Es muy extraño que el general Salvador Cienfuegos haya decidido involucrarse con el Cártel de los Hermanos Beltrán Leyva, cuando ya había perdido a sus principales dirigentes y había organizaciones criminales más poderosas, a la mitad de su gestión como secretario de la Defensa, como lo acusa el Departamento de Justicia de recibir sobornos a cambio de protección. Sin embargo, a diferencia de la acusación contra el exsecretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna, con el general aportaron miles de mensajes y grabaciones como evidencia, que sugiere un largo trabajo de inteligencia, contra las declaraciones de testigos protegidos en juicios anteriores, en el último caso.
Su captura , el jueves pasado, fue consecuencia de la acusación que le hizo un Gran Jurado en la Corte Federal de Nueva York, en Brooklyn, el 14 de agosto del año pasado, y esperaron a que viajara a Estados Unidos para detenerlo, ante el riesgo de fracaso si pedían a México su captura por el blindaje de la Secretaría de la Defensa, o su extradición, como sucedió con Ovidio Guzmán López, hijo de Joaquín El Chapo Guzmán. Aquel día se giró la orden de detención, y un mes después empezaron a circular rumores en Washington que venía un golpe contra él y generales mexicanos a quienes vinculaban con el narcotráfico.
Los rumores fueron transmitidos como tales por la embajadora de México en Estados Unidos, Martha Bárcena, al presidente Andrés Manuel López Obrador, hace poco más de dos semanas, sin tener mayor información. La investigación fue mantenida con total hermetismo del gobierno mexicano, al igual que su captura. López Obrador se enteró aproximadamente cinco horas después de la detención. Cuando se detuvo a García Luna en Dallas, el Departamento de Estado avisó a la embajada 10 minutos antes de realizarla; y cuando detuvieron en febrero a la hija de Nemesio Oseguera, El Mencho, en Washington, avisaron media hora antes.
La desconfianza de los órganos de inteligencia de Estados Unidos que arrastra el gobierno desde la administración de Enrique Peña Nieto por su falta de combate a los cárteles de la droga, quedó de manifiesto. Hace poco más de dos semanas estuvo en México el jefe interino de la DEA, Timothy Shea, para revisar la cooperación bilateral en materia de combate al narcotráfico, pero sobre todo, para presionar al gobierno de López Obrador por la pobre gestión en la erradicación de cultivos de droga, que se encuentran en el peor momento del siglo. Pero de la orden de captura girada 46 días antes, y la inminente detención de Cienfuegos, no dijo una palabra.
La acusación contra el general está llena de incógnitas. El Departamento de Justicia lo señala como protector del Cártel de los Hermanos Leyva para frenar acciones en su contra y, al mismo tiempo, perseguir militarmente a sus rivales, incluida la ubicación de transporte de cargamentos de droga marítimos, como lo hacen los cárteles de Sinaloa y Jalisco Nueva Generación, siendo esta una responsabilidad no del Ejército, sino de la Marina. En el interlineado de la acusación está la posibilidad de que subalternos en Lomas de Sotelo, así como comandantes de regiones y zonas militares en varios estados del pacífico, donde se da el trasiego de heroína y metanfetaminas que incluyen en la acusación, resulten involucrados en este caso.
Si las evidencias contra el general Cienfuegos resultaran ciertas –se probará en el juicio, si se da–, será doblemente extraño su actuar, porque mientras desde 2009 el Cártel de los Beltrán Leyva fue perdiendo fuerza y control tras el abatimiento de Arturo Beltrán Leyva, el Cártel de Sinaloa continuó mostrando su fortaleza –pese a la caída de Joaquín El Chapo Guzmán–, y el Jalisco Nueva Generación creció, se fortaleció y se convirtió en una de las organizaciones criminales más poderosas del mundo. ¿Por qué el secretario de la Defensa, en medio de su poderosa gestión, a menos de dos años del retiro, se relacionaría con un cártel en picada?
Nadie está en la cabeza del general Cienfuegos, ni se conocen sus conversaciones más íntimas con sus principales allegados para poder responder a esa pregunta, de ser verdad su relación con la organización de los Hermanos Leyva, o existen otras motivaciones. La acusación del Departamento de Justicia, sin embargo, abre todo un mapa de navegación para que sus fiscales se metan hasta el corazón de la Secretaría de la Defensa Nacional y volteen de cabeza todas las oficinas del alto mando de las Fuerzas Armadas.
Sólida o no la imputación contra el general Cienfuegos, es toda una estructura del Ejército la que va a ser puesta en el banquillo de los acusados en la Corte Federal de Brooklyn, porque como secretario de la Defensa, para haber cometido los delitos que se le imputan, tendrían que haber participado toda una cadena de mandos subordinados en estos presuntos actos criminales. Este proceso será el más importante en la historia de México en materia de narcotráfico, por el rango tan elevado y sin precedente del inculpado, y sobre todo por todo el entramado de vinculaciones y consecuencias que pueda traer el solo proceso.
En el caso de las Fuerzas Armadas, a diferencia de los civiles, no hay un antes y después en la existencia de la institución, como el presidente López Obrador ha sembrado en el imaginario colectivo la diada del pasado y el presente político y económico. Lo que mostró el Departamento de Justicia es un cáncer en el pilar que sostiene al Estado mexicano, que irá desvelando en el juicio abierto en Brooklyn. El desangramiento del Ejército será lento, pues un juicio tardaría varios meses en iniciarse, tiempo para que el Presidente y el secretario de la Defensa, Luis Cresencio Sandoval analicen el tamaño del monstruo que se les viene encima y la forma de enfrentarlo, para evitar que también los devore a ellos.
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