La Fiscalía General de la República es tan autónoma, tan independiente, que hasta a los de casa muerde. El fiscal general, Alejandro Gertz Manero, da muestras inequívocas de su poder y lleva algunas cosas hasta lo inverosímil. De esta manera, se le fue encima a la Secretaría de Hacienda y quiere llevar a la cárcel a dos funcionarios y dos exfuncionarios del Instituto de Administración de Avalúos Nacionales (INDAABIN), porque se negaron a entregar, sin sustento legal, seis inmuebles que la vieja Procuraduría General de la República puso a su disposición tras los sismos de septiembre de 2017, porque no estaban en condiciones de seguir siendo utilizados y por el riesgo que significaba para cientos de personas.
Gertz Manero quiso forzar las cosas mediante el amedrentamiento que, para algunos, puede convertirse fácilmente en terror ante la posibilidad de ir a la cárcel. Cuando el INDAABIN, el acrónimo del Instituto, se negó a restituir por la fuerza y al margen de la ley los inmuebles, la Fiscalía General inició de oficio la carpeta de investigación FED/SEIDF/UNAI-CDMX/0000397/2019, y giró citatorios a cuatro personas para entrevistarlos en calidad de testigos –una categoría donde no pueden dejar de ir a comparecer porque entonces violarían la ley–, y quería imputar a dos altos funcionarios del instituto el quebrantar los artículos 214 fracción IIII y el 217, fracción I del Código Penal Federal.
El primero se refiere a que conociendo por razón de su empleo que pueden resultar gravemente afectados el patrimonio o los intereses de alguna dependencia o entidad de la administración pública federal, por cualquier acto u omisión no informe por escrito a su superior jerárquico o lo evite si está dentro de sus facultades. El segundo, al servidor público que ilícitamente otorgue, realice o contrate obras públicas, adquisiciones, arrendamientos, enajenaciones de bienes o servicios, con recursos públicos.
A quienes tiene en el umbral de la imputación es al director general de Administración del Patrimonio Inmobiliario Federal, Alan Daniel Cruz Porchini, y al expresidente del INDAABIN, Julio César Guerrero Marín. Los dos fueron citados a comparecer el jueves pasado –aunque se suspendió la audiencia–, junto con Luis Gregorio Ojinaga de la Luz, director de Gestión de y Uso de Inmuebles, y a Angélica Vargas Béjar, en ese entonces subdirectora de Evaluación y Usos Alternos del instituto. De la lectura de la documentación del caso, se puede argumentar el uso abusivo de la autonomía del fiscal, al grado de que pueda criminalizar a funcionarios porque cumplieron con la ley.
Todo comenzó el 1 de febrero de 2018, cuando la extinta PGR puso a disposición del INDAABIN de manera voluntaria seis inmuebles porque no podían seguir siendo utilizados, luego que los dictámenes estructurales realizados tras los sismos de septiembre de 2017 establecieron que no podrían seguir ocupados y sugerían su desalojo. Entre estos se encontraban los edificios principales sobre Paseo de la Reforma, otro más donde estaban áreas sensibles de investigación e inteligencia, y tres adicionales, todos ellos en la alcaldía Cuauhtémoc. La puesta a disposición y la entrega recepción de los inmuebles se hicieron conforme a la Ley General de Bienes Nacionales. La entrega física de los inmuebles se concluyó en octubre y noviembre del año pasado.
La extinta PGR propuso su venta y que los recursos se le etiquetaran, pero al no tener facultades sobre ese tipo de decisiones, no procedió. Entonces, en acatamiento de las normas, el INDAABIN notificó a todas las instituciones del gobierno federal sobre los inmuebles para conocer si había interés en alguna de ellas para que le fueran transferidos. Al no existir interés alguno, conforme a la norma de que en ese caso dictaminara el mejor uso y aprovechamiento de los inmuebles, concesionó cuatro de ellos a privados que invertirían en ellos y los rehabilitarían, sin que dejaran de ser patrimonio federal.
En marzo comenzaron los problemas. Francisco Sáenz de Cámara, coordinador de Planeación y Administración de la Fiscalía, le pidió a la Oficialía Mayor de Hacienda que se le restituyeran los inmuebles y solicitó al INDAABIN que evaluara la solicitud. El 15 de abril, la oficial mayor de Hacienda, Raquel Buenrostro, le envió a Sáenz de Cámara la respuesta del INDAABIN, donde detallaba los resultados de los dictámenes estructurales, las recomendaciones de desalojo y los procesos de concesión, por lo que concluían que "no resulta procedente atender de manera favorable la solicitud".
La respuesta de la Fiscalía por no enajenarles los inmuebles fue ir tras los que consideraba responsables. Gertz Manero no actuó en contra de Buenrostro o del presidente del INDAABIN, Luis Mariano Cortés, sino contra su antecesor y contra funcionarios de segundo nivel del gobierno actual, y omitió incluir en la carpeta de investigación las respuestas de Buenrostro y de Cortés a la Fiscalía, con lo cual el Ministerio Público Federal obtuvo información parcial, donde se puede argumentar manipulación de la justicia.
La audiencia original para los testigos y los imputados fue diferida para el 1 de agosto, porque el juez consideró que la Fiscalía General incumplió el Código Nacional de Procedimientos Penales al no proporcionar en tiempo copias de la carpeta de investigación a los imputados, con lo cual no podían armar una defensa adecuada. Se desconocen las razones por las que el miércoles pasado se dio un nuevo aplazamiento de la audiencia.
La actitud de Gertz Manero recupera sus batallas intramuros en el gobierno de Vicente Fox, por lo cual abrir fuego amigo contra Hacienda no es algo insólito en él. Hace unos 15 años ganó en primera instancia su pleito, pero después lo perdió. Aquello debería haber sido una lección para recular hoy en su pretensión y buscar una forma no arbitraria de salirse con la suya.