Cuando menos durante 2025, Claudia Sheinbaum cobrará como Presidenta pero administrará el séptimo año de gobierno de Andrés Manuel López Obrador. No es probablemente lo que hubiera querido, pero es el compromiso que hizo con su predecesor, que la escogió, como se está viendo, porque era quien más tendría deudas con él y quien más difícilmente podría deslindarse de él. El presupuesto para el próximo año así lo subraya, aunque, habría que recordar, también será para cubrir los miles de millones de pesos que se inyectaron para que Sheinbaum ganara la elección presidencial.
El presupuesto que entregó la Secretaría de Hacienda al Congreso la semana pasada tiene muy poco de Sheinbaum y mucho de López Obrador. Tiene muy poco de la agenda de una izquierda, al sacrificar al sector salud, al que le quitó 34% de su presupuesto; al sector educativo, que le redujo 0.6%, y al medio ambiente, que le rebanó casi 40% de lo que tenía el año pasado, pero es bastante neoliberal, un modelo económico que repudia públicamente la Presidenta, al hacer más chico al gobierno, que es el mundo ideal de los Chicago Boys.
Claro, lo que estamos viendo en México no está pintado de blanco y negro. Así como hay este tufo neoliberal en el campo macroeconómico, también está lo opuesto cuando se ven los detalles. De ninguna manera abre la puerta a los mercados, sino todo lo contrario.
Refuerza las prioridades de López Obrador, inyectando miles de millones de pesos en programas sociales improductivos, que mantienen aceitada la maquinaria electoral de Morena, y prioriza obras de infraestructura, pero fundamentalmente para acabar –si es posible– sus megaproyectos, el Tren Maya y la refinería de Dos Bocas, así como también se dedican más de 70 mil millones al Aeropuerto Felipe Ángeles, un poco incomprensible porque se supone que la instalación aérea estaba totalmente terminada –no así la conectividad terrestre, que no le corresponde hacer al Ejército–.
Para satisfacer las necesidades de López Obrador, Sheinbaum ordenó un recorte parejo de 10% en la burocracia federal, que probablemente tendrá nuevos ajustes en las próximas semanas, porque se está considerando pedir a los gobiernos estatales bajar otro 5% del presupuesto asignado.
Reducir el tamaño y gasto del gobierno, bajando drásticamente el déficit fiscal, fue la condición del secretario de Hacienda, Rogelio Ramírez de la O, para no tirar la toalla hace unas semanas, porque como se venían perfilando las intenciones de Sheinbaum, para cumplirle a López Obrador sin un sacrificio de su gobierno, se lo esbozó, iría al despeñadero. El requisito central del secretario para mantenerse en el cargo fue bajar el déficit fiscal en 3% –de poco más de 6% en la actualidad–, que significaría una disminución de alrededor de 850 mil millones de pesos, que aceptó la Presidenta. No obstante, le echó a andar a sus leales, y al final quedó en 3.9%.
Ramírez de la O chocó con Luz Elena González, que fue secretaria de Administración y Finanzas en el gobierno de Sheinbaum en la Ciudad de México, y que fue nombrada como secretaria de Energía, mientras terminaba el periodo de un año que quería que durara en su cargo el secretario de Hacienda. Ambos discutieron los pormenores del recorte presupuestal, no en su totalidad –el gasto del gobierno es 2.6% más alto que en 2024, pero 3.6% menor en términos reales–, sino dónde se harían los ajustes. La revisión final con la Presidenta no la hizo con él, como correspondería, sino la subsecretaria Bertha Gómez, que había sido subalterna de González en el gobierno capitalino.
Gómez fue la responsable del error de los recortes presupuestales a la UNAM y a las instituciones de educación superior de unos 10 mil millones de pesos, que fue corregido por Sheinbaum durante su conferencia matutina hace seis días y obligó a que Hacienda, de manera insólita, diera a conocer un comunicado reconociendo la falla. Esta equivocación fue producto de haber marginado Sheinbaum a Ramírez de la O en la revisión final de los presupuestos, porque Gómez le mostró los porcentajes absolutos sin entrar en detalles.
Estos dos enfrentamientos de Ramírez de la O muestran la punta de los jaloneos en Palacio Nacional por el presupuesto. Uno, tan importante como el déficit fiscal, fue la estimación de crecimiento para el próximo año, donde, por presiones en Palacio para que lo ajustara al alza, Hacienda lo estimó entre 2 y 3%, que se contrapone a las previsiones de todos los bancos e instituciones financieras, que ajustaron a la baja el PIB, como el Banco Mundial (1.5%), Banamex (1.4%), el Fondo Monetario Internacional (1.3%) y, la más reciente, de la calificadora Moody’s (1.3%).
La predicción del crecimiento económico ha sido un punto muy criticado por los expertos, pero Ramírez de la O se ha visto obligado a defenderlo públicamente, argumentando que las estimaciones no tomaron en cuenta el dinamismo de la economía en el tercer trimestre de este año, ni contemplaron el crecimiento que generan los programas sociales (lo que es altamente discutible) estimulando el consumo (que provoca tendencias inflacionarias).
Ramírez de la O también tuvo que poner la cara para justificar el tipo de cambio, fijado en el presupuesto en 18.70 pesos por dólar, que está calculado, señaló, sin considerar las variables políticas que, sin embargo, parece un error porque son precisamente esos factores subjetivos los que deprecian al peso, como sucedió con una simple declaración de Donald Trump antes de ganar la elección al amenazar a México con elevar aranceles, que puso a bailar a la moneda mexicana, que cerró ayer en 20.31 unidades por dólar.
El presupuesto, construido políticamente como lo son todos, es una mezcla de manejo macroeconómico responsable –aunque algunas de las variables no están siendo creídas– y de satisfacción de las necesidades de López Obrador en su séptimo año de gobierno, porque esto es lo que está administrando Sheinbaum, fortaleciendo un Estado más centralizado, como lo soñaba su predecesor, y queriendo, a la vez, dejar satisfechos a los mercados mientras sigue comprando las lealtades de sus clientelas electorales.