Arturo Zaldívar, que hace un año declaró que los dos grandes poderes que enfrentaba la Corte y el Poder Judicial era el nepotismo y los focos de corrupción, fue una pieza instrumental del gobierno para deshacerse el año pasado de Eduardo Medina Mora, quien envuelto en un escándalo de corrupción, fue forzado a renunciar de la Corte, sin que Zaldívar lo defendiera. Ahora, la mirada del ministro Arturo Zaldívar, presidente de la Suprema Corte de Justicia, ha estado sobre un colega, el ministro Luis María Aguilar, que tiene una larga carrera en el Poder Judicial, a quien ha solicitado a las autoridades federales que lo investiguen.

La denuncia de corrupción en el Poder Judicial que hizo Zaldívar –quien es muy cercano a Palacio Nacional– hace un año, tiene fondo. Una exministra, en uno de los casos más extremos de abuso, llegó a tener a 11 personas que trabajaban en su servicio doméstico, en la nómina de la Suprema Corte. Otros han aprovechado su cargo para promover a familiares dentro del Poder Judicial. Y un número de miembros jueces y magistrados se han visto envueltos en temas de corrupción, que es lo que quiere eliminar el presidente de la Corte.

Sus ojos están volcados en una limpia en el Consejo de la Judicatura y en el ministro Aguilar, por lo que Zaldívar fue recogiendo elementos de presunta corrupción de su colega y los puso a disposición de las autoridades, para solicitarles que determinen sus responsabilidades. Las pesquisas están dentro de la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda, y se está elaborando la red con las presuntas irregularidades e ilegalidades del ministro.

Las propiedades y las cuentas bancarias del ministro Aguilar están siendo revisadas, pero dentro de la red de vínculos, que es un método siempre utilizado en las investigaciones, aparece de manera prominente y amplia Francisco Javier Pérez Maqueda, a quien el Consejo de la Judicatura Federal inhabilitó por 20 años, en agosto pasado, tras una investigación iniciada cuando le encontraron en la cajuela de su automóvil en 2017, 3.49 millones de pesos. El Consejo, que confirmó la decisión de su Comisión de Disciplina, en agosto de 2019, señaló que el hoy exdirector del Consejo de Muebles y Mantenimiento había recibido dinero que no correspondía a sus prestaciones.

Pérez Maqueda dijo desde el momento en que lo sancionó la Comisión de Disciplina, que ese dinero fue "sembrado", pero nunca se supo más de las investigaciones judiciales. Las sospechas que se han manejado dentro de la Corte sobre este caso es que Pérez Maqueda pudo haber obtenido ese dinero como comisión por la construcción de 39 penales. Sin embargo, la Unidad de Inteligencia Financiera no tiene abierta una averiguación sobre el total de los penales, sino exclusivamente sobre uno en el centro-sur del país.

El exfuncionario del Consejo de la Judicatura es muy cercano al ministro Aguilar, quien lo nombró en ese cargo al asumir la presidencia de la Suprema Corte de Justicia, pese a sus antecedentes. En 1997 fue inhabilitado por cinco años, por causas aún desconocidas, pero en 1998 se revocó la destitución por la prescripción de los delitos. A finales del gobierno de Felipe Calderón se le acusó de asignación discrecional de contratos en materia informática, por lo que fue inhabilitado durante tres meses, sin imputarle responsabilidad penal o administrativa. Entre las alertas que le hicieron llegar a la Unidad de Inteligencia Financiera se encuentra una, precisamente, vinculada con una adjudicación directa que le hizo la Corte a Cisco por 140 millones de dólares. Hay otra adjudicación directa bajo sospecha, otorgada a Telmex en vísperas de que terminara su gestión como presidente de la Corte, por dos mil 400 millones de pesos, por el servicio de red privada virtual.

En la investigación que tiene la Unidad de Inteligencia Financiera, no se ha encontrado, al menos todavía, una relación directa entre el ministro Aguilar y Pérez Maqueda. Sin embargo, se les vinculó a través de un tercero, que tiene acceso a una de las cuentas de Aguilar para hacer depósitos o retiros, que figura como representante legal de una empresa a la que estuvo vinculado en el pasado Pérez Maqueda, y que durante su paso como funcionario del Consejo de la Judicatura, le asignó contratos.

La pesquisa está lejos de estar concluida, de acuerdo con funcionarios federales, y se siguen abriendo líneas de investigación que se desprenden de los datos y los nombres que están apareciendo. Las quejas del ministro Zaldívar no han parado en contra de Aguilar.

Entre las imputaciones que se le han hecho en la Corte es que durante su presidencia, de enero de 2015 a enero de 2019, la corrupción en el Poder Judicial se incrementó de una manera notable. Esto no es una acusación formal, porque no hay pruebas que lo relacionen al fenómeno, pero construye la idea en las autoridades de que algo muy podrido sucedió durante ese periodo.

El ministro Aguilar llegó a la Suprema Corte en 2009, y su mandato terminará en 2024. Es decir, tendrá muchos años que enfrentará los embates de Zaldívar y su consecuencia directas, las investigaciones federales que buscarán si incurrió en actos de corrupción.

Nota: El viernes pasado se publicó en esta columna extorsiones en contra de empresarios a nombre del jefe de la Oficina de la Presidencia, Alfonso Romo, que utilizaban información confidencial sobre ellos que sólo podrían tener el SAT y la Unidad de Inteligencia Financiera. El texto decía que no se sabía el resultado de las investigaciones sobre estos crímenes. Funcionarios federales informaron que ya existe una investigación conjunta con el Centro Nacional de Inteligencia y la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, que ha producido el encarcelamiento de un extorsionador y el congelamiento de tres cuentas vinculadas al delito.