Las investigaciones que realizó el Departamento de Justicia sobre presuntos financiamientos del Cártel de Sinaloa en las campañas presidenciales de Andrés Manuel López Obrador en 2006 y 2018, han generado una preocupación real del Presidente porque no sabe si existen realmente videos donde están sus hijos recibiendo dinero del narco, como lo apuntaron varios testigos en expedientes que se cerraron por razones políticas y diplomáticas.
Desde que aparecieron los primeros reportes periodísticos, hace casi un mes, el Presidente ha sostenido reuniones regulares con Alejandro Esquer, su secretario particular, para que le informe, aclare o confirme si existen videos, fotografías o audios que involucren a alguno de sus hijos o a su círculo cercano recibiendo dinero para las campañas. No se ha discutido, según ha trascendido, que sea dinero del narcotráfico, limitándose la petición a recursos en efectivo que pudieron llegar a la campaña irregularmente.
López Obrador ha negado vehementemente cualquier ilícito, pero le ha impactado en el ánimo la etiqueta de ‘narcopresidente’ en las redes sociales, que lo enerva crecientemente ante su uso cada vez más amplio en la opinión pública. Para tratar de neutralizarlo se ha desarrollado una estrategia –fallida– en la oficina de propaganda que dirige el vocero presidencial, Jesús Ramírez Cuevas, pero la parte más crítica, la posibilidad de que videos de su gente más cercana recibiendo dinero en efectivo aparezcan, es la que tendría un efecto potencialmente devastador.
Financiamientos irregulares de las campañas presidenciales han sido motivo de discusión pública desde hace al menos tres años. Recientemente Jesús Ortega, que fue el coordinador de la campaña presidencial de López Obrador en 2006, dijo en una entrevista de prensa que quienes manejaban los recursos de la campaña eran Octavio Romero, actual director de Pemex y quien por lustros ha sido quien se encarga de la economía de los hijos mayores del Presidente; el hijo de Julio Scherer, cuyo padre fue poderoso consejero jurídico de la Presidencia en la primera parte del sexenio; Leonel Cota, que manejaba los dineros del PRD –cuando aún no se partía y nacía Morena–; el articulista al servicio del poder en turno Federico Arreola –actualmente en el cuarto de guerra de la candidata Claudia Sheinbaum– y el propio Esquer.
Ortega no precisó el origen de los recursos, aunque una de las investigaciones del Departamento de Justicia encontró testigos que le dijeron a agentes de la DEA que al menos 2 millones de dólares habían sido aportados por el Cártel de Sinaloa. La respuesta de López Obrador fue acusar de calumniadores a los tres periodistas que publicaron detalles de las investigaciones que se refieran a la campaña presidencial de 2006.
Informaciones sobre financiamientos opacos en la campaña de 2018 involucran directamente a Esquer. Una investigación de Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad a finales de 2020, encontró que el entonces secretario de Finanzas de Morena contrató proveedoras fantasma con una empresa que estaba listada como simuladora de operaciones comerciales con fines de evasión fiscal. Un año después, en diciembre, la misma organización reveló que Esquer y Denis Zaharula Vasto, actual coordinadora general de Administración de la Oficina de la Presidencia, realizaron una operación de depósitos hormiga en diciembre de 2017 a un fideicomiso que supuestamente era para los damnificados del sismo en ese año, de donde supuestamente retiraron 44 millones y medio de pesos que terminaron en campañas políticas.
Ninguna de esas revelaciones vincularon los recursos al crimen organizado, como ha sido hasta recientemente con el detalle de varias investigaciones de las agencias que dependen del Departamento de Justicia de Estados Unidos, que son las que han detonado la preocupación del Presidente, en particular de su hijo Gonzalo, que, de acuerdo con un libro del sociólogo Hernán Gómez Bruera, Traición en Palacio: el negocio de la justicia de la 4T, enfocado en el exconsejero jurídico Scherer, es quien estaba involucrado en el financiamiento de la campaña presidencial de su padre.
No era el único involucrado en la recaudación de recursos. De acuerdo con la información obtenida, también participaron el exconsejero Scherer, Tatiana Clouthier, que fue la coordinadora de campaña de López Obrador en 2018 y posterior secretaria de Economía, y Alejandra Fraustro, a quien nombró titular de Cultura. Hubo otras personas que contribuyeron en la recaudación de recursos, pero la preocupación central en Palacio Nacional se encuentra en el grupo más íntimo que recibió el dinero.
La posibilidad de que existan pruebas documentales de haber recibido dinero en efectivo es un tema que viene rondando en la Presidencia desde hace más de dos años, cuando detectaron la existencia de videos que, temían, podrían ser dados a conocer. Hasta ahora no han logrado averiguar quién o quiénes podrían tener esos videos, que tampoco han salido a la luz pública. No está claro si la preocupación actual del Presidente está relacionada con aquellos videos, o si hay temor de que sea un paquete diferente.
López Obrador ha estado pidiendo a Esquer detalles de su agenda durante la campaña presidencial de 2018, y toda la información de las personas con las que se reunieron él y los otros responsables de recaudar recursos, que le reportaban al actual secretario particular. Extrañamente, la identificación de donadores y los montos es un tema que no ha salido del control de Palacio Nacional, y no se ha involucrado, hasta el momento, al Centro Nacional de Inteligencia, que podría contribuir a determinar si los donantes tenían o no relaciones sospechosas con el crimen organizado.
El tema del financiamiento irregular o ilegal de sus campañas ha golpeado a López Obrador en la opinión pública de manera efímera, por lo cual no ha habido consecuencias en su imagen y popularidad, que es lo que más le importa. Pero el presunto financiamiento del Cártel de Sinaloa y Los Zetas, investigado por el Departamento de Justicia hasta que cerró las pesquisas para no confrontarse con el gobierno mexicano y tener un diferendo político, es otra cosa, y pone la lupa de la preocupación presidencial en su campaña de 2018 y eventuales problemas legales internacionales para el entorno de López Obrador.