Genaro García Luna, secretario de Seguridad Pública en el gobierno de Felipe Calderón, habló públicamente ayer, por primera vez desde que fue detenido en Dallas en diciembre de 2019. Lo hizo mediante una carta dada a conocer por su abogado César de Castro –quizás inspirado en lo que hizo Ismael el Mayo Zambada una semana después de su captura–, y a tres semanas de que el juez Brian Cogan, de la Corte del Distrito Este de Brooklyn, le dicte sentencia tras haber sido encontrado culpable de recibir sobornos del Cártel de Sinaloa, donde enfiló sus baterías contra el presidente Andrés Manuel López Obrador.
Todo lo que dice en la carta no paliará el veredicto de Cogan, que si uno se atiene a las experiencias en el sistema de justicia estadounidense, es probable que la sentencia sea por más de 200 años, a sabiendas de que posteriormente suele haber negociaciones y las penas se reducen significativamente. García Luna da por descontado que eso sucederá, pero también que apelará la sentencia en un tribunal colegiado, con la apuesta de que la reviertan junto con la condena. En esas líneas que esboza en su comunicado parece encontrarse el fondo de lo que finalmente desea, la anulación del juicio y la reposición del proceso que, en el caso que se diera, probablemente se desista la Fiscalía y se sobresee.
Eso pretendió la defensa de García Luna cuando presentó una moción al juez Cogan para la anulación del juicio, argumentando que seis testigos de la Fiscalía habían cometido perjurio. Cogan aceptó la moción y le pidió a los fiscales hablar personalmente con los testigos –cinco de ellos vinculados al Cártel de Sinaloa–, lo que es inusual.
El 8 de agosto, sin embargo, canceló todo lo que había promovido y anunció que rechazaba la moción, fijando para el 9 de octubre la lectura de la sentencia. Abogados en Nueva York vincularon el cambio radical de Cogan a la captura de Zambada dos semanas antes, cuyo juicio va a presidir él, para no entrar en un terreno donde pudiera dañar la credibilidad de testigos protegidos criminales que pudieran ser utilizados por los fiscales en futuros casos.
La carta de García Luna es un alegato de inocencia. Refiere que las pruebas que ofreció el gobierno de López Obrador a Estados Unidos –que pidió el exprocurador William Barr al entonces secretario de Seguridad, Alfonso Durazo– fueron falsas –presuntos ingresos del crimen organizado, cuyos juicios en México contra la Fiscalía General ganó en octubre pasado– y que los criminales que lo imputaron los detuvo su equipo, los encarceló y fueron extraditados a Estados Unidos. Pero sobre todo, en dos momentos del escrito, hace señalamientos directos contra el Presidente.
El primero, al iniciar la carta, al afirmar que los fiscales le ofrecieron repetidamente un acuerdo para que se inculpara de los delitos por petición del gobierno mexicano, que quería “no imputar a delincuentes-narcotraficantes, (sino) imputar a personas e instituciones que en el corto plazo debilitaría el desarrollo, paz pública y vida institucional del país”, a cambio de su libertad en seis meses y recibir beneficios económicos. García Luna nunca aceptó el trato, como se reveló en este espacio el pasado 12 de marzo.
El segundo está en el primer párrafo de la tercera hoja de la carta, donde revela que “en los registros oficiales de México y Estados Unidos” existen los contactos, videos, audios, fotografías, registro de comunicación y gestión entre López Obrador y sus operadores del narcotráfico, uno de los cuales, que había testificado contra él, imputó al Presidente y a sus operadores de estar vinculados con ellos. García Luna no lo identificó, pero se trata de Jesús Reynaldo el Rey Zambada, que hizo esas acusaciones durante el juicio de Joaquín el Chapo Guzmán, y que De Castro intentó, sin éxito, incorporar en su defensa. El Rey es hermano del Mayo, y era el encargado de cuidar la plaza de la Ciudad de México cuando López Obrador era jefe de Gobierno.
El fraseo de este párrafo parece un guiño a los fiscales en Brooklyn y, en general, al gobierno de Estados Unidos, que en los últimos meses parece haber llegado a un hastío con López Obrador y ha comenzado a filtrar en la prensa de los dos países investigaciones en su contra por vínculos con el narcotráfico, que se cerraron por razones políticas. Es posible que una doble apuesta del exsecretario tenga que ver con la búsqueda de un acuerdo con ellos, pero no en los términos que habían planteado, porque él se sigue diciendo inocente y ha rechazado ser testigo protegido, sino en los suyos.
García Luna ha dejado ver los misiles que dice tener contra López Obrador. El exsecretario se formó en las áreas de inteligencia desde mediados de los 80, compartiendo durante muchos de ellos información sensible con las agencias estadounidenses. Como secretario de Seguridad Pública conoció los detalles de la captura del Rey Zambada y quiénes en el gobierno de López Obrador negociaron el acuerdo de protección al Cártel de Sinaloa. Como secretario de Seguridad, conoció el expediente que le dio la DEA al presidente Calderón sobre los vínculos de López Obrador con el narcotráfico, que nunca quiso utilizar para dañar a su adversario.
Lo que parece un guiño a los fiscales es una amenaza directa a López Obrador. ¿Cuántos videos, audios, fotografías e intercepciones telefónicas tendrá García Luna en sus manos contra el Presidente? ¿Cuántos de funcionarios en su gobierno? ¿O del próximo de Claudia Sheinbaum? Difícil saber lo que tiene su mina de información, probablemente hoy en día resguardada en Estados Unidos. Difícil también saber cuánta información adicional ha recopilado en el Centro de Detención Metropolitano de Brooklyn, en el que se encuentra, donde también están recluidos narcotraficantes de diversos cárteles mexicanos.
Lo que no puede desdeñarse o minimizarse es el potencial de fuego que tiene García Luna y la decisión de hablar, no después de la sentencia, sino antes, lo que subraya su decisión final de no quedarse callado, pase lo que pase con él.