Tantas veces ha dicho el presidente Andrés Manuel López Obrador que el espionaje político ya no existe, que hay muchos que se la creen. Pero al fin y al cabo ese es un discurso político que ha mantenido mientras que ha ido reacomodando lo que antes veía como una amenaza, y ahora lo ve como un activo.
López Obrador confunde información de inteligencia, que es un proceso de recolección de información que permite determinar si hay amenazas a un país a fin de tomar decisiones, y espionaje, que si bien se nutre de la inteligencia, cambia su finalidad al usarse políticamente para chantajear, lastimar o desacreditar a quienes representen una molestia para algún funcionario de cualquier gobierno. En el primero se vigila la seguridad nacional; el segundo se emplea en ajustes de cuentas.
López Obrador fue sujeto de ese tipo de trabajo de inteligencia desde sus tiempos de líder en Tabasco, por parte del viejo Cisen, transformado en el Centro Nacional de Inteligencia (CNI), donde se responsabilizó el hoy general Luis Rodríguez Bucio, jefe de la Guardia Nacional, del seguimiento del entonces líder social. Rodríguez Bucio era el enlace del Ejército en el GAT, un grupo contraterrorista que se formó en el contexto del alzamiento del EZLN en Chiapas. Nunca se utilizó la información de López Obrador para desacreditarlo, aunque los gobiernos tenían claro de dónde obtenía financiamiento. Incluso, el presidente Enrique Peña Nieto se negó a filtrar parte del expediente del entonces candidato presidencial, en la campaña de 2018.
Lo que sucesivos gobiernos concluyeron, se puede inferir, es que López Obrador no representaba un riesgo para la seguridad nacional, y tampoco cruzaron la raya para usar la información y encasillarla como espionaje político. Al llegar a la Presidencia, López Obrador fue persuadido por su amigo, el general retirado Audomaro Martínez, quien encabeza el CNI, de no desaparecer el servicio de inteligencia civil, al ver la utilidad que podía tener toda la estructura de recopilación de información. Recientemente, nos enteramos públicamente de uno de sus productos.
López Obrador ordenó al gabinete de seguridad investigar de dónde salía el financiamiento para la movilización de agricultores en la presa de La Boquilla, en Chihuahua, y la Secretaría de Seguridad Pública le proporcionó una red de vínculos con políticos, que el mismo Presidente reveló en una mañanera. Esa red de vínculos no demostraba ilegalidad alguna, pero fue utilizada políticamente, no en el marco de la seguridad nacional –cuyas acciones defensivas no se ventilan públicamente–, sino para un ajuste de cuentas porque estaba indignado por la protesta.
El trabajo de investigación sobre los productores en Chihuahua no ha terminado. López Obrador le pidió al CNI que investigue si existe financiamiento de Estados Unidos para el movimiento. En particular, el Presidente tiene entre ojos a los nogaleros –también lo ha deslizado en una mañanera. Aún no hay resultados sobre si los nogaleros están recibiendo apoyo financiero de Estados Unidos, lo cual sería raro porque son los agricultores texanos quienes se están quejando con su gobierno de que México incumplió con la cuota de agua, pero la Secretaría de Seguridad volvió a la escena con otra red de vínculos que no prueban nada ilegal, por lo menos hasta ahora. Según su informe, quienes acaparan la explotación del agua en ese estado son las familias Urionabarrenecha y Porras Muñiz. A la primera la vinculan con el exgobernador César Duarte, que pelea desde Estados Unidos la extradición a México, y a la segunda con el diputado local del PAN, Jesús Valenciano.
El Presidente pidió recientemente al gabinete de seguridad toda la información sobre el financiamiento de Frenaaa, el Frente Nacional Anti-AMLO, que nació durante la pandemia y ha ido creciendo en respaldos. A López Obrador lo descompone todo acto de protesta o crítica contra él, lo que es evidente, pero en el caso de Frenaaa ha rebasado su malestar. Quiere saber de dónde viene el dinero para ese movimiento que encabeza Gilberto Lozano, un empresario regiomontano que emplea un lenguaje incendiario característico de la extrema derecha, y si hay empresarios de Monterrey que apoyan al movimiento social.
En eso está el gabinete de seguridad, y muy probablemente, porque esa es la marca de la casa, en el momento que tenga algo para agarrarse, políticamente porque quizás tampoco financiar a un movimiento sea ilegal, lo dará a conocer en la mañanera. Si uno se aventura a que volverá a cruzar la línea de la inteligencia con el espionaje político, es porque ha sido una constante por sus arrebatos. La orden de congelar las cuentas del municipio de Delicias, porque formaban parte de la protesta por el agua en Chihuahua, fue un ejemplo de cómo el Presidente abusa de los recursos del Ejecutivo.
La Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda es la cabeza de playa del Presidente en este nuevo gusto por el espionaje político. Dos ejemplos: el primero es que algunos miembros del área de inteligencia de la Marina recibieron órdenes de suspender el trabajo contra cárteles de la droga, y enfocarse a investigar las finanzas de los empresarios, para que esa información sea utilizada por el SAT y eventualmente por Nieto. El segundo es que el software Pegasus se sigue utilizando. Pegasus alcanzó notoriedad durante el gobierno de Peña Nieto, al ampliar su función original para combatir el crimen y los secuestros, a recolectar información de activistas y periodistas –que nunca se manejó públicamente.
El manejo de la información de inteligencia como arma política es una distorsión ominosa en un Estado. Pero hablar de ello es inútil si dentro de un gobierno, como el de López Obrador, no existe la conciencia de lo que se está haciendo, y en lugar de frenar los abusos del poder, son cómplices. Frente a eso, no hay defensa ni derecho alguno.
Consulta más columnas en nuestra versión impresa, la cual puedes desplegar dando clic aquí