De manera inesperada, el proceso del general Salvador Cienfuegos en la Corte Federal de Brooklyn tomó un giro inesperado en la víspera; como estaba programado, el exsecretario de la Defensa tuvo este martes una nueva audiencia ante la jueza Carol Bagley Amon. El Departamento de Justicia informó a la Corte que se desistía de las acusaciones contra el militar, y que dejaría que la Fiscalía General, que abrió una investigación en México, realizara sus pesquisas por sus presuntos vínculos con el cártel de los hermanos Beltrán Leyva y, si así fuera el caso, lo procesara. El general Cienfuegos viajará en breve a México, escoltado por alguaciles estadounidenses, donde encontrará la libertad, ahora y para siempre.
El gran golpe diplomático mexicano fue alcanzado por la insistente gestión del canciller Marcelo Ebrard, ante el procurador general estadounidense William Barr, al entender lo que estaba sucediendo hacia el interior de las Fuerzas Armadas y el conflicto que estaba creciendo con el gobierno civil. Desde un principio, el espíritu de cuerpo en la Secretaría de la Defensa salió a arropar al general Cienfuegos, y ante la presión interna que generales en activo y retirados hicieron sobre el secretario, el general Luis Cresencio Sandoval le pidió al presidente Andrés Manuel López Obrador actuar en forma fuerte a favor del Ejército. El generan Sandoval tenía en ciernes una rebelión de los altos mandos del Ejército, que a su vez expresaban su molestia con el Presidente por lo que consideraban agresiones sistemáticas en su contra.
López Obrador, que había aceptado sin chistar la detención del general Cienfuegos, justificando incluso el derecho estadounidense de hacerlo sin informarles, escuchó los argumentos del general Sandoval, quien explicó, según funcionarios mexicanos, que más allá si el general Cienfuegos era culpable o no, la acción estadounidense era un insulto a la institución y, sobre todo, una violación de la soberanía.
El Presidente entendió el mensaje e instruyó a Ebrard a enviar una nota de protesta al Departamento de Estado, pidiendo explicaciones de la detención sin haberles notificado. Tras la nota, dijeron funcionarios mexicanos, habló varias veces con Barr –con quien también habló el fiscal Alejandro Gertz Manero– y le comunicó que México estaba considerando medidas en represalia sobre la cooperación bilateral en materia de seguridad, porque habían "destrozado el principio básico de toda cooperación, que es la confianza".
El Departamento de Justicia cedió, y notificó a la jueza Amon que retiraba todos los cargos por importantes "consideraciones sensibles y de política exterior que rebasaban el interés en seguir el proceso contra el acusado". La decisión en Washington, sin embargo, no significa que hayan dejado de pensar que el general sea culpable. En la petición a la jueza, el fiscal adjunto Seth DuCharme, y el jefe de la Sección de Narcotráfico Internacional y Lavado de Dinero del Departamento de Justicia, Allen Bode, afirmaron que la evidencia acumulada "es fuerte, y el acusado fue investigado, acusado y procesado, de manera consistente con los principios" federales. Es decir, para el gobierno del presidente Donald Trump, el general Cienfuegos sí trabajó para el cártel de los Beltrán Leyva y sí recibió sobornos a cambio de protección de otros cárteles de la droga durante una década.
Un Gran Jurado en Brooklyn lo encontró culpable el 14 de agosto del año pasado por delitos relacionados con narcotráfico y lavado de dinero, pero mantuvieron a oscuras al gobierno mexicano hasta el día en que lo detuvieron, el 15 de octubre, en Los Ángeles. La razón por la cual no informaron al gobierno mexicano, dijeron funcionarios estadounidenses, era porque si lo comunicaban, temían que el Ejército lo arropara, y que si se pedía su extradición, moriría en el burocratismo deliberado. Es decir, el temor era la impunidad. Ayer decidieron que el costo de procesarlo era mayor que el beneficio, y los intereses estratégicos de largo plazo fueron más importantes que los coyunturales.
Sin embargo, esto no puede, ni debe, considerarse como una victoria del gobierno mexicano, porque siguen en su poder "miles de mensajes" interceptados por la DEA en donde presuntamente se confirma la relación de militares y altos funcionarios del gobierno con el narcotráfico. Entre lo que tienen está la prueba reina para el Departamento de Justicia, una grabación del general Cienfuegos con quien era el jefe del cártel de los Beltrán Leyva, Juan Francisco Patrón Sánchez, apodado El H-2.
El regreso del general Cienfuegos, que podría ser autorizado hoy mismo por la jueza Amon, le ayuda por un tiempo, al menos, al Ejército Mexicano, que presionando al presidente López Obrador obtuvo que las Fuerzas Armadas no fueran sentadas en el banquillo de los acusados en Brooklyn. El exsecretario no era el único militar bajo proceso, aunque él fuera el único detenido por ahora, sino que había otro número nunca determinado de militares que también iban a ser exhibidos como presuntos colaboradores del narcotráfico. Bajo la lógica de la investigación del Departamento de Justicia, toda una cadena de mandos en la costa del Pacífico, de Guerrero a Nayarit, estaban involucrados con los cárteles de la droga.
La decisión del Departamento de Justicia provocó una enorme sorpresa por lo inusual, sino hasta insólito de la moción, que incluyó el que las autoridades estadounidenses no exigieran una garantía de que el general Cienfuegos sería procesado. El canciller Ebrard dijo que retomará la Fiscalía la investigación iniciada en Estados Unidos, pero ni en Washington ni en la Ciudad de México cabría la ingenuidad de que eso sucederá. ¿Qué pudo ser tan importante para el Departamento de Justicia para que el principal caso de narcotráfico en la historia de su lucha contra los cárteles y la corrupción en México fuera sobreseído? Fue la estabilidad y la gobernabilidad en México. La molestia era tanta en la Secretaría de la Defensa, que la tensión y la inconformidad con López Obrador iba creciendo. Había que pararlo. Y el gobierno de Donald Trump entró al rescate.
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