo al actual gobernador, cuando fue presidente municipal a mediados de la primera década del siglo. Son 14 los hermanos Monreal, y al menos 10 tienen cargos de elección popular, son funcionarios municipales, federales, estatales, o trabajan en los gobiernos de Sinaloa y Estado de México.
La fuerza de los Monreal ha avasallado a todos los grupos políticos zacatecanos y los ha dejado sólo como fuerzas locales, por lo significativo de los crímenes contra la familia. El primero fue el miércoles contra Juan Pérez Guardado, cuñado del senador y funcionario de Fresnillo, y el segundo fue el sábado, cuando fue abatido Jorge Antonio Monreal, funcionario municipal también, y sobrino de los famosos políticos.
Sin embargo, no hay ninguna razón para pensar que se trata de vendettas personales en una lucha por el poder, porque en los asesinatos de la semana pasada también pagaron su cuota de sangre las familias aplastadas políticamente por los Monreal, los Murillo y los Olvera. El mismo miércoles que asesinaron a Pérez Guardado, hombres armados mataron a Cecilio Murillo, hermano del alcalde de Sombrerete, y al empresario José Olvera Fraga en esa misma cabecera municipal.
La marca de los asesinatos se la llevaron los Monreal, pero en estos crímenes cayeron miembros de las otras familias relevantes en el estado. Es probable, como apuntan algunos observadores, que detrás de los homicidios de la semana pasada se esconde la reacción desesperada del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), que llegó a tener el control casi absoluto de Zacatecas hasta mediados de 2022, cuando el Cártel del Pacífico –antes llamado de Sinaloa–, al mando de Ismael el Mayo Zambada, comenzó a disputarle el territorio y a doblegarlo.
El CJNG, junto con sus aliados tácticos del Cártel del Golfo, ha sido la organización criminal que más ha sufrido los embates del gobierno federal a través de un grupo de coordinación institucional, que incluye las áreas antisecuestros y antihomicidios de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, a la Secretaría de la Defensa Nacional y la Fiscalía General, desde junio del año pasado. Una simple revisión hemerográfica muestra los continuos golpes al CJNG, al que le han detenido cabecillas y desmantelado células. El último gran operativo contra esa organización fue a mediados de diciembre, cuando capturaron a quien las autoridades identificaron como el líder del cártel en Zacatecas.
Los resultados obtenidos por el gobierno federal en Zacatecas hicieron que desapareciera el estado dentro del grupo de las entidades más violentas del país, donde se encuentran Baja California, Chihuahua, Estado de México, Guanajuato, Guerrero, Jalisco y Michoacán. Pero el éxito en el combate contra ese grupo no lo ha sido en la lucha contra el Cártel del Pacífico, que a través de la alianza del Mayo Zambada con la familia Cabrera Sarabia, que se ocupó de enfrentar al CJNG y al Cártel del Golfo, principal, aunque no únicamente, en Zacatecas.
Los Cabrera Sarabia surgieron en Canelas, Durango, de donde son originarios, y que forma parte del llamado Triángulo Dorado, que es la frontera de Sinaloa, Chihuahua y Durango, que ha estado bajo el total control del Cártel del Pacífico desde que el narcotráfico se convirtió en problema de seguridad pública a mediados de los 70. Sus primeros líderes fueron detenidos en 2011 y extraditados a Estados Unidos, o abatidos en 2012. Actualmente se presume que quien dirige a la banda es José Luis Cabrera Sarabia, y que como sus hermanos anteriormente, sigue el modus operandi de vinculación con políticos en toda la región para protección institucional.
El trabajo del gobierno federal contra el CJNG ha beneficiado indirectamente al Cártel del Pacífico, que recuperó lo que había perdido en las rutas de trasiego de drogas a Estados Unidos y que con la inopinada ayuda militar ha ido desplazando a sus rivales de Zacatecas. Los asesinatos de la semana pasada en Fresnillo y Sombrerete contra objetivos políticos que parecieron muy bien escogidos –golpes en el segundo nivel de las familias políticas más poderosas– se inscribirían, en efecto, en una acción para provocar una respuesta federal y un incremento en la presencia de tropas en el estado.
Esto es lo que en el argot criminal se llama ‘calentar la plaza’, que se da cuando una organización delictiva busca aprovechar la fuerza del Estado a su favor, que es lo que sugieren las acciones violentas de la semana pasada, luego que en diciembre y enero no se registraron homicidios. Lo que sucede en Zacatecas, sin embargo, se inscribe en algo más, la dialéctica del golpeteo a los cárteles de la droga, repetido en este y varios sexenios, donde el desmantelamiento de los cárteles ha sido menor en el Pacífico.
Nota: En la columna Metáfora del fracaso publicada el 2 de febrero, se señala de manera contextual al empresario Antonio Rullán Dicheter, de estar vinculado en Guerrero con el grupo criminal Los Rusos. El empresario, en una carta a este espacio, afirma que no conoce al “grupo de delincuentes llamado Los Rusos” y que nunca, en 57 años de vivir con su familia en Acapulco, ha estado involucrado en ningún escándalo de esta índole.