El primero de septiembre el presidente Andrés Manuel López Obrador incumplió su promesa de amnistía para procesados y sentenciados por delitos relacionados con el narcotráfico. Iba a ser presentada en el Congreso como una iniciativa preferente para que fuera discutida y con seguridad, dada la mayoría de su partido, aprobada en un mes. Ya nadie ha dicho nada de tan polémica propuesta, lo que era un retorno a la sensatez. Sin embargo, en los hechos, tampoco parece necesaria.
El crimen organizado se mueve impune por el país, disputando territorios con sus adversarios, movilizando comunidades para vejar a militares y policías federales, y generando con esas imágenes la sensación de ingobernabilidad. Desde febrero, cuando el presidente anunció en Palacio Nacional "el fin de la guerra contra las drogas", las condiciones han cambiado para los cárteles. Sus líderes tienen extendida una especie de salvoconducto con la afirmación de López Obrador que "no se han detenido a capos porque no es nuestra función principal", con lo que sus márgenes de operación deben haberse ampliado sustancialmente.
Las frases no ayudan al Presidente. Si su intención era despresurizar a una sociedad en zozobra por la violencia, el discurso quedó rebasado. Si el propósito es minimizar el fenómeno, la incidencia delictiva lo ha derrotado. Pero López Obrador no ceja. El fin de semana en una gira por Tamaulipas, donde días antes las gasolineras se negaron a reabastecer de combustible a los soldados y policías federales por amenazas del crimen organizado, López Obrador envió un mensaje a los criminales para que se desistieran de ello.
"Amenazaron a este grupo de gasolineros de que no vendieran al Ejército y la policía, están mal, así no es la cosa", les dijo el Presidente. "Yo los llamo a que recapaciten, que piensen en ellos, pero sobre todo en sus familias, en sus mamás, en sus mamacitas".
La dulzura con la que les habla y la ausencia de una estrategia para combatir integralmente al crimen organizado, los empodera. En su gira tamaulipeca lo estaban esperando con pancartas de bienvenida miembros de la "Columna Cívica general Pedro José Méndez", una escisión de la "Columna Armada Pedro J. Méndez", vinculada al Cártel del Golfo, con quien su gobierno había tenido contactos. La ruta cambió para que no se topara con ellos, pero el comité de recepción habla por sí mismo del ánimo hacia el Presidente por parte de esos grupos. En la campaña presidencial fue detenido en un retén de narcotraficantes, y dejado pasar sin mayor problema al identificarse.
¿Quiere decir que hay un pacto del gobierno con el crimen organizado? Hasta donde se conoce, no hay tal. Pero la política de dejarlos pasar y dejarlos hacer, construye una relación funcional para los criminales. El propio Presidente, en un uso caprichoso de conceptos para justificar la no acción contra ellos, ha dicho que el Ejército no será utilizado para "reprimir" criminales. A quien delinque se le aplica la ley, y si es necesario, por la fuerza. Eso no es reprimir, sino cumplir con la obligación de un gobierno. No aplicar la ley contra un criminal es incumplir con la ley y la responsabilidad de una autoridad.
Esta actitud pasiva, tolerante y por omisión, cómplice, ya ha sido notada. El nuevo embajador de Estados Unidos en México ha recibido informes donde le mencionan esta política del gobierno de López Obrador, que afectan o pueden afectar intereses económicos de ese país en México. Los jefes de la DEA y el FBI han visitado al secretario de Seguridad, Alfonso Durazo, en sus oficinas en México para discutir estos temas, que han sido mantenidas en secreto por el gobierno. El secretario de Estado Mike Pompeo, ha discutido ampliamente con el canciller Marcelo Ebrard sobre el trasiego de drogas por México a Estados Unidos. La presión, por lo pronto, a nivel de insistencia en las conversaciones, está creciendo.
El gobierno de Estados Unidos ha donado equipo a la Policía Federal y a las Fuerzas Armadas, y les ha dado entrenamiento para interceptar cargamentos de droga y erradicación de cultivos de amapola, sin que las estadísticas muestren un cambio en la tendencia. Desde mayo, el presidente Donald Trump se ha referido en cuando menos dos veces al tema del narcotráfico y su poder en México. A López Obrador se le van a seguir enredando los temas con la Casa Blanca si no hay ajustes en sus políticas y, de inmediato, en sus discursos.
La lógica de López Obrador, según personas que han estado en sus discusiones, es que si no combaten a los cárteles la violencia se reducirá –como se ha señalado varias veces en este espacio, esa fue la estrategia en el inicio del gobierno de Enrique Peña Nieto y fue un rotundo fracaso–, y que la droga que ellos lleven a los consumidores de Estados Unidos, no es problema de México, sino de Trump. Esta racional es simplista y las cosas no funcionan de esa manera. El problema es bilateral, aunque por la asimetría entre los dos países, la carga del combate al narcotráfico siempre recae en México. El consumo no es único de Estados Unidos, y desde 1996, al pagar en especie los cárteles colombianos el trasiego, existe un mercado interno.
Cerrar los ojos a la actividad de los cárteles o voltear a ver a otro lado mientras producen, comercializan, distribuyen y transportan su droga, es un error. Querer evangelizar a los criminales es un acto cristiano, pero no de gobierno. Su actitud los empodera y su estrategia les irá regalando territorio y control. Si su intención no es cogobernar con los cárteles de la droga, cuidado, porque eso es lo que está construyendo.