La historia, contada por el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, se resume así: la empresa Nunvav obtuvo entre el último año del gobierno de Felipe Calderón y los cinco primeros de Enrique Peña Nieto, nueve contratos por 390 millones de dólares, del cual hay un adeudo de 30 por ciento, porque la Secretaría de Hacienda asegura que no existe evidencia de los trabajos realizados. Y hay otra parte de esta historia, la política, que se materializó en una tarjeta informativa de Hacienda y la Presidencia, donde señalan que esa empresa es pieza clave en la triangulación de recursos, porque benefició a Genaro García Luna, secretario de Seguridad Pública en el gobierno de Calderón, sujeto a proceso en Nueva York por presuntos vínculos con el Cártel de Sinaloa.
López Obrador aderezó con picante político al mezclar contratos con fideicomisos y bordar en aspectos circunstanciales, para impulsar su agenda de lucha contra la corrupción. Está en su derecho y puede hacer de la propaganda y la demagogia su brazo estratégico para objetivos ulteriores. A veces, o muchas veces, sin embargo, actúa con ligereza legal y sin tener completamente clara y sólida la información. El tema de Nunvav parece uno de ellos, aunque en su descargo, la confusión emana de la investigación que sobre esa empresa inició el gobierno de Estados Unidos sobre los Weinberg antes, incluso, que detuviera a García Luna.
Nunvav se ha convertido en un eje de las acusaciones contra García Luna en ambos países, donde prácticamente señalan que es una empresa fachada que utilizó el exsecretario para enriquecerse y lavar dinero. Los fiscales estadounidenses tendrán que probarlo, pero en el gobierno mexicano están corriendo a mucho más velocidad que en Nueva York, sobreponiendo lo político a lo legal. Por lo mismo, los márgenes de riesgo en los que se encuentra López Obrador y su gobierno por adelantar vísperas, podría toparse con una sorpresa y encontrarse con el búmeran que lanzaron.
Los fiscales en Nueva York han ido entregando al juez en la Corte Federal, en Brooklyn, recortes periodísticos, para probar la relación de negocios entre los dueños de Nunvav y García Luna. Un método similar utilizó en México el jefe de la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda, Santiago Nieto, quien en mayo afirmó a la cadena de televisión Univisión, que García Luna había lavado más de 50 millones de dólares a través de una red de empresas de sus "asociados" Samuel Weinberg y su hijo Alexis Weinberg.
La investigación se originó como parte del seguimiento de la compra de una lujosa casa en Golden Beach, a aproximadamente media hora al norte de Miami, valorada en tres millones de dólares, donde la periodista que realizó el trabajo, Peniley Ramírez, a diferencia de otros colegas que siguieron el tema, aclaró que no había podido establecer, hasta ese momento cuando menos, que esa propiedad, a donde llegó García Luna a vivir temporalmente cuando se fue a Estados Unidos, fuera suya.
Los Weinberg son empresarios mexicanos, y junto con Nathan Wancier son los socios de Nunvav, y tienen la representación del gobierno de Israel para la venta de tecnología en materia de seguridad. Han trabajado con el gobierno de México desde 1989, cuando el entonces subsecretario de Ingresos, Francisco Gil Díaz, les compró tecnología para el Cisen y Aduanas. Muy vinculados al sector hacendario por sus equipos con tecnología de punta, también recibieron contratos en el Sistema de Administración Tributaria, cuando el jefe del SAT era Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, actualmente ministro de la Suprema Corte de Justicia.
Hasta donde ha sido posible saber, García Luna sí tiene relación cercana con los Weinberg, e incluso prestó sus servicios en América Latina a su empresa, al terminar el sexenio de Calderón. El presidente López Obrador los ha pintado como un mismo ente, como esta semana, cuando así lo contextualizó en uno de los contratos de Nunvav, y que el secretario de Gobernación del gobierno de Peña Nieto, Miguel Ángel Osorio Chong, que tenía animadversión contra García Luna, no terminó de pagar.
López Obrador anunció que están investigando los contratos de Nunvav señalados por la Secretaría de Hacienda, cuya adjudicación abarca prácticamente todo el sexenio de Peña Nieto. La investigación podría arrojar datos interesantes e inesperados, probablemente incluso para el propio Presidente, porque tocan una de las venas que alimentan el corazón de su autollamada transformación.
Samuel Weinberg está casado con la señora Silvia, quien a su vez es prima hermana de Julia Abdala, la pareja por más de 20 años de Manuel Bartlett, el director de la Comisión Federal de Electricidad. Los Weinberg tienen otra empresa en México, ICIT Private Security México, que tenía oficinas corporativas en un edificio en Polanco, propiedad de la esposa de Weinberg, que se lo había comprado a su prima Julia. La relación entre las parejas Weinberg y Bartlett-Abdala era tan cercana, que en la boda de Alexis compartieron una de las principales mesas, irónicamente, con García Luna.
Ninguna relación familiar implica delito alguno, pero en el desbordamiento que suele hacer López Obrador de todos los casos para politizarlos, son como un conejo perverso en la chistera. Hacienda tendrá que terminar su investigación y determinar si la irregularidad en una o más obras durante el sexenio de Peña Nieto, se puedan resolver con Nunvav, administrativa o penalmente. Pero será la Unidad de Inteligencia Financiera la que deberá probar que los Weinberg y García Luna actuaron de manera ilegal para enriquecer al exsecretario a cambio de favores contractuales. La otra es navegar pasivamente en espera que los fiscales en Estados Unidos le resuelvan la investigación.
En cualquier caso, como dice López Obrador, hay que esperar a que concluyan las investigaciones y los juicios. Debe decirlo más alto, para que se escuche a sí mismo.
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