La reunión entre el presidente Andrés Manuel López Obrador y el próximo secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, el miércoles pasado en Palacio Nacional fue muy publicitada por la Presidencia, que colocó una fotografía de los dos en las redes sociales. El mensaje subrayaba la injerencia de López Obrador en el gobierno entrante y la forma irrespetuosa con la que está tratando a su sucesora, Claudia Sheinbaum. Pero también quiso dejar claro que la estrategia de seguridad tenía que ser la misma a la que implementó en su sexenio, aunque haya sido un fracaso.
García Harfuch salió sonriente de la reunión, mientras Sheinbaum dijo que veía con buenos ojos que el Presidente hablara personalmente con su futuro gabinete. No podían haberlo hecho de otra manera. La presión de López Obrador, que sabe que no se puede aferrar al poder pero quiere dejar atada de manos a la próxima presidenta, ha ido creciendo conforme se está acercando el 30 de septiembre, su último día como jefe de Estado. Le están administrando sus ansias y arrebatos, sus pretensiones y exigencias, algunas de las cuales son transitables, al menos por un tiempo, pero otras son inaceptables.
La seguridad es una de ellas. La estrategia de López Obrador no será imitada por el nuevo gobierno. Fue un desastre que dio como resultado el mayor número de homicidios dolosos en la historia, y empoderó a los cárteles, a los cuales entregó de facto amplias franjas del territorio nacional y el destino de miles de personas. La relación con ellos, tejida por omisión o comisión, ha metido a López Obrador en un problema serio a mediano plazo, luego de que el líder del Cártel del Pacífico/Sinaloa, Ismael el Mayo Zambada, señaló al gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha, de tener nexos con la organización criminal.
La Secretaría de Seguridad ha sido desmantelada por López Obrador. Le quitó presupuesto y recursos humanos que trasladó a las Fuerzas Armadas, y destruyó la policía civil sustituyéndola por la Guardia Nacional, que no pacificó el país ni acabó con la violencia, lo que prometió en campaña. García Harfuch recibirá un esqueleto, pero ni él ni Sheinbaum se dirán sorprendidos, sabiendo de la destrucción institucional en ese campo.
Por diseño obradorista, la secretaría no puede dar seguridad y protección a los ciudadanos, porque la Guardia Nacional, la que debería proveerlas, está bajo el mando militar y así seguirá. Sheinbaum sabía que esa era una pelea que jamás ganaría al Presidente, pero ante tanta destrucción, se abrieron las posibilidades de armar una institución que permita ir caminando hacia la reducción de la violencia.
De acuerdo con los borradores de la nueva estrategia de seguridad, la secretaría reforzará el área de inteligencia civil con el Centro Nacional de Inteligencia (CNI), que está bajo su mando. En la actualidad, el CNI, encabezado por el general Audomaro Martínez, no responde a la secretaria de Seguridad, Rosa Icela Rodríguez, como debería por organigrama, sino al Ejército, aunque en los últimos tiempos se maneja de manera autónoma por un conflicto personal desde hace tiempo con el general secretario de la Defensa, Luis Cresencio Sandoval. El CNI, hasta este momento, va a dejar de ser dirigido por un militar, y pasará a ser encabezado por un civil de carrera dentro de ese organismo –antes llamado Cisen–, que tendrá dos secretarios generales, contra un solo puesto de ese rango que tiene actualmente.
La batalla por el CNI fue una de las más difíciles y prolongadas que tuvo el equipo de Sheinbaum con el del general Sandoval, que se ha decantado por la próxima presidenta, aunque hasta que no salga el nombramiento no se puede decir que logrará el objetivo, como ha sucedido con otros cargos en el gabinete que también han sido motivo de disputa palaciega. Fue una lucha crítica porque Sheinbaum quiere abandonar el énfasis que le dio López Obrador al CNI en espionaje político, y enfocarlo a investigación criminal.
Junto con ese logro estratégico, se obtuvo otro no menos importante, la recuperación para un civil del Centro Nacional de Fusión de Inteligencia –que hoy dirige Luis Rubén Sandoval, hijo del secretario de la Defensa– y de los cinco Centros Regionales de Fusión de Inteligencia. Estos centros, que se comenzaron a construir a finales del gobierno de Felipe Calderón, son unidades que integran en un mismo espacio a analistas de todas las dependencias, donde se comparten información de inteligencia que permiten tomar decisiones. En este sexenio estos centros fueron perdiendo efectividad por una mala calidad de análisis y por la penetración en algunas áreas del crimen organizado.
El énfasis para reformar la investigación criminal es lo que llevó a la creación de una segunda secretaría general, que tendrá como propósito judicializar los casos que investiguen. El CNI no tiene facultades para hacerlo, pero el objetivo es que armen prácticamente terminadas carpetas de investigación que puedan entregar a la Fiscalía General, para que puedan judicializarse los casos y que los responsables sean juzgados, que no es lo que sucede hoy en día en la mayoría de los casos.
Originalmente se planteó negociar con el fiscal Alejandro Gertz Manero que la Fiscalía Especializada de Delincuencia Organizada pasara al CNI, pero se desechó la idea. Lo que aceptó –sin recular hasta ahora–, para reforzar las facultades de investigación, es que Sheinbaum nombre al nuevo titular de la Agencia de Investigación Criminal. Otra área que inicialmente se pensó llevar al CNI fue el SAT, pero no lo logró. El SAT se queda en la Secretaría de Hacienda y, según lo perfilado, estará a cargo de Arturo Medina, actual subsecretario de Derechos Humanos en Gobernación y ex procurador fiscal.
La secretaría que quiere Sheinbaum requerirá de un nuevo marco legal que deberá aprobar el Congreso. Ese será el segundo escollo que tendrá que librar –si el primero, los acuerdos alcanzados, se mantiene–, porque las cámaras no responden a la futura presidenta sino al actual Presidente, que es volátil, explosivo e impetuoso, sin saber en qué momento lo que aceptó lo reniega y trata de sabotear.